Comienzan las testimoniales

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Caminando. El TOF aun no resolvió el pedido para que Salinas, Noel y Laurella Crippa sean trasladados con el resto de los represores.

Mañana se reanudará el juicio Ejército III en Bahía Blanca con la quinta audiencia a las 15 en Colón 80. Se espera que finalicen las declaraciones indagatorias con el grupo de imputados que sigue el debate por videoconferencia desde los tribunales porteños y comiencen luego las testimoniales. El miércoles la actividad será de 9 a 15. Las audiencias son abiertas para mayores de 18 años que concurran con DNI y grupos de estudiantes de entre 16 y 18 acompañados por docentes con permiso del TOF.

Días atrás la mayoría de los 34 imputados pasó frente a los jueces y se negó a ampliar sus defensas con excepción del ex jefe del Batallón de Comunicaciones 181, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, quien se dispuso a responder preguntas a pesar de la recomendación de su defensor. El represor, ya condenado a prisión perpetua, intentó limitar su responsabilidad a la conducción de la mencionada unidad militar deslindando injerencias en la jefatura del Área 511.

Por otra parte, el tribunal aceptó sumar las acusaciones por dos nuevas víctimas a los imputados Juan Manuel Bayón y Osvaldo Páez y rechazó incorporar dos genocidas del Ejército al banquillo. El defensor oficial Gustavo Rodríguez pidió la prescripción de los crímenes investigados y el fiscal Miguel Palazzani enmarcó el planteo en “un reflujo de discursos negacionistas del genocidio”.

Durante la tercera audiencia, el 18 de octubre, se informó que los secretarios del tribunal relevaron las cárceles de Villa Floresta y Saavedra para evaluar las condiciones de detención de algunos de los militares juzgados.

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Distintos actores judiciales de la provincia y los propios internos “comunes” de la UP4 denuncian permanentemente el hacinamiento y las violaciones a los derechos humanos. No parece ser el caso de los detenidos de lesa humanidad que cuentan con “un espacio común con cocina, un baño y cuatro habitaciones” para seis y un pabellón contiguo para otros cuatro.

A pesar de ello, algunos volvieron a sus “unidades de origen” tras las indagatorias y esperan la resolución de los pedidos de arresto domiciliario y “medidas paliativas”. En la UP19 hubo quejas por faltante de colchones pero ahora cada uno tiene el suyo.

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Finalizada la lectura de la acusación el juez José Mario Triputti declaró abierto el debate y el fiscal Palazzani pidió la acumulación de dos tramos de la causa Ejército.

El primero se terminó de investigar el 19 de agosto e incluye a Raúl Esteban Andrés y Luís María Delaico. Andrés fue oficial de Estado Mayor, ayudante del jefe de la Unidad y jefe de Sección de la Compañía del Batallón 181 y Delaico comandó el Batallón de Arsenales 181 con sede en Pigüé.

Palazzani argumentó que se trata de represores de la misma fuerza y cadena de mando que integraron varios de los acusados, que su incorporación ampliaría el universo de víctimas y que de no sumarse ahora los militares llegarían a juicio “en tres o cuatro años”. El otro tramo fue instruido hasta el 16 de septiembre y agrega casos a los imputados Páez y Bayón.

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Respecto a este último punto los jueces pidieron a las partes que ofrezcan prueba por los hechos padecidos por Carlos Oscar Trujillo y Ángel Enrique Arrieta y, por otro lado, rechazaron la solicitud sobre Delaico y Andrés porque “no se trata de los mismos acusados ni víctimas”.

El defensor oficial Rodríguez pidió en un prematuro alegato la extinción de la acción penal de sus 23 representados por la prescripción de los hechos. El fiscal Palazzani destacó que el reclamo “es un tema por demás saldado en los tribunales del país” con 167 sentencias que lo rechazaron y que ni siquiera sostiene la defensora general Stella Maris Martínez, jefa del abogado.

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“Gran parte de este país cuando escucha los testimonios de las víctimas y los familiares todavía, por suerte señor presidente, temblamos de indignación”, dijo el pampeano y agregó que lo de su colega se enmarca en “un reflujo de discursos negacionistas del genocidio”. El TOF difirió su resolución hasta la lectura de la sentencia.

Finalmente, el teniente coronel y defensor particular Mauricio Gutiérrez recusó a los jueces porque, a su entender, en la redacción de la sentencia del primer juicio sobre los hechos padecidos por Rubén Alberto Ruiz “existe un pronunciamiento respecto de la responsabilidad de Cáceres, Nilos, Rojas y otros imputados” aunque los jueces no hicieron lugar al planteo por extemporáneo y falto de argumentación.

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