El Juicio Armada II comenzará en abril

Esta mañana se realizó la audiencia preliminar de la segunda etapa del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Base Naval de Puerto Belgrano.

“Terminamos de armar la compleja trama represiva desde la Armada, acá tenemos muchos imputados con rango medio. En el primer juicio fueron juzgados y condenados altos mandos y de bajo rango y acá venimos a completar ese organigrama que funcionó como un gran pulpo en la ciudad”, dijo a FM De la Calle el fiscal José Nebbia.

El debate oral de la causa caratulada “Aráoz de Lamadrid Nº6631” será en abril en la sede del rectorado de la UNS de Colón 80 y tendrá 14 imputados y 66 víctimas. El tribunal está integrado por Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava y los fiscales son Nebbia y Miguel Palazzani. Mónica Fernández Avello y Walter Larrea representan a las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a la APDH, respectivamente.

Según informó Nebbia, el debate “va a ser corto porque los casos de las víctimas fueron juzgados en el primer juicio, hay muy pocos casos nuevos y muy pocos testimonios nuevos porque el tribunal con muy buen criterio y -a pedido de la Fiscalía y las querellas- incorpora todos los testimonios por video para que los familiares no tengan que volver a declarar y revivir el horror que pasaron en aquella época”.

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Detuvieron a cinco marinos

El juez federal de Bahía Blanca, Walter López da Silva, hizo lugar al pedido de la Unidad Fiscal que investiga el terrorismo de Estado en la ciudad y ordenó y concretó ayer las detenciones de cinco ex oficiales de la Armada, imputados por crímenes de lesa humanidad en el marco de una asociación ilícita.

Uno de ellos es Pedro Eduardo Giromini, designado por el actual titular de Aerolíneas Argentina, Mario Dell’Acqua, como gerente de Prevención, Protección y Seguridad de la empresa estatal Intercargo. La firma que opera rampas y servicios de tierra de los aeropuertos de todo el país pasó en 1994 de manos de Alfredo Yabrán a depender de los ministerios de Economía y Defensa.

Los marinos, detenidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, serán indagados en las próximas horas. La resolución dio cauce a un pedido formulado el 11 de agosto de 2016 por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani y el fiscal ad hoc José Nebbia.

Montezanti pretende reforzar su impunidad

La Fiscalía recusó a la flamante secretaria de Derechos Humanos del Juzgado Federal Nº1, a cargo de Walter López Da Silva, dado que la funcionaria no está en condiciones de “garantizar ecuanimidad en el ejercicio de su cargo” en las causas de lesa humanidad.

Anabela Soledad Macedo se desempeñó en la vocalía de la Cámara Federal de Bahía Blanca presidida por Néstor Luis Montezanti, ex personal civil de inteligencia del Ejército durante la dictadura, imputado en la causa que investiga 22 asesinatos cometidos por la Triple A. El ex magistrado se escudó en sus fueros cuando Alejo Ramos Padilla pretendió indagarlo y una vez jubilado nunca más fue citado por el Juzgado.

Montezanti fue quien solicitó en 2010 la designación de Macedo en la Cámara y quien decidió sus posteriores ascensos. “Como consecuencia -manifestaron desde la Fiscalía-, existió un trato diario, continuo y de recíproca confianza, durante un importante periodo de tiempo, lo que además importó una relación de ascendencia y jerarquía del juez hacia la empleada”.

Por acá la impunidad no pasará!

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40 años pasaron desde aquella histórica primera ronda en la que unas Madres movilizadas por la desaparición de sus hijxs, burlaron el estado de sitio dispuesto por el gobierno de facto, e iniciaron una incansable demostración de valentía y resistencia que persistió hasta la actualidad en la plaza de Mayo.

Con ellas fueron marchando –por un mismo reclamo- miles de hombres y mujeres que, desde distintos espacios, se iban sumando a la lucha.

La Aparición con Vida era una ilusión imprescindible. El Juicio y Castigo era una exigencia irrenunciable.

Otorgaron domiciliaria citando fallo 2×1

El juez federal de Bahía Blanca, Walter López Da Silva, utilizó argumentos del fallo 2×1 de la Corte Suprema para otorgar la detención domiciliaria a un integrante de la Triple A acusado de participar en 22 asesinatos. El titular del Juzgado Federal Nº1 mandó a Osvaldo Omar Pallero a la casa de su hijo en el barrio Rosendo López porque en prisión siente “depresión, angustia y desestima personal”.

“El Máximo Tribunal de la Nación tan sólo 2 días atrás sostuvo que ‘la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho'”, citó.

El fiscal Miguel Palazzani recordó a Hugo Cañón -su antecesor en tiempos de leyes de impunidad- quien “desobedeciendo las instrucciones que se impartían a todos los fiscales federales del país, impugnó la Ley de Obediencia Debida por inconstitucional y, por mayoría, los jueces de la Cámara Federal de BB, Cotter y Larraza, la declararon inconstitucional a pesar de la presión institucional para que eso no ocurriera. En esa época fueron los únicos. Podemos desobedecer en masa al 2×1”.

Contra la impunidad: NO al 2×1

Punto de partida para el juicio Armada II

La Unidad Fiscal de Bahía Blanca logró situar en instancia de juicio oral dos grandes causas que explican el funcionamiento del terrorismo de Estado en la ciudad. Mientras la semana pasada comenzó debate por crímenes de lesa humanidad con mayor cantidad de acusados en la provincia en la “causa Ejército”, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal dio traslado al Ministerio Público Fiscal para que requiera la prueba que pretende abordar en la “causa Armada II”, que llevará a debate oral y público a 19 ex miembros de esa fuerza por los delitos cometidos en 68 casos.

El traslado del expediente a la Fiscalía se da en el marco del artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación, que estipula la “citación a juicio” de las partes, que a partir de la fecha en la que reciben la convocatoria tienen diez días para contestar la lista de testigos, los documentos y el material secuestrado que llevarán al debate.

La citación del Tribunal se da en el marco de un trabajo de la Unidad Fiscal, que encabezan el fiscal general Miguel Palazzani y el fiscal ad hoc José Nebbia, para agilizar el trámite de los expedientes de la jurisdicción.

La buena noticia es el juicio

“Nunca ha sido fácil avanzar en Bahía Blanca en nada que tuviera que ver con esto”, dijo a FM De la Calle el fiscal Miguel Ángel Palazzani horas antes del comienzo del cuarto juicio de lesa humanidad en la ciudad. Las dificultades son mayores con la “falta de apoyo y el desmantelamiento de estructuras que venían sosteniéndolos”. “Que empiece el proceso, el más grande en la provincia de Buenos Aires, que sea aquí y que avancemos con, por ejemplo, veinte nuevas imputaciones de responsables que todavía no estaban juzgados me parece una buena noticia”, agregó.

El martes a las 15 se realizará la próxima audiencia del juicio Ejército III en Colón 80. Por la mañana podría realizarse una inspección para verificar las condiciones de detención de los imputados alojados en la cárcel de Villa Floresta. El miércoles desde las 9 se completará la lectura de la acusación.

Massot con destino a Uruguay y México

Los camaristas Pablo Candisano Mera y Jorge Ferro autorizaron al empresario Vicente Massot a realizar un viaje de descanso a Punta del Este y continuar luego su periplo hacia México por motivos laborales. El titular de La Nueva Provincia está imputado por los homicidios de los obreros gráficos del diario e integrantes del sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, y la instigación pública al genocidio o delitos de lesa humanidad a través de los editoriales del periódico.

Massot solicitó permiso para “ausentarse del país en viaje de descanso a Punta del Este, Uruguay, entre los días 6 y 10 de octubre” y a “México Distrito Federal entre los días 12 y 16” por motivos laborales.

La Cámara Federal de Apelaciones resolvió la queja del fiscal Antonio Castaño contra el fallo de primera instancia firmado por la jueza subrogante Mirta Filipuzzi. El representante del Ministerio Público había alegado “peligros procesales” que “surgen del estado del proceso, pues la resolución que dispuso la falta de mérito del encausado no se encuentra firme”.