La Fiscalía cerró su alegato en el Juicio Ejército III con el pedido de prisión perpetua para 25 imputados y de entre 13 y 19 años para los siete restantes. Insistió con la revocatoria de las detenciones domiciliarias y el cumplimiento de las condenas en cárceles comunes y propuso medidas de reparación simbólica.
«Como sabemos que entre los imputados hay personas que conocen situaciones y circunstancias que pueden aliviar el sufrimiento de muchas víctimas, queremos terminar haciéndoles una pregunta -dijo Miguel Ángel Palazzani-. ¿Dónde están los niños apropiados y los desaparecidos? Tienen la oportunidad de la última palabra para decirlo al tribunal y a la sociedad que lo está esperando. En tanto no aparezcan y estas heridas sigan abiertas, todo lo que hagamos sigue siendo poco».
Junto a José Nebbia y el equipo de la Unidad Fiscal, Palazzani exigió al tribunal el derecho a réplica colectivo para las víctimas en las páginas de La Nueva Provincia y el compromiso de las universidades del Sur y del Comahue y del Municipio de Bahía Blanca para difundir «que nadie puede ser perseguido, secuestrado, torturado, ni desaparecido por defender sus derechos y expresar sus ideas y de que la potencia punitiva del Estado no puede desatarse contra la población bajo ningún tipo de pretexto y menos aún por el hecho de pensar distinto».
En las audiencias de este lunes a las 15 y del martes a las 14 en Colón 80 continuará su alegato la dra. Mónica Fernández Avello por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
«La verdad histórica también le pertenece a la comunidad»
Al argumentar el pedido de derecho a réplica colectivo por el accionar del diario de la familia Massot durante la dictadura, el fiscal Palazzani recordó que «lejos de ser el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, fue un acto perfectamente proyectado junto con los altos mandos militares (…) esencial e indispensable al plan criminal» y sin el cual el genocidio regional no pudo haber tenido el grado de «profundidad y encubrimiento» que tuvo.
«Las víctimas de este juicio no solo han sido llevadas a centros de torturas, fusiladas y desaparecidas. También han sido desaparecidas sus identidades y reemplazadas por la imagen del delincuente terrorista que aún hoy encontramos en las páginas del diario con solo una visita a la hemeroteca de la principal biblioteca de la ciudad», afirmó.
El fiscal aseguró que los juicios son la única posibilidad de conocer la verdad histórica -«probada, rigurosa, indubitable»- sobre lo ocurrido en la ciudad. «No va a haber otra versión de la historia que reivindique a las víctimas que no sean las sentencias. El derecho a la verdad histórica también le pertenece a la comunidad y, hoy en día como en aquellos años, La Nueva Provincia continúa siendo el principal y prácticamente el único registro crónico de la región al que tienen acceso los ciudadanos».
El derecho a réplica colectivo ya fue aceptado por el tribunal respecto a las víctimas de la causa Armada e implica que una vez que la sentencia quede firme La Nueva Provincia -ahora LaNueva.- publique su parte resolutiva en un lugar «destacado y visible».
UNS: de la represión a los juicios
Los fiscales mostraron que la Universidad del Sur, en cuya Aula Magna se desarrollan los juicios, fue un «escenario principal del plan de exterminio» o, al decir del genocida Adel Vilas, «el núcleo central de la subversión».
«Esta concepción criminal estaba dada por el hecho de que en esta universidad y en el resto de las instituciones educativas del sur se forjaban y adquirían expresión las relaciones sociales y los lazos identitarios que constituían colectivos de personas y determinaban prácticas sociales, culturales, políticas e institucionales propias.
«Los efectos supresivos sobre ese colectivo de sujetos y sobre aquellas prácticas sociales que les eran propias, no redundan únicamente en la persecución, el secuestro y el asesinato de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios, sino en la manera en que esas prácticas venían a destruir lazos de identidad y solidaridad sobre el colectivo en su totalidad. Allí también deben computarse el exilio, la muerte civil y el miedo. Y con ello la inmovilidad, la autocensura y la autorepresión.
