Fiscalía concluyó su prueba testimonial

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Jesús Salinas y Pedro Noel.

Una perito de la Comisión Provincial por la Memoria describió el aparato represivo de la Policía Bonaerense y tres testigos defendieron al comisario rionegrino Antonio Camarelli en las últimas audiencias del Juicio Ejército III. El represor Alejandro Lawless fue el primero en ampliar su indagatoria en el tramo final del debate. Murió Stricker y son 33 los imputados.

“La Unidad Regional, la Brigada Regional y la Delegación DIPBA pueden de hecho resolver allanamientos, secuestros y traslados. Tenían cierto nivel de autonomía e inmediatamente debían comunicar al jefe de Área. (…) La Unidad Regional dependía de la Dirección de Seguridad y coordinaba las comisarías, las subcomisarias, destacamentos y comandos radioeléctricos”, aseguró Claudia Berlingeri.

En la causa se investiga la responsabilidad de dos miembros de la Bonaerense: Pedro José Noel integró el grupo de tareas del Comando Radioeléctrico y Jesús Salinas perteneció a la patota de la Unidad Regional V. En tanto, Gustavo Abel Boccalari, subjefe de la Sección Cuatrerismo, es el único acusado en un juicio exprés que tendrá hoy -desde las 9 en Colón 80- el cierre de su etapa testimonial y el inicio de los alegatos.

Claudia Berlingeri es perito de la Comisión por la Memoria, organismo que reguarda y estudia la documentación del archivo de inteligencia de la Policía de Provincia de Buenos Aires. Declaró en juicios anteriores sobre el accionar de la comunidad informativa en la región y esta vez fue convocada para describir la orgánica policial durante la dictadura.

La investigadora detalló que existieron 230 centros clandestinos en la provincia, de los cuales 131 funcionaron en sedes policiales. “En el período 75, 76 y en adelante toda la estructura policial bajo poder operacional del Ejército estuvo al servicio de este sistema represivo”. Un esquema “centralizado y piramidal” con un estado mayor compuesto por los jefes de ocho direcciones -que en abril de 1976 pasan a ser militares- y una Dirección General de Seguridad como cúpula.

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“La Unidad Regional, la Brigada Regional y la Delegación DIPBA pueden de hecho resolver allanamientos, secuestros y traslados. Tenían cierto nivel de autonomía e inmediatamente debían comunicar al jefe de Área. (…) La Unidad Regional dependía de la Dirección de Seguridad y coordinaba las comisarías, las subcomisarias, destacamentos y comandos radioeléctricos”.

El Comando Radioeléctrico contaba con “jefe, subjefe, Servicio Externo, Dirección Personal, Dirección Operacional. Esta es la más importante porque tenía un servicio externo, un servicio de calle, era el que estaba haciendo la tarea que indicaba la Unidad Regional que no podía recurrir a los servicios de las comisarías, directamente el Área militar le pedía un traslado de víctima o que hiciera un corte de zona y tenía que resolver con su propio personal”.

En el caso de la Sección Cuatrerismo, que en Bahía Blanca tuvo como uno de sus responsables a Gustavo Boccalari, “dependía directamente de la Delegación de Investigaciones a cargo de Miguel Etchecolatz. Dentro del distrito reportaba a la Brigada de Investigaciones. A mediados del 76 se crea una división que va a estar ubicada en Puente 12, donde además va a funcionar el famoso centro clandestino”.

Berlingeri destacó que en Bahía Blanca “tuvo mucha actividad” una Delegación de Inteligencia relacionada con la Unidad Regional. “En el 75, cuando el gobernador Victorio Calabró solicita que se descabece toda la cúpula de la Unidad Regional V uno de los únicos que queda es (Juan) Trujillo que estaba como comisario y va a pasar a la DIPBA”.

