El papa jubiló al obispo acusado de encubrir a Vara

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Jorge Bergoglio aceptó la renuncia del arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo José Garlatti, imputado por encubrir al ex capellán del V Cuerpo de Ejército Aldo Vara. El obispo se retira beneficiado por falta de mérito en la causa aunque la última palabra la tendrá la Corte Suprema. La Procuración General de la Nación recurrió su desprocesamiento.

La investigación sobre los crímenes de Vara fue ordenada por el Tribunal Oral en la sentencia del primer juicio a genocidas realizado en Bahía Blanca. La Fiscalía probó que el cura no solo concurría a los centros clandestinos sino que hubo personas en cautiverio en su propia oficina del Batallón de Comunicaciones 181.

“El rol de Vara no fue el de dictar su homilía en la capilla o llevar los oficios de la institución eclesiástica al Ejército, sino, y en ejercicio de su función militar, garantizó la continuidad de la privación ilegal de la libertad y torturó psíquicamente a los cautivos dentro del CCDTyE y a sus familiares fuera de él”, afirmaron los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani.

Garlatti cumplió este miércoles 77 años y recibió el mensaje del papa Francisco através del nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig quien comunicó la aceptación de la dimisión presentada dos años atrás. Será reemplazado por su obispo coadjutor Carlos Alfonso Azpiroz Costa.

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En junio de 2014, el juez federal Álvaro Coleffi procesó al arzobispo por asistir a Vara, quien se mantuvo prófugo tras ser imputado por crímenes de lesa humanidad. El magistrado lo halló “autor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado en su modalidad de favorecimiento personal en concurso real con el delito de desobediencia”. La misma suerte corrió el empresario inmobiliario Leopoldo Bochile, apoderado del cura represor.

A partir de una denuncia de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad a cargo de Miguel Palazzani y José Nebbia, la investigación fue encabezada por su par Antonio Castaño ante el Juzgado Federal Nº1.

Así se logró acreditar que Vara, cuya captura fue ordenada el 7 de agosto de 2013 y fue hallado por Interpol en Ciudad del Este, Paraguay, el 28 de abril de 2014, era beneficiario de un subsidio de 2350 pesos que paga la Conferencia Episcopal Argentina a los sacerdotes mayores de 68 años a través de las respectivas curias. Vara había designado en 2001 a Bochile para percibirlo en su nombre todos los meses en el Arzobispado de Bahía Blanca.

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Asistido por el abogado Héctor Bertoncello, Garlatti afirmó que “canónicamente el Obispo de Vara soy yo”, que “estuve al tanto” del caso del ex capellán y asumió “expresamente que el administrador puso en conocimiento que Vara percibía los fondos FIDES a través de un apoderado; incluso admitiendo que este tema ha sido motivo de comunicación al más alto nivel de la Iglesia, por ejemplo con el Nunzio Apostólico (sic)”.

“Estamos hablando de un clérigo incardinado en el Arzobispado local, imputado de lesa humanidad, sobre el que se decidió no dar toda la información que existía en el Arzobispado. Desconocer esta trascendencia, o esta dimensión, es intentar explicar lo inexplicable”, afirmó Coleffi.

El represor Aldo Vara, fallecido en Paraguay mientras esperaba ser extraditado, había dejado a Bochile y a su esposa Alicia Irene Tamborindeguy como encargados del cobro del subsidio FIDES y la administración de algunas propiedades. Sin embargo, el juez no comprobó una relación de amistad entre el empresario y el cura o su familia que pudiera ubicarlo en una posición judicial menos comprometida.

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En febrero de 2015 la Cámara Federal de Apelaciones bahiense dictó la falta de mérito del obispo y el apoderado del ex capellán argumentando que la omisión del Arzobispado de informar sobre el subsidio es “un dato que no era requerido expresamente por la sede [judicial]” y ponderaron que el propio Garlatti en su declaración indagatoria había afirmado que “nunca imaginó que dicho dato podría resultar relevante para dar con el paradero de quien se encontraba prófugo”. El fallo fue firmado por Pablo Candisano Mera y Ricardo Emilio Planes.

Días después, el fiscal general de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, recurrió ante la Cámara Federal de Casación Penal y aseguró que de no permitirse una revisión de la sentencia “esta causa está muerta y no la revivirá siquiera que la suerte de las conductas que se juzgan sean la de los portadores del Verbo Divino”.

La Corte Suprema de la Nación deberá resolver ahora si ratifica la falta de mérito del obispo jubilado o habilita un debate oral para juzgar el encubrimiento al cura torturador, que solo se distinguía de sus pares por “la sutileza de su técnica”.

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