Confirmaron los procesamientos de cinco integrantes de la Triple A

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Arriba: Forcelli, Montezanti -también imputado por los fiscales- y Aceituno. Abajo: Chisu, Curzio y Pallero.

Es por el delito de asociación ilícita y, en un caso, por el homicidio en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur (UNS) del estudiante David Hover “Watu” Cilleruelo. La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó el viernes los procesamientos de cinco personas por el delito de asociación ilícita, al considerar acreditado que formaron parte de la organización Triple A. Se trata de Raúl Roberto Aceituno, Héctor Oscar Chisú, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero.

La resolución alcanza a uno de ellos, también, por el homicidio del dirigente estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur (UNS), en abril de 1975. En la causa interviene la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa ciudad, que encabezan Miguel Palazzani y José Nebbia.

La investigación involucra además al ex camarista Néstor Montezanti quien fuera declarado en rebeldía con prohibición de salir del país por el juez Alejo Ramos Padilla durante su paso por el juzgado local.

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Se conoció la sentencia del Juicio Ejército III

21 genocidas fueron condenados a penas de prisión perpetua en el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires. Se trata del tercer tramo de la causa V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca en el cual otros nueve represores recibieron castigos de entre tres y catorce años y uno fue absuelto.

El tribunal aceptó nuevamente el pedido de derecho a réplica colectivo solicitado por la Fiscalía y ordenó que, una vez firme la sentencia, La Nueva Provincia “publique la rectificación como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria” de ediciones en las cuales varias de las víctimas aparecen como “detenidos o abatidos en enfrentamientos con militares, cuando quedó acreditado que fueron objeto de secuestro, tortura o fusilamiento por parte del personal militar de la época”.

Los jueces José Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava afirmaron que los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad y, por mayoría, declararon que “fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívica militar”. Además, mandaron que las penas se cumplan en cárceles comunes del Servicio Penitenciario Federal. Sigue leyendo

Ejército III: el 4 de octubre se conocerá el veredicto

lavayenCon las últimas palabras de los acusados frente al tribunal bahiense, terminó este miércoles el debate del Juicio Ejército III. La sentencia contra 31 de los 39 imputados elevados a la instancia oral se conocerá el próximo miércoles 4 de octubre a las 17, en Colón 80.

Varios genocidas hicieron uso del derecho a hablar antes de escuchar el veredicto pero ninguno dijo quiénes se apropiaron de los bebés nacidos en La Escuelita ni dónde están las compañeras y los compañeros detenidos desaparecidos.

Uno de los guardias del mayor campo de exterminio que funcionó en Bahía Blanca, Arsenio Lavayén, declaró que no presenció el nacimiento en cautiverio del hijo de Graciela Romero y Raúl Metz. Afirmó que lo retiró un médico del V Cuerpo y que Santiago Cruciani manifestó que “un mayor y su esposa” se lo llevarían a Buenos Aires.

El proceso comenzó el 11 de octubre de 2016 y tramitó lentamente con audiencias cada quince días. Es el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad iniciado en Bahía Blanca y el tercer tramo de la causa Ejército. Durante su transcurso, el comisario Gustavo Boccalari fue condenado a cadena perpetua por el mismo tribunal, con una composición alternativa. Sigue leyendo

“Nunca colaboraron, nunca se arrepintieron”

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El fiscal José Nebbia realizó hoy sus réplicas en el Juicio Ejército III y destacó que “los que están sentados acá atrás o mirando por tele” son los que saben dónde están los jóvenes apropiados luego de nacer en cautiverio en el centro clandestino de detención, torturas y extermino La Escuelita.

Minutos antes, el defensor oficial Gustavo Rodríguez había finalizado sus alegatos. La audiencia se reanudará este miércoles a las 9 en Colón 80 con las dúplicas. Una nueva sentencia se acerca a pesar de las esporádicas sesiones del tribunal.

“Llama la atención la postura de la defensa oficial. Sucintamente ya hay condenados en esta jurisdicción por esos hechos y esas condenas han sido confirmadas por Casación”, dijo José Nebbia en relación al robo de bebés en Bahía Blanca. Sigue leyendo

Cayó el entregador del conscripto Aleksoski

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La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo en una finca de las afueras de San Salvador de Jujuy al ex teniente coronel del Ejército José Ignacio Saravia Day, quien se encontraba prófugo desde hace más de tres años de la justicia federal de La Plata, donde se lo acusa por la desaparición del conscripto José David Aleksoski en 1976 y por el secuestro y las torturas que sufrieron otros dos soldados que finalmente recuperaron la libertad.

Aleksoski, oriundo de Bahía Blanca, estudiaba Arquitectura en La Plata cuando salió sorteado para el Servicio Militar Obligatorio e ingresó, en febrero de 1976, a realizar la conscripción en el Regimiento de Granaderos a Caballo donde también revistaban los dos sobrevivientes.

Saravia Day, de 71 años, fue localizado y capturado en una casa situada en una zona semirural, ubicada a unos ocho kilómetros al norte de la capital jujeña. La fuerza de seguridad sugirió al juez federal platense Ernesto Kreplak el allanamiento de la vivienda, luego de que las intervenciones realizadas sobre los abonados telefónicos del entorno familiar y de amigos del ex militar consolidaran la sospecha de que se hallaba en ese lugar. Sigue leyendo

Cinco marinos procesados por crímenes de lesa humanidad

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Luchetta fue el tercer interventor de la dictadura en Santa Fe.

El titular del Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca, Walter López da Silva, dictó el procesamiento con prisión preventiva de cinco ex oficiales de la Armada -detenidos el 3 de julio pasado- por los delitos de privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos, homicidios y desaparición forzada, a los cuales calificó con la categoría internacional de crímenes de lesa humanidad.

En una resolución de 186 carillas, el juez además dispuso el embargo de los bienes de cada uno de los cinco acusados en 2 millones de pesos. En la causa, impulsada por la Unidad Fiscal a cargo de Miguel Palazzani y José Nebbia, se investiga la participación de miembros de la Armada en crímenes del terrorismo de Estado en la región.

Aquella fuerza contó con los centros clandestinos de detención “Baterías”, que funcionó en la 7ma Batería de la Base de Infantería de Marina Baterías, y el “Buque ARA 9 de Julio”, el cual se encontraba flotando en la dársena de la Base Naval Puerto Belgrano. Sigue leyendo

A pesar del juez López da Silva detuvieron a represor prófugo

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La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo este lunes en La Plata al capitán de corbeta retirado Ricardo Joaquín Molina, de 87 años, quien estuvo prófugo desde 2009 -y con pedido de captura internacional desde 2010- en la causa en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad perpetrados por personal de la Armada en Bahía Blanca durante la época del terrorismo de Estado. El imputado fue jefe del Departamento de Seguridad y Operaciones de la Base Naval Puerto Belgrano entre marzo y noviembre de 1976.

El militar, por quien el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrecía una recompensa, fue detenido en el domicilio de su esposa, luego de que se pudieran determinar sus movimientos gracias a la intervención de los teléfonos de su entorno familiar.

La medida fue obtenida por la Unidad Fiscal gracias a un recurso presentado ante la Cámara Federal, dado que el juez Walter López Da Silva se había negado a llevarla a cabo por considerar que era una “gravosa medida de injerencia en el ámbito de la intimidad de las personas”. Sigue leyendo