V Cuerpo: 40 represores procesados

vcEl Juez Alejo Ramos Padilla, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de Bahía Blanca, dictó en la fecha el procesamiento de 40 represores militares, penitenciarios y policiales que actuaron durante la última dictadura, en el marco de la causa FBB 15000005/2007 caratulada “Alvarez, Aldo; Aberasturi, Mirtna Edith s/privación ilegal de la libertad, tortura, homicidio agravado por el concurso de dos o más personas y asociación ilícita”. Los delitos de lesa humanidad que se investigan fueron cometidos en el área bajo control operacional del Comando del V Cuerpo de Ejército. También se dictó falta de mérito en hechos que involucran a siete represores.

Una situación común a las víctimas (en 180 casos) es que fueron mantenidas cautivas o pasaron por el centro clandestino de detención “La Escuelita” y también en lugares clandestinos de encierro emplazados en el Batallón de Comunicaciones 181, la Unidad Penitenciaria 4 de Villa Floresta, la Delegación Cuatrerismo, la Brigada de Investigaciones y el Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y la sede de la Delegación Viedma de la Policía Federal Argentina.

La resolución de 475 fojas a la que Télam tuvo acceso comprende hechos ocurridos en 1976 y 1977 y que se han encuadrado como delitos de lesa humanidad: violación de domicilio, privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, lesiones, y homicidio.

Entre los homicidios analizados están los enfrentamientos fraguados por los que –una vez ultimadas las víctimas– las fuerzas militares hicieron aparecer los cadáveres de Mario Waldino Herrera, Néstor Farías, Roberto López, Adrián Orlando Carlovich, Juan José Córdoba y Héctor Reynaldo Correa.

También forman parte de la resolución judicial los casos de Daniel Eduardo Riganti y Juan Carlos Prádanos, secuestrados en los días previos al golpe de Estado, cuyos restos fueron enterrados como NN en la localidad de La Adela, provincia de La Pampa, y que fueron identificados un año después de la desaparición de las víctimas; así como los de Teodoro Alfredo Bonfiglio (desaparecido durante el servicio militar obligatorio), Carlos Cristian Oliva y Daniel Gastaldi, quienes luego permanecer en cautiverio en “La Escuelita”, y que aparecieron sin vida en un terreno próximo a la morgue de la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, a mediados de 1977.

A su vez, fueron señaladas las responsabilidades por las desapariciones forzadas (que persisten en la actualidad) de Eduardo Alberto Colella, Roberto Juan Garbiero, Miguel Santiago Bacasun, Julio Antonio Infante Julio y Néstor Omar Repetto.

Entre los procesados figuran oficiales integrantes del Estado Mayor del Comando del V Cuerpo de Ejército (Juan Manuel Bayón, Osvaldo Bernardino Paez, Hugo Jorge Delmé y Walter Bartolomé Tejada), miembros del grupo de tareas de la citada unidad militar (Guillermo Julio González Chipont, Mario Alberto Casela, Jorge Aníbal Masson,

Jorge Horacio Rojas y Pedro Ángel Cáceres), agentes del área de inteligencia (Osvaldo Lucio Sierra, Enrique José Del Pino, Carlos Enrique Villanueva, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Norberto Eduardo Condal y Víctor Raúl Aguirre), guardias del centro clandestino “La Escuelita” (Fernando Antonio Videla, Raúl Artemio Domínguez, Andrés Desiderio González, Arsenio Lavayén, Gabriel Cañicul, Bernardo Artemio Cabezón, José Marcelino Casanovas, José María Martinez y Felipe Ayala), Oficiales del Batallón de Comunicaciones 181 (Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Carlos Andrés Stricker, Alejandro Osvaldo Marjanov, Alejandro Lawless y Ricardo Claudio Gandolfo, Enrique Stel, Antonio Miguel Seghighi y Raúl Oscar Otero), directores de la Unidad Pentienciaria 4 de Villa Floresta (Héctor Luis Selaya y Andrés Reynaldo Miraglia), personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Pedro José Noel, Jesús Salinas y Gustavo Abel Boccalari) y de la Delegación Viedma de la Policía Federal Argentina (Vicente Antonio Forchetti y Héctor Jorge Abelleira).

Adquiere relieve la situación del teniente coronel (RE) Antonio Miguel Seghighi, procesado por primera vez por su actuación durante el terrorismo de Estado, como integrante de la plana mayor del Batallón de Comunicaciones 181. La imputación se relaciona con 55 casos de cautiverio ilegal en las instalaciones de esa unidad militar.

La decisión judicial viene a dar tratamiento a requerimientos fiscales que fueron presentados en octubre y diciembre de 2013 y febrero de 2014, los cuales –a dos años de formuladas las imputaciones penales– no contaban con un pronunciamiento por parte del Juzgado Federal interviniente (a cargo del luego removido Santiago Ulpiano Martínez), a pesar de que la mayoría de los imputados (32 de un total de 48) estaban en condiciones de que se resolviera su situación procesal desde la primera mitad de 2014, habiendo sido indagados muchos de ellos entre los meses de marzo y abril de aquel año (tales los casos de Enrique Stel, Jorge Mansueto Swendsen, Fernando Videla, Alejandro Marjanov, Carlos Stricker, Enrique Del Pino, Norberto Condal, Hugo Delmé, Jorge Masson, Carlos Taffarel, Jorge Granada y Héctor Abelleira).

Del resto de los imputados, once estaban indagados desde el segundo semestre de 2014, sin que hubiera recaído pronunciamiento sobre las acusaciones formuladas en su contra.

El plazo que establece el Código Procesal Penal de la Nación, en su art. 306, para que se resuelva la situación del imputado, es de diez días.

Por eso el juez federal Alejo Ramos Padilla, puesto por la Magistratura en junio del corriente año al frente del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca, que interviene en la causa, no sólo debió abocarse inmediatamente al estudio de aquel amplio universo fáctico sujeto a decisión, sino también recibir declaraciones indagatorias que aún se hallaban pendientes (tales son los casos de los imputados Raúl Otero, Hugo Menchaca, Jesús Toro, José Francos, Eduardo Goy y Antonio Seghighi), y regularizar las prisiones preventivas que pesaban sobre los imputados, que en muchos casos estaban vencidas, y en otros habían sido prorrogadas hasta por tercera vez, circunstancias que ilustran las demoras que, a la fecha del arribo del juez subrogante llevaba el tratamiento de la situación de los imputados y el avance del proceso para su elevación a juicio oral.

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