¿Cómo marchan los juicios?

IMG_0243A instancias de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad se reunió por primera vez en el año la Mesa de Discusión Social e Institucional que reúne a fiscales, querellantes, abogadas y abogados, representantes de organizaciones de derechos humanos y de organismos de los poderes del Estado para analizar la marcha de los procesos judiciales por los delitos cometidos por el terrorismo de Estado.

Su coordinadora, Carolina Varsky, comentó ayer a FM De la Calle que del encuentro participaron representantes del nuevo gobierno y “manifestaron su compromiso de continuar con el trabajo que se venía haciendo. Es una buena señal porque el Ministerio de Defensa colaboraba mucho con las investigaciones que se aportan en las causas y el Programa Verdad y Justicia era quien estaba a cargo del acompañamiento de los testigos”.

“Sin embargo se mencionó que seis personas fueron despedidas del Programa Verdad y Justicia y en el marco del Ministerio estamos esperando cómo avanzan los distintos oficios que se tramitaron desde los juzgados y tribunales en el marco de los expedientes. También hubo muchos comentarios en relación con el desmantelamiento de las oficinas públicas que colaboraban con el proceso”, dijo Varsky.

Por la justicia federal bahiense intervinieron en la reunión de la Mesa Institucional el titular de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad, Miguel Ángel Palazzani, y el fiscal general Alejandro Cantaro. Varsky sostuvo que “como terminó el juicio hace relativamente poco” las prioridades de Bahía Blanca pasan por la falta de titular en el Juzgado Federal Nº1 y “resolver las cuestiones relacionadas con las imputaciones a los civiles y la complicidad de los civiles con el grupo Massot”.

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En cuanto a la colaboración de las personas convocadas a brindar testimonio se notificaron inconvenientes respecto a las reiteradas citaciones. “Se conversó la necesidad de unificar la información y compartirla desde el punto de vista de evitar convocar a una persona que ya declaró diez o doce veces en una causa judicial, y hay cierta preocupación por parte de los testigos sobre quiénes van a estar a cargo de su cuidado porque no se trata solamente de un cuidado físico sino también de un acompañamiento psicológico para aquel que declara por primera vez, desconocemos quién quedó a cargo del Centro Ulloa, por ejemplo”.

“Sentimos que hay un parate en el marco de los tribunales que han relajado la convocatoria a audiencias y hay juicios que están convocados para hacer audiencias una vez por semana cada quince días, eso sí nos parece preocupante desde el punto de vista de lo que se demoran los procesos”, afirmó Varsky.

Por ejemplo, en Tucumán está por comenzar el debate en la causa por el Operativo Independencia para el cual fueron citados 1400 testigos y el tribunal pretende sesionar un día y medio por semana. Los megajuicios ESMA o La Perla llevan más de tres años.

Un verdadero obstáculo en el desarrollo de los debates orales es la falta de integración de tribunales en varias ciudades y provincias. “Le corresponde al Consejo de la Magistratura por un lado y después sí al Ejecutivo enviar las ternas para que estos tribunales sean integrados”.

“Hay jurisdicciones en las que no hay tribunal. Santiago del Estero lleva más de dos años sin juicio y no existe el tribunal oral, entonces hay que salir a convocar a jueces de la jurisdicción más cercana, a veces ellos son recusados o se inhiben de intervenir, lo que deriva a que se convoque a jueces de la jurisdicción de Buenos Aires en tanto el lugar más fácil desde el que se puede llegar”.

La funcionaria de la Procuraduría que conduce Oscar Auat explicó que entre el personal despedido y las personas contratadas que desconocen el estado de las investigaciones “es como volver a foja cero después de mucho tiempo”. Preocupa además que quienes deben responder oficios o pedidos de documentación de la justicia a las fuerzas armadas o de seguridad dejen de ser civiles y se delegue dichos trámites a los uniformados.

El desmantelamiento de oficinas dedicadas a analizar pruebas documentales implica a su vez el riesgo de perder el material recolectado en los últimos años. “Se están pensando algunas medidas, se supone que como dijeron los dos integrantes del Ejecutivo los equipos siguen, con lo cual esa información debería estar resguardada sin perjuicio de lo cual pedimos que se incorporen al expediente judicial”.

Al ser consultada sobre los procesos contra civiles cómplices o partícipes del genocidio, Varsky destacó como una “buena señal”que haya concluido el juicio a Marcos Levín en Salta. “El primer empresario condenado como instigador de las desapariciones. Sin embargo, las oficinas del grupo que trabajaba dentro del Banco Central fue desmantelada en su totalidad y es cierto que es uno de los temas que más nos preocupa en tanto la mayoría de los empresarios tienen relación con este gobierno y probablemente sean difíciles de ser investigados o que haya voluntad para investigarlos”.

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