Montezanti se victimiza y busca asumir su propia defensa

Néstor Luis Montezanti pidió asumir su propia defensa en la causa en la cual fue procesado por haber integrado la Triple A. A la vez, el ex presidente de la Cámara Federal bahiense pretende sostener a su defensor oficial.

Desde el Juzgado plantearon que deberá optar entre una u otra opción aunque la resolución fue apelada. Mientras tanto, seguirá siendo representado por Gustavo Rodríguez, al igual que  sus compañeros de banda quienes están siendo juzgados en debate oral.

El juez Walter López da Silva calificó al reo como “autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en concurso real con el delito constitutivo de lesa humanidad de intimidación pública”.

Audiencia 16/9/20

“Era impensable en el ámbito de la universidad”

Graciela Lusky dijo en el juicio que se les sigue a cuatro integrantes de la Alianza Anticomunista Argentina de Bahía Blanca que la impunidad de la banda era tal que “no era nada clandestino”.

“Todos sabíamos lo que estaba pasando porque todos queríamos cuidarnos. Había miedo y después hubo terror. Y después no hubo nada durante muchos años”, afirmó la ex militante de la Federación Juvenil Comunista al declarar por el homicidio de David Cilleruelo.

Las próximas audiencias serán los días 11, 12 y 13 de agosto con transmisión en vivo por youtube. Están imputados Raúl Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Forcelli y Osvaldo Pallero.

Dos jornadas con testimonios del terror paraestatal

Foto: UNS.

Este jueves y viernes desde las 9 continuarán las declaraciones testimoniales del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A. Las audiencias serán en Colón 80, sin presencia de público y con transmisión en vivo por el canal de youtube de la UNS.

El debate comenzó en marzo y fue suspendido por el aislamiento obligatorio. El 3 de julio se reanudó con la presentación de José Luis Santagada, Daniel Esquivel, Juan Díaz y Marta Bustos.

Les ex militantes comunistas y peronistas bahienses relataron la presencia impune y criminal de la banda paraestatal que respondía al diputado nacional y secretario de la CGT, Rodolfo Ponce, y al interventor de la UNS, Remus Tetu. Aquí se reseñan sus testimonios.

Triple A: ¿Será justicia?

El juicio está en marcha. 45 años pasaron de los crímenes cometidos por muchos más que quienes están sentados en el banquillo. Rodolfo Ponce y Remus Tetu son los grandes ausentes. El ex diputado nacional del peronismo ortodoxo y secretario general de la CGT y el rector interventor de la UNS fueron los jefes de las bandas que asolaron las calles bahienses. Murieron impunes.

Este lunes el fiscal Pablo Fermento leyó la acusación contra Raúl Aceituno, Osvaldo Pallero, Héctor Forcelli y Juan Carlos Curzio. Los otrora bravos tripulantes de “la fiambrera” se pusieron el traje de pobres viejitos “sorprendidos” por “esta porquería” que les está pasando.

“Como todos los bahienses de esa época saben, eran los hombres de Ponce que manejaban la fiambrera, patrullaban la ciudad, decidían quién vivía, quién no, quién podía andar por las calles por las noches, quién podía opinar y quien no, imponían su forma de pensar e intimidaban y asesinaban a los que pensaban diferente. Eran agentes de este grupo paraestatal cuya historia vamos a tratar de reconstruir en este juicio”, dijo el fiscal a FM De la Calle.

Llega otro momento histórico en el juzgamiento del genocidio

Este lunes a las 10 comenzará el juicio contra integrantes de la Triple A de Bahía Blanca, a 45 años de sus crímenes contra más de cuarenta militantes políticos, estudiantiles y gremiales.

Para seguir el desarrollo del Juicio Triple A, desde FM De la Calle actualizamos nuestro blog juiciobahiablanca.wordpress.com y pusimos a disposición de nuestra audiencia el detalle sobre LA CAUSA, los IMPUTADOS y las VÍCTIMAS.

La audiencia pública será en Colón 80. Es el séptimo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en la ciudad y el primero contra civiles que actuaron en el terrorismo de Estado.

La Multisectorial por los Derechos Humanos convocó una concentración desde las 9:30. Para unos minutos después hicieron lo propio H.I.J.O.S., Red por la Identidad y la Mesa x el Juicio y Castigo.

La banda paraestatal estuvo en nuestra región al mando del secretario general de la CGT y diputado nacional del FreJuLi, Rodolfo “Fito” Ponce, y del rector interventor de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu.

Los acusados que llegarán al banquillo son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Héctor Oscar Chisu falleció a fines de 2019. Se les imputa el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, el homicidio en un pasillo de la UNS del estudiante David “Watu” Cilleruelo.

La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo más de cuarenta homicidios, la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

Armada II: “El daño se sigue cometiendo”

¿Dónde están los desaparecidos? La pