Detuvieron al ex presidente de la Cruz Roja

La Cámara Federal procesó con prisión preventiva al ex titular de la Cruz Roja, Humberto Luis Fortunato Adalberti. La Fiscalía lo imputó a partir de testimonios que lo ubicaron en el centro clandestino de detención La Escuelita en su rol de médico militar.

El órgano judicial revocó, además, el sobreseimiento de los ex secretarios del Juzgado Federal Hugo Mario Sierra y Gloria Girotti, quienes continuarán siendo investigados por su participación en el terrorismo de Estado.

“Adalberti era uno de los médicos militares del Hospital de Evacuaciones 181. Era una estructura chica respecto a los militares que tenían especialidad de médico y dentro de la misma siempre se supo, por reconocimiento de alguno de los de mayores jerarquías de esa unidad, que la prestación de asistencia médica al centro clandestino La Escuelita la realizaban desde allí”, dijo a FM De la Calle el fiscal auxiliar Pablo Fermento.

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Cada vez hay más genocidas libres

El fiscal auxiliar Pablo Fermento informó a FM De la Calle que de casi un centenar de imputados en las causas Ejército, Armada y Triple A: 27 están en libertad, 52 cumplen prisión domiciliaria, nueve tienen sus procesos suspendidos, dos están prófugos y solo siete están en la cárcel.

Este fin de semana habitantes de Villa Elisa repudiaron la presencia en su localidad del represor Eduardo Carlos Videla, quien debe ser juzgado en un próximo juicio por crímenes de lesa humanidad en nuestra ciudad.

Elevaron a juicio otro tramo de la causa Ejército

Los fiscales Antonio Castaño y Miguel Ángel Palazzani solicitaron la elevación a juicio de 33 integrantes del Ejército, agentes de la Policía Federal y de la provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario por delitos de lesa humanidad cometidos contra 174 víctimas. Pretenden que sean juzgados junto a otro grupo de genocidas de la causa “Ejército” que ya se encuentra radicada ante el Tribunal Oral.

78 de las 174 víctimas corresponden a casos por los que por primera vez se requiere la elevación a juicio.

Difundieron el fallo del Juicio Ejército III

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca dio a conocer esta semana los fundamentos de la sentencia del Juicio Ejército III en la cual 21 genocidas fueron condenados a penas de prisión perpetua, otros nueve recibieron castigos de entre tres y catorce años y uno fue absuelto.

2024 páginas tiene la argumentación del fallo de los jueces José Mario Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava en el expediente caratulado “FBB 93000001/2012/TO1 caratulada ‘González Chipont Julio Guillermo y otros s/ Privación ilegal de libertad (Art.144 bis inc.1) (Lesa Humanidad)’ Querellante: Secretaria de Derechos Humanos Ministerio de Justicia, seguridad y derechos humanos de la Nación y otros”.

Se conoció la sentencia del Juicio Ejército III

21 genocidas fueron condenados a penas de prisión perpetua en el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires. Se trata del tercer tramo de la causa V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca en el cual otros nueve represores recibieron castigos de entre tres y catorce años y uno fue absuelto.

El tribunal aceptó nuevamente el pedido de derecho a réplica colectivo solicitado por la Fiscalía y ordenó que, una vez firme la sentencia, La Nueva Provincia “publique la rectificación como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria” de ediciones en las cuales varias de las víctimas aparecen como “detenidos o abatidos en enfrentamientos con militares, cuando quedó acreditado que fueron objeto de secuestro, tortura o fusilamiento por parte del personal militar de la época”.

Los jueces José Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava afirmaron que los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad y, por mayoría, declararon que “fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívica militar”. Además, mandaron que las penas se cumplan en cárceles comunes del Servicio Penitenciario Federal.

Ejército III: el 4 de octubre se conocerá el veredicto

Con las últimas palabras de los acusados frente al tribunal bahiense, terminó este miércoles el debate del Juicio Ejército III. La sentencia contra 31 de los 39 imputados elevados a la instancia oral se conocerá el próximo miércoles 4 de octubre a las 17, en Colón 80.

Varios genocidas hicieron uso del derecho a hablar antes de escuchar el veredicto pero ninguno dijo quiénes se apropiaron de los bebés nacidos en La Escuelita ni dónde están las compañeras y los compañeros detenidos desaparecidos.

Uno de los guardias del mayor campo de exterminio que funcionó en Bahía Blanca, Arsenio Lavayén, declaró que no presenció el nacimiento en cautiverio del hijo de Graciela Romero y Raúl Metz. Afirmó que lo retiró un médico del V Cuerpo y que Santiago Cruciani manifestó que “un mayor y su esposa” se lo llevarían a Buenos Aires.

