2×1: apelaron domiciliarias a genocidas

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El fiscal Antonio Castaño presentó recursos de apelación contra las resoluciones del juez Walter López Da Silva, quien otorgó la prisión domiciliaria a dos imputados por delitos de lesa humanidad con argumentos del fallo 2×1 de la Corte Suprema.

El representante del Ministerio Público advirtió sobre los riesgos procesales de otorgar el beneficio a un ex integrante de la Triple A y un ex teniente coronel, quien transita un juicio oral y también fue condenado en 2015. Para el fiscal, los problemas de salud que alegaron las defensas pueden ser tratados en los hospitales intramuros.

Se trata del ex integrante de la Triple A Osvaldo Omar Pallero y del ex teniente coronel y ex segundo jefe de la “Agrupación Tropa” o “Equipo de Combate contra la subversión”, Julio Guillermo González Chipont, quien fue condenado a pena de prisión perpetua en el Juicio Armada y es uno de los imputados del Juicio Ejército III.

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Osvalo Pallero. Foto: FM De la Calle.

Castaño advirtió al juez federal Da Silva sobre los riesgos procesales que implican las concesiones de las medidas y que “se demuestra con la existencia de numerosos imputados prófugos que cuentan con una edad mayor que González Chipont, y con las mismas constancias médicas agregadas a la causa, ya que no indican padecimientos graves a su respecto”.

El fiscal consignó también que los problemas de salud alegados por las defensas de ambos pueden “ser debidamente” tratados “dentro de la unidad penal” en la que se encuentran alojados.

Osvaldo Omar Pallero había sido procesado con prisión preventiva el 16 de septiembre de 2015 por el entonces juez federal subrogante de Bahía Blanca Alejo Ramos Padilla, junto a otros cuatro civiles integrantes de la Triple A, definida como una asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad entre 1974 y 1975.

Junto a Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli, Héctor Oscar Chisu y Raúl Roberto Aceituno, integraban la “seguridad” del ex rector de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu. La gestión de Tetu en la UNS dejó como saldo la proscripción de los centros de estudiantes y la confiscación de sus bienes, el cierre del comedor universitario, la proscripción de 497 títulos pertenecientes a la biblioteca, la expulsión de estudiantes y cesantías masivas de docentes por razones políticas y el homicidio agravado del dirigente de la Federación Juvenil Comunista David Hover “Watu” Cilleruelo.

En tanto, Julio Guillermo González Chipont fue condenado en el juicio que se realizó entre julio de 2014 y noviembre de 2015 en Bahía Blanca contra 25 marinos, prefectos, militares y penitenciarios por crímenes cometidos durante la última dictadura en jurisdicción de la Armada Argentina en perjuicio de 66 víctimas, de las cuales 13 permanecen desaparecidas, cinco fueron asesinadas y 48 sufrieron privación ilegal de la libertad y tormentos.

En la sentencia, el Tribunal Oral ordenó al diario bahiense La Nueva Provincia que rectifique y publique que las personas que durante la dictadura cívico militar informó como terroristas muertas en enfrentamientos fueron, en realidad, víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Un juez “principista”

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González Chipont. Foto: FM De la Calle.

A pesar del repudio social que provocó la decisión de la Corte de aplicar el cómputo del 2×1 para genocidas y sin que nadie pidiera su opinión al respecto, el juez Da Silva recurrió a argumentos del fallo para mandar a la casa al represor Pallero. Luego hizo lo propio con González Chipont sin considerar los antecedentes del reo que estuvo casi un año prófugo hasta que la policía lo encontró en 2010 en un barrio cerrado de Brandsen.

El defensor oficial Gustavo Rodríguez pidió la domiciliaria de González Chipont, preso en la cárcel de mujeres de Ezeiza, con el argumento de que los penitenciarios no cumplían con los turnos autorizados por el juzgado para tratarse de una hiperplasia prostática benigna. La Unidad Fiscal de Derechos Humanos se opuso, recordó que el arresto domiciliario no es automático tras cumplir setenta años, que de su estado de salud no surgía la necesidad de otorgarle ese beneficio, y advirtió sobre los riesgos procesales de liberar a un oficial de inteligencia condenado a perpetua.

López Da Silva priorizó “los especiales derechos humanos reconocidos internacionalmente a las personas mayores de edad”. Destacó que González Chipont “presenta problemas prostáticos” y cálculos en la vesícula, que la domiciliaria se fundamenta en el “principio de humanidad de las penas”, y consideró que los riesgos procesales que implican sacar de la cárcel a un ex prófugo condenado a perpetua “pierden sustento” si se considera “la edad, el estado de salud y la posibilidad de utilizar pulsera de vigilancia electrónica”.

En línea con el falso dilema planteado por la Corte, el juez escribió que la responsabilidad de juzgar crímenes de lesa humanidad no puede “conllevar la supresión de derechos y garantías que le asisten a todo imputado” y cerró con la cita de la Corte: “la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes”. Si no prospera la apelación fiscal, González Chipont vivirá en La Cueca 836 de Exaltación de la Cruz, con su esposa Cecilia Zubieta como guardadora.

Fuentes: Fiscales, Página/12, FM De la Calle.

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