“La única producción académica deslegitima el juicio”

Palazzani Foto: MPFEn una de sus intervenciones durante el alegato de la Fiscalía en el juicio Armada Argentina – BNPB, Miguel Palazzani subrayó que desde 2011 el tribunal funciona en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur –“que ha sido especialmente castigada y atacada”- para repudiar que “la única producción académica” haya sido “un libro de 500 páginas que deslegitima este juicio”.

Calificó al proceso como “único en el país” porque “muestra el funcionamiento completo del terrorismo de Estado” mediante la acusación a marinos, miembros del Ejército, prefectos, policías y penitenciarios. Además, sostuvo que excederá Bahía Blanca para reflejar “el enorme daño” del genocidio en Punta Alta, ciudad que tiene a la Armada como “característica fundamental” desde lo “territorial” hasta “su espectro social y cultural”.

“Profesores del Departamento de Derecho de la universidad producen académicamente un libro que leen los estudiantes, deslegitimando estos juicios. Aparece de una importancia enorme y de una responsabilidad quizás fundante que además podamos -ustedes pueden porque lo vienen haciendo desde la causa 982- hacer docencia con este tipo de sentencias”, pidió a los jueces.

“La receptación de los delitos de lesa humanidad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Argentina” es el nombre del libro dirigido por el defensor oficial ante el Tribunal Oral, José Ignacio Pazos Crocitto, como resultado de un proyecto de investigación aprobado el día después de la histórica sentencia difundida el 12 de septiembre de 2012.

Fue editado por EdiUNS Serie Extensión-Colección Derecho en 2014, mientras la corporación judicial resistía la investigación sobre las responsabilidades del dueño de La Nueva Provincia, Vicente Massot, lxs ex secretarixs del juzgado federal y docentes de la UNS Hugo Sierra y Gloria Girotti y el capellán Aldo Vara, escondido por la Iglesia Católica en Paraguay hasta su muerte.

Entre la plantilla de colaboradorxs se menciona al abogado José Luis Centurión, al juez Guillermo López Camelo, la jueza María Elena Baquedano, la fiscala Claudia Lorenzo y su jefe Juan Pablo Fernández, el renunciado justificador de pedófilos Horacio Daniel Piombo y, como asesor, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, ex PCI imputado en la causa Triple A: Néstor Luis Montezanti.

El texto plantea la inconstitucionalidad de los procesos por crímenes de lesa humanidad en base a los mismos argumentos que plantean los represores y sus defensas en los debates orales, por ejemplo, califican al genocidio como un “conflicto interno”.

Palazzani alegó que “en ese marco tenemos miembros de la Prefectura aquí acusados, miembros de todos los estamentos de la Armada pero también miembros del V Cuerpo de Ejército. Me estoy refiriendo a González Chipont de la Agrupación Tropa; miembros de la Sección Baqueanos que vinieron de Neuquén, guardias de La Escuelita, desde los más bajos rangos hasta los más altos de la fuerzas”.

“Tenemos a jefes y subalternos del Batallón de Comunicaciones 181, Stricker, Otero, Lawless. Y tenemos un tema que no es menor, a una persona que revistó en el Destacamento de Inteligencia 181, vamos a ver qué función cumplió como cabecera de la comunidad informativa al momento de abordar esa responsabilidad, en momentos en que este Ministerio Público está imputando a ex Personal Civil de Inteligencia que tal vez precisamente integra y es factótum de la producción académica que le estaba mencionando al comienzo de mi intervención”, agregó.

Montezanti fue citado a declaración indagatoria el próximo 27 de agosto por el juez federal Alejo Ramos Padilla en el marco de la causa Triple A. La investigación ya tiene cinco detenidos, entre ellos, Héctor Oscar Chisu quien junto al fallecido Miguel Ángel Chisu, fueron reciclados en dictadura como “los hermanos Chávez” para operar como civiles del Destacamento 181 al cual ingresaría a finales de la dictadura el propio camarista. Este miércoles el Consejo Superior de la UNS aprobaría un juicio académico en su contra y su suspensión preventiva y, para la semana próxima, el Consejo de la Magistratura espera su descargo ante un pedido de juicio político.

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