Audiencia preliminar para un nuevo juicio

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(FM De la Calle) El 4 de octubre comenzaría el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca según anunció este mediodía el Tribunal Oral Subrogante en la audiencia preliminar. Será el tercer tramo de la investigación de los hechos ocurridos en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército durante el terrorismo de Estado.

La confirmación depende de que Casación acepte la continuidad del pampeano Marcos Aguerrido como cuarto juez y que este termine su participación en el juicio oral que se desarrolla en Neuquén. “La idea es comenzar el debate la primer quincena de octubre”, afirmó José Mario Triputti. Jorge Ferro y Martín Bava completan el tribunal.

La causa “González Chipont, Julio Guillermo y otros s/privación ilegal de la libertad” comprende a más de treinta imputados de distintas fuerzas acusados por los crímenes padecidos por un centenar de víctimas. El juicio mantendrá su sede en el rectorado de la UNS de Colón 80 y las audiencias se realizarán semana por medio los martes por la tarde y los miércoles durante toda la jornada a partir de las 9.

Durante el breve encuentro de este jueves, que contó con la participación de jueces, querellantes, fiscales y defensores, se hicieron planteos referidos a la convocatoria de testigos, la presencia de los represores en las audiencias, el uso de las videoconferencias, las detenciones domiciliarias y el supuesto “hacinamiento” en la Unidad Penal 4.

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia se opusieron a la propuesta de la defensa del represor Jorge Rojas de convocar a los jefes de Operaciones y Personal del Ejército y los ex militantes Gustavo Plis-Steremberg y Eduardo Anguita. Para el representante del ex titular del Instituto Sanmartiniano bahiense los primeros eran necesarios para explicar el funcionamiento del Ejército y los segundos “la organización y los objetivos del ERP”. Para la Fiscalía son “impertinentes”.

El Ministerio Público también rechazó el pedido del abogado Mauricio Gutiérrez de volver a citar a Pablo Bohoslavsky y Julio y Rubén Ruiz por el Consejo de Guerra que padecieron. Walter Larrea y Mónica Fernández Avello adhirieron desde la querella.

El defensor oficial Gustavo Rodríguez, preocupado por los “dispendios inútiles” del Poder Judicial, pidió no iniciar el debate hasta que todos sus clientes hayan pasado el examen mental obligatorio que “por su edad y estado de salud” podría motivar la suspensión de los procesos en su contra.

Además, exigió que quienes no están detenidos en Bahía Blanca sigan el debate por videoconferencia y sean trasladados a la sede judicial en ambulancia en vez de utilizar el celular del Servicio Penitenciario.

Las videoconferencias fueron cuestionadas por la representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por las reiteradas fallas y demoras que presentaron en juicios anteriores. Fernández Avello planteó que los represores participen de las audiencias y que en la medida de lo posible también se concurran personalmente los y las testigos.

Ante las quejas de la defensa por las condiciones de detención y el hacinamiento de acusados y condenados en la Unidad 4 de Villa Floresta el fiscal Palazzani sugirió al tribunal una inspección con la intervención de todas las partes.

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