«La estigmatización de las prácticas sociales, cuyo desarrollo colocaba automáticamente a las personas en la categoría de enemigo subversivo o blanco de ataque, pugnó por la desaparición de actividades legítimas y saludables como la asociación de estudiantes, la asociación de docentes, de trabajadores universitarios, la realización de medidas gremiales, la libertad de cátedra y el establecimiento de vínculos solidarios y de interacción entre la comunidad universitaria y el resto de la sociedad en la crítica de la construcción de la realidad social», explicó Palazzani.
La reparación simbólica propuesta implica encomendar a las universidades del Sur y del Comahue a sostener políticas «para la construcción y el mantenimiento de la memoria colectiva».
Reconocimiento municipal
Por último, la Fiscalía pidió por primera vez que el Municipio de Bahía Blanca y el Concejo Deliberante se involucren en la reparación simbólica mediante «un acto de reconocimiento y difusión pública del fenómeno del terrorismo de Estado vivido por la sociedad bahiense como así también de las historias individuales de cada una de las víctimas».
La totalidad de los hechos juzgados ocurrieron en el Partido de Bahía Blanca, la mayoría de las víctimas eran bahienses y varias de ellas trabajaban en la comuna, militaban en el gremio o incluso, en el caso de Marta Bustos, era concejala hasta el golpe de Estado.
«No debe perderse de vista que las autoridades locales constituyen uno de los niveles gubernamentales del Estado argentino y como tal se encuentra alcanzado por el deber de reparación y prevención de los crímenes juzgados», dijo el acusador
Las penas y los nombres
Los pedidos de prisión perpetua fueron para los integrantes del Estado Mayor del V Cuerpo de Ejército Juan Manuel Bayón, Osvaldo Bernardino Páez, Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Condal y Osvaldo Lucio Sierra. Para Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Enrique José Del Pino y Víctor Raúl Aguirre del Destacamento de Inteligencia 181 y para los miembros de la Agrupación Tropas Julio Guillermo González Chipont, Pedro Ángel Cáceres, Carlos Alberto Ferreyra y Alberto Magno Nieva.
La pena máxima también fue requerida para el jefe del Batallón de Comunicaciones 181 Jorge Enrique Mansueto Swendsen y Alejandro Lawless, jefe de sección en dicha unidad militar; los guardias del CCDTyE La Escuelita Gabriel Cañicul, Raúl Artemio «el abuelo» Domínguez, Desiderio Andrés «perro vago» González, Arsenio «zorzal» Lavayén, José María Martínez.
Asimismo, la perpetua fue la pena que la Fiscalía pidió para el integrante de la División II Inteligencia del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén, Oscar Lorenzo Reinhold, los policías bonaerenses Pedro José Noel y Jesús Salinas y el jefe de la Policía Federal de Neuquén Osvaldo Antonio Laurella Crippa.
19 años de cárcel común fueron exigidos para el policía federal de Viedma Osvaldo Vicente Floridia y 18 para los militares de la Agrupación Tropas Miguel Ángel Chiesa, Jorge Horacio Rojas y Miguel Ángel Nilos. Para los ex jefes de la Unidad Penal 4 de Villa Floresta Héctor Luis Selaya y Andrés Reynaldo Miraglia solicitaron 15 y 13 años de prisión, respectivamente. Y también 13 se solicitaron para el comisario rionegrino Antonio Alberto Camarelli.
Durante el desarrollo del debate murieron Carlos Andrés Stricker, Hugo Jorge Delmé y Raúl Oscar Otero -Fiscalía pidió su pena igualmente por falta de certificación de su fallecimiento-, todos condenados a prisión perpetua en juicios anteriores. Previamente habían sido apartados del proceso Enrique Braulio Olea, Julio Manuel Santamaría, Mario Alberto Gómez Arena y Luís Alberto Farías Barrera.
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