El proceso comenzó el 11 de octubre de 2016 y tramitó lentamente con audiencias cada quince días. Es el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad iniciado en Bahía Blanca y el tercer tramo de la causa Ejército. Durante su transcurso, el comisario Gustavo Boccalari fue condenado a cadena perpetua por el mismo tribunal, con una composición alternativa.

“Nunca colaboraron, nunca se arrepintieron”

El fiscal José Nebbia realizó hoy sus réplicas en el Juicio Ejército III y destacó que “los que están sentados acá atrás o mirando por tele” son los que saben dónde están los jóvenes apropiados luego de nacer en cautiverio en el centro clandestino de detención, torturas y extermino La Escuelita.

Minutos antes, el defensor oficial Gustavo Rodríguez había finalizado sus alegatos. La audiencia se reanudará este miércoles a las 9 en Colón 80 con las dúplicas. Una nueva sentencia se acerca a pesar de las esporádicas sesiones del tribunal.

“Llama la atención la postura de la defensa oficial. Sucintamente ya hay condenados en esta jurisdicción por esos hechos y esas condenas han sido confirmadas por Casación”, dijo José Nebbia en relación al robo de bebés en Bahía Blanca.

El papa jubiló al obispo acusado de encubrir a Vara

Jorge Bergoglio aceptó la renuncia del arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo José Garlatti, imputado por encubrir al ex capellán del V Cuerpo de Ejército Aldo Vara. El obispo se retira beneficiado por falta de mérito en la causa aunque la última palabra la tendrá la Corte Suprema. La Procuración General de la Nación recurrió su desprocesamiento.

La investigación sobre los crímenes de Vara fue ordenada por el Tribunal Oral en la sentencia del primer juicio a genocidas realizado en Bahía Blanca. La Fiscalía probó que el cura no solo concurría a los centros clandestinos sino que hubo personas en cautiverio en su propia oficina del Batallón de Comunicaciones 181.

“El rol de Vara no fue el de dictar su homilía en la capilla o llevar los oficios de la institución eclesiástica al Ejército, sino, y en ejercicio de su función militar, garantizó la continuidad de la privación ilegal de la libertad y torturó psíquicamente a los cautivos dentro del CCDTyE y a sus familiares fuera de él”, afirmaron los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani.

Garlatti cumplió este miércoles 77 años y recibió el mensaje del papa Francisco através del nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig quien comunicó la aceptación de la dimisión presentada dos años atrás. Será reemplazado por su obispo coadjutor Carlos Alfonso Azpiroz Costa.

La querella pidió condenas en cárceles comunes

En la última audiencia del Juicio Ejército III la abogada querellante Mónica Fernández Avello pidió penas de prisión perpetua para 24 represores y de entre 15 y 20 años para el resto.

La representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación exigió el cese de las prisiones domiciliarias y subrayó que el 10 de mayo, ante el fallo del 2×1 de la Corte Suprema, se “demostró en la calle (…) un límite colectivo ante la posibilidad cierta que los genocidas estén en libertad”. “La sociedad toda ha expresado que no hay retrocesos en este punto de nuestra democracia que estamos construyendo”.

La querella adhirió a los pedidos de reparación simbólica planteados por la Fiscalía en relación a las publicaciones de La Nueva Provincia y la difusión de los hechos, las historias de las víctimas y las sentencias desde las universidades nacionales del Sur y del Comahue y el Municipio de Bahía Blanca.

Montezanti pretende reforzar su impunidad

La Fiscalía recusó a la flamante secretaria de Derechos Humanos del Juzgado Federal Nº1, a cargo de Walter López Da Silva, dado que la funcionaria no está en condiciones de “garantizar ecuanimidad en el ejercicio de su cargo” en las causas de lesa humanidad.

Anabela Soledad Macedo se desempeñó en la vocalía de la Cámara Federal de Bahía Blanca presidida por Néstor Luis Montezanti, ex personal civil de inteligencia del Ejército durante la dictadura, imputado en la causa que investiga 22 asesinatos cometidos por la Triple A. El ex magistrado se escudó en sus fueros cuando Alejo Ramos Padilla pretendió indagarlo y una vez jubilado nunca más fue citado por el Juzgado.

Montezanti fue quien solicitó en 2010 la designación de Macedo en la Cámara y quien decidió sus posteriores ascensos. “Como consecuencia -manifestaron desde la Fiscalía-, existió un trato diario, continuo y de recíproca confianza, durante un importante periodo de tiempo, lo que además importó una relación de ascendencia y jerarquía del juez hacia la empleada”.