La Corte Suprema prolonga la impunidad de Vicente Massot

Con una oración, la Corte Suprema desestimó ayer una queja contra la falta de mérito de la cual goza Vicente Massot. El ex dueño de La Nueva Provincia está acusado de ser coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y por haber efectuado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y asesinatos de otras 35 personas a través de tareas de acción psicológica desplegadas por su multimedio.

“El recurso extraordinario, cuya denegación origina esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”, firmaron Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

El fiscal Javier De Luca había fundado el recurso en el carácter equiparable a una sentencia definitiva de una resolución de la Cámara de Casación, pues constituía un sobreseimiento encubierto que violaba la obligación internacional de dilucidar y juzgar seriamente los hechos. Además, ponía en riesgo la soberanía jurisdiccional del Estado argentino porque, al tratarse de delitos de jurisdicción universal, cualquier otro país podía juzgar los hechos si no se lo hacía aquí.

La presentación de De Luca esperaba respuesta desde agosto de 2016. El 4 de julio Casación había declarado inadmisible la queja interpuesta contra un fallo de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca que, a su vez, había convalidado otro del juez ad hoc Claudio Pontet el cual declaraba la falta de mérito del empresario.

El fiscal subrayó entonces que la decisión de Pontet y la Cámara de Apelaciones “encubre la consagración de un estado de duda indefinida sobre la intervención de los responsables en el hecho de lesa humanidad investigado, lo cual se traduce en la imposibilidad de avanzar el proceso hacia la etapa de juicio oral”.

Para De Luca la Casación no logró captar “el carácter de leading case del objeto de esta causa. Con respuestas ritualistas dejó pasar la oportunidad de fijar un estándar internacional sobre la intervención de civiles en delitos de lesa humanidad, no mediante vías de hecho, sino a través del poder simbólico de las palabras difundidas por importantes medios de comunicación”.

La queja seguía las pruebas producidas por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, quienes habían demostrado que el empresario periodístico era “uno de los tres miembros del núcleo decisional del diario”. Reprochaban a la empresa “haber publicado un mensaje de incitación al genocidio (o delitos de lesa humanidad), a través de una exhortación al aniquilamiento total y definitivo de un colectivo humano” y “un llamado a la población a comprometerse, formar parte, colaborar y asumir las responsabilidades de aquella ‘tarea histórica’, una legitimación del accionar represivo y un ocultamiento de la ilegalidad”.

En febrero de 2016, la Cámara Federal había confirmado la falta de mérito de Massot y declarado abstracto un pedido de nulidad de lo actuado por el abogado Claudio Pontet, quien benefició al empresario en marzo de 2015.

Palazzani y Nebbia habían cuestionado aquel fallo ante la Alzada local, cuyo ex presidente Néstor Luis Montezanti renunció luego al cargo, horas antes de ser destituido por su pasado como personal civil de inteligencia del Destacamento 181 y por sus vínculos con la Triple A. Si bien estaba excusado en las causas de lesa humanidad, se involucró en la de Massot para exonerar al juez Álvaro Coleffi.

En aquel entonces, Pablo Candisano Mera y Jorge Ferro sostuvieron que, “por el momento”, no se encontraba acreditada la responsabilidad de Massot. Dijeron que las operaciones psicológicas, según su lectura de las normativas militares, eran planificadas y desarrolladas por los uniformados y que “el control y fiscalización gubernamental de los medios de comunicación en la lucha contra la subversión también estaba consagrado reglamentariamente”.

“No es posible considerar como lo hacen los fiscales que toda esta responsabilidad recayera en una empresa privada, o en un civil, siendo más lógico y razonable, a la par de legal y reglamentario, que el Jefe de Operaciones de la Zona 5 se valga de aquellos elementos que le puedan resultar útiles en su planificación”, escribieron victimizando al clan Massot.

El veredicto compartía la opinión sobre la “cuasi legalidad de la época” de los crímenes que había planteado Pontet en base a los decretos del gobierno de Isabel Perón para “aniquilar la subversión”.

Como “para ciertos sectores de la sociedad”, entre ellos la empresa de la familia Massot, “la subversión armada era un peligro actual, real y palpable, por lo que la acción psicológica militar sobre ella, solo tendría que acentuar el miedo sin necesidad de convencer. Por ello es que no puede considerarse acreditado que el diario y/o sus directivos tuvieran un conocimiento previo y certero respecto de la realidad de la lucha contra la subversión”, entendió Candisano.

Al amparo de la “libertad de prensa”, agregó: “De allí también que la línea editorial, si bien no era muy diferente antes, alentara y proclamara la necesidad de aniquilar la subversión de la que legítimamente podían sentirse blanco, y dicho mensaje no era más que el oficial y, aún sin saberlo, hasta legal, según los cánones de legalidad de la época”.

Para Nebbia y Palazzani “La Nueva Provincia hizo otra cosa que periodismo”, fue “el guión del terrorismo de Estado y del genocidio perpetrado en Bahía Blanca y la región”. El rol del diario en las tareas militares de acción psicológica fue resaltado por los propios órganos de inteligencia, que “definían a la empresa de los Massot como el ‘único medio real de difusión’ de la región, ‘único objetivo de valor en Bahía Blanca’ y un ‘medio de difusión fundamental’”.

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