Palazzani, Nebbia y Cantaro fiscales en Subzona 14

subzona 14(El Diario de La Pampa) El pampeano Miguel Ángel Palazzani, José Nebbia y Alejandro Cantaro fueron designados fiscales del juicio denominado “Subzona 14 II”. La designación fue realizada por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

En la causa hay 236 víctimas. Son testimonios que no se incluyeron en el primer juicio contra los represores pampeanos, que se llevó a cabo en la segunda mitad del año 2010. Esta vez quedaron afuera los casos que investigan delitos sexuales, que quedarían para un tercer debate sobre el terrorismo de Estado en la provincia.

Palazzani actuó como querellante en el primer juicio de la Subzona 14 patrocinando a una la víctima María Raquel Barabaschi. En la actualidad, interviene junto a Nebbia en los juicios de lesa humanidad de Bahía Blanca. En tanto, Cantaro es fiscal general ante la Cámara local.

En esta segunda causa hay 18 imputados, entre ellos ocho de los represores -un militar y siete policías- que ya fueron condenados de 8 a 20 años de prisión en 2010 por otros casos de secuestros y torturas. Se sumaron ahora dos militares, un médico policial y otros siete policías. Uno de los principales acusados es el ex jefe de la Policía y ex teniente coronel Luis Enrique Baraldini quien estuvo prófugo en Bolivia.

Los represores juzgados en 2010 que volverán a sentarse en el banquillo son el ex militar y ex secretario general de la Gobernación durante la dictadura militar en La Pampa, Néstor Omar Greppi (fue edecán del presidente Raúl Alfonsín) y los ex policías que actuaban bajo las órdenes de la Subzona 14, Roberto Fiorucci, Athos Reta, Oscar Antonio Yorio, Néstor Bonifacio Cenizo, Carlos Reinhart, Hugo Marenchino y Omar Aguilera.

Los otros imputados son el ex militar Carlos Alfredo Sabattini; el médico Máximo Pérez Onetto, que según la acusación controlaba las sesiones de torturas (ahora con prisión domiciliaria); y los ex policías Orlando Osmar Pérez, Miguel Gauna (ex boxeador, a cargo de la Seccional Primera en el año 1984), Oscar Alberto López (alias “Miseria”), el ex jefe de la Unidad Regional I Luis Horacio Lucero, Juan Domingo Gatica, Miguel Ángel Ochoa y Jorge Osvaldo Quinteros.

En el caso de Pérez Onetto, cumplió tres años de prisión preventiva el pasado 31 de julio. Había sido detenido en 2012 en el marco de la causa Subzona 14 II. Su procesamiento había sido firmado el 15 de noviembre de 2012 por la jueza subrogante federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, resolución confirmada por la Cámara el 12 de mayo del año pasado.

Organismos, familiares y sobrevivientes contra Cantaro

Semanas atrás referentes de derechos humanos advirtieron su inquietud ante el posicionamiento de Alejandro Salvador Cantaro para ser fiscal en el próximo juicio. El Diario de La Pampa informaba que “también quiere intervenir en el caso de Bahía Blanca. Lo acusan de que ‘no es confiable’, porque -entre otras cosas- piensa que los juicios son ‘una venganza’.

Un grupo de organismos de Derechos Humanos de La Pampa y de la provincia de Buenos Aires advirtieron su “preocupación” ante la posibilidad de que se concreten cambios en la política de los fiscales acusadores en los próximos juicios por delitos de lesa humanidad.

Puntualmente, hicieron referencia a Alejandro Salvador Cantaro, cuya movida para ocupar ese cargo genera inquietud a partir de algunos de sus antecedentes y de su pensamiento público respecto de que los juicios son en realidad una suerte de “venganza”.

Un documento enviado a diversas autoridades advirtió sobre esas posturas y repudió dichos de Cantaro.

El documento fue enviado al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; a la procuradora general Alejandra Gils Carbó y al fiscal general de la Procuraduría de Lesa Humanidad, Jorge Auat.

Entre los firmantes se incluyen Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo L.F.), Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo L.F.), HIJOS regional Bahía Blanca, HIJOS regional General Pico, APDH Bahía Blanca, Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, Raquel Barabaschi (ex detenida desaparecida, querellante en La Pampa), Raúl Alberto Schnabel (Fundación Argentina por los Derechos Humanos, querellantes), Leonel Curutchague (Fundación Argentina por los Derechos Humanos, querellantes), Luis Barotto (ex detenido de la Sub Zona 14), Graciela Espósito (ex detenida de la Sub Zona 14). Stella Maris Barrios (ex detenida de la Sub Zona 14), MTD de General Pico (La Pampa), CTA “Agustin Tosco” de General Pico, la Cooperativa La Comunitaria de teatro independiente de General Pico de La Pampa y la Asamblea permanente por los Derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Una “obsesión de poder”

Los organismos señalan que “existen a la fecha, por la inevitable comprobación en el terreno de nuestra parte, la acción de fiscales que han sido fundamentales en la concreción de resultados judiciales en el camino de Memoria, Verdad y Justicia, relacionado directamente con el compromiso ilimitado de los mismos en tal sentido”.

“Podemos mencionar a fin de demostrar lo argumentado, al ex fiscal Hugo Omar Cañon, al ex fiscal Abel Córdoba, y a los actuales fiscales Miguel Palazzani y Jose Nebbia. Todos ellos codo a codo con familiares y sobrevivientes, probando los horrores del Terrorismo de Estado como parte de una política de Estado que es sanadora para todas las víctimas”, añaden.

“Sin embargo -advierten- se menciona al actual fiscal general federal de Bahía Blanca Alejandro Salvador Cantaro, como posible partícipe en los juicios de lesa humanidad en la Provincia de La Pampa. Bahía Blanca y La Pampa están directamente relacionados por diversas líneas en lo que a lesa humanidad se refiere, lo que implica además que quien deba intervenir a semejante nivel e importancia deba contar con un conocimiento muy profundo, y un compromiso tan o más profundo que ese conocimiento”.

“Podríamos valorar aquí aspectos de la profesionalidad, personalidad y compromiso del fiscal general Cantaro, pero podrían parecer prejuiciosos. Por supuesto no es así ya que nuestro conocimiento es próximo, y como usted sabe quienes mejor conocen a dirigentes, funcionarios, y otros, son los que conviven en el mismo espacio comunitario y los ven expuestos cotidianamente en todos sus perfiles cada vez que actúan”, dicen los firmantes.

“El fiscal general Cantaro -recuerdan- llegó al cargo con argumentaciones en contra que no fueron tenidas en cuenta a pesar de su peso específico. Sabemos, porque es su perfil más notable y que trae de su participación en la justicia provincial (Bs.As), que es casi una obsesión de poder para él poder llegar a intervenir en lesa humanidad, lo prueba las molestias que manifestó ante allegados (y ante alguna autoridad aunque esto no lo podemos probar) cuando fuera designado el Dr. Abel Córdoba, y él consideró un error no haber sido tenido en cuenta y no ser consultado como si contara con antecedentes de peso por encima del designado entonces”. “Podríamos agregar a esta altura, aspectos de lo que denominamos ‘limar’ a los actuales fiscales que son de nuestra más absoluta confianza, pero no nos parece conveniente entrar por ahora en ese nivel”, añaden.

Relaciones con LNP

cantaro lnpEl documento remarca que “lo que sí marca quién es el fiscal general Cantaro, ante la posibilidad de su participación en lesa humanidad que nos genera inseguridad, molestia y desconfianza, es su relación con el medio más reaccionario, faccioso y golpista. Hablamos de La Nueva Provincia, medio propiedad de Vicente Gonzalo Massot, actualmente con una causa en suspenso, sobre lo cual y como detalle no menor nunca dijo pública ni jurídicamente nada”.

Recuerdan que “apenas asumido, La Nueva Provincia que no da puntada sin hilo, le ‘regaló’ alegremente una nota a doble página en la cual desplegó argumentos diversos posicionándose en sus supuestas habilidades, casi como un Elliot Ness de la lucha contra el narcotráfico, tema que el diario golpista agita tendenciosamente casi cotidianamente. Sin embargo en esa misma nota, en un recuadro aparte para marcar bien su posición, se refirió a lo relacionado con lesa humanidad y a los organismos de DDHH actuantes, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca impulsora y querellante en los juicios desde 1986 hasta la fecha, y la Agrupación H.I.J.O.S. Regional Bahía Blanca”.

“Allí y a fin de defender su relación de amistad y profesional con Hugo Mario Sierra, imputado por delitos de lesa humanidad por sobrevivientes y ex secretario federal durante la gestión en 1976 del ex juez genocida fallecido impune Guillermo Federico Madueño. En esa nota mencionó que los organismos lo acusaban a Hugo Mario Sierra irresponsablemente, sin tener en cuenta su verdadera relación con los hechos. Esa acusación incluía a los fiscales Nebbia y Palazzani quienes estaban apelando una falta de mérito del mencionado Sierra. La gravedad, como se advierte, es inusitada y nuestra preocupación, justificada”, indican.

“Por supuesto repudiamos públicamente sus dichos, por su falsedad, mentira e implicancia que tenían, y por ser expresados en un diario golpista y genocida, que a través de esa declaración blanqueaba su discurso de que los juicios son una venganza, lo que profundiza aún más nuestro rechazo a su actual intento oportunista y nuestra preocupación y oposición a que llegue a ocupar tan siquiera tangencialmente cualquier aspecto de lesa humanidad, teniendo en cuenta lo que nos ha costado a todos llegar hasta donde llegamos”, insisten.

Remarcan que “no es confiable” y “falta a la verdad”, además de “agredir falazmente a los organismos de DDHH”. Consideran que se trata de “cuestiones para nada menores si un funcionario pretende representar al Estado en los juicios mencionados”.

One thought on “Palazzani, Nebbia y Cantaro fiscales en Subzona 14

  1. Suscribo plenamente las dudas que en los organismos de derechos humano y víctimas de la represión en La Pampa suscita el nombramiento como fiscal del Dr. Alejandro Salvador Cantaro en el juicio Subzona 14 II próximo a realizarse en Santa Rosa. A su vez, apoyo de la manera más entusiasta la designación de los doctores Palazzani y Nebbia como parte acusadora en el mismo juicio. Como bien manifiestan quienes impugnan a Cantaro, la proximidad de La Pampa con Bahía Blanca harían sospechoso a un magistrado proveniente del establishment judicial bahiense interviniendo en la causa pampeana. Recordemos, además, que el tristemente célebre Operativo Aráuz se gestó en Bahía Blanca, constituyendo la Subzona 14 un mero instrumento de ejecución, tal como lo informaron en su momento los servicios de inteligencia de la embajada de Estados Unidos en su reporte al Departamento de Estado (véanse los documentos desclasificados que se encuentran en Internet). La impecable labor como fiscales de Palazzani y Nebbia en los juicios de Bahía Blanca es la mejor garantía de que el juicio Subzona 14 II se llevará a cabo con todo el rigor y la profundidad que se merece, en especial cuando el principal imputado en esta nueva etapa es el otrora omnipotente Luis Enrique Baraldini, mayor del ejército a cargo de la Jefatura de Policía pampeana en las peores etapas de la represión. Mantener a Cantaro en la fiscalía del juicio Subzona 14 II podría constituirse en un grave error que después habría que lamentar.

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