Al ser consultada sobre los secuestros de Laura Manso, María Emilia Salto y Daniel Bombara -desaparecido a fines de 1975-, la perito recordó que llamaban la atención porque demostraban que “algunos legajos y partes de Inteligencia se construyen a través de acontecimientos practicados y fraguados previamente. Aparecen enmascarados en los partes, no aparecen los hechos como fueron sino contados bajo la acción psicológica de la Inteligencia que decidió modificarlo para crear otro acontecimiento que sea necesario narrar para la comunidad, para seguir generando el terror”.

39, 38, 37, 36, 35, 34…

stricker33 es el número de imputados en la causa Ejército III. A los apartados por razones de salud o artilugios legales se sumó una nueva baja. Esta semana la defensa oficial anunció que el domingo 12 de febrero falleció el imputado Carlos Andrés Stricker. Era juzgado por asociación ilícita y ya contaba con dos condenas a prisión perpetua -causas Stricker y Fracassi-.

El coronel (r) del Ejército fue segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181 entre el 8 de diciembre de 1974 y el 16 de diciembre de 1976 y subjefe del Área de Defensa 511. Bajo su mando, instalaciones del Batallón fueron asignadas para mantener en cautiverio a personas secuestradas, al tiempo que funcionaba, respecto de otras víctimas, como un lugar de paso hacia el centro clandestino de detención y torturas La Escuelita.

En defensa de Camarelli

En la década del 70 Rodolfo Ponce de León era abogado laboralista de la CGT y de varios sindicatos y militaba en la Juventud Peronista. Se exilió en septiembre de 1976 en Costa Rica y volvió al país en 1984. Sufrió allanamientos en su estudio y en su casa y le reprocha “a la dictadura los ocho años afuera y la muerte de muchos amigos, eso es imperdonable”. Fue abogado de un policía imputado en la causa Escuelita II de Neuquén.

“El tipo que me avisa que llegó el radiograma con la orden de mi detención es un agente de la comisaría de Cipolleti, ahora se puede decir porque ya prescribió todo, él me avisó y luego con el correr de la vida, cuando llega el momento que lo imputan por violación a los derechos humanos me pide que lo defienda”.

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A favor del comisario Camarelli afirmó que “cuando llegó el Ejército lo despojó de todo” y que “no podía mover ni un soldadito de plomo”. Además, mencionó el caso de Beba Salto. La militante peronista fue secuestrada y su madre comenzó una búsqueda “tipo tsunami” en la cual contactó a Camarelli quien se comprometió a averiguar sobre su paradero. Así supo que estaba detenida en Bahía Blanca, la mujer vino a la ciudad y logró su liberación. El abogado recordó que la titular de la APDH Neuquén, Noemí Labrune, afirmó que dicha gestión mostraba el poder del comisario aunque el testigo dijo que ese era “un razonamiento tóxico” y “perverso”.

El defensor Carlos Meira denunció formalmente a su colega por violación del secreto profesional.

Carlos Torrengo siguió desde 1973 el discurso militar intuyendo un probable golpe de Estado. Era profesor de la Universidad del Comahue y periodista del diario Rio Negro. En aquella redacción se enteró en 1975 que un grupo de oficiales se había sublevado contra el jefe de policía provincial, el nazi Benigno Ardanaz.

Entre los alzados se encontraba el comisario Camarelli y por ello comenzó a “filtrar” sus intervenciones en actos, entrevistas y su rol como director de la Escuela de Policía de Rio Negro. El testigo opinó que su provincia “no tuvo un gobierno de exceso en manos de los marinos, fatigado de odio, lo que sucedió vino desde la brigada” y que el represor imputado “era un hombre tranquilo, sereno, que hablaba con mucha libertad”.

El contador Víctor Hugo Ochoa fue docente de la Escuela de Policía a instancias del represor. El defensor oficial le preguntó si sabía de la relación de Camarelli con el obispo Hesayne y dijo “no me extrañaría”; si sabía que el policía se había sublevado contra Ardanaz y respondió “no lo he escuchado pero no me extrañaría porque el jefe fue bastante nefasto”. También inquiró si conocía por qué el represor fue designado al frente de la Policía de Rio Negro a lo cual contestó: “No estuve en la cocina pero era egresado universitario”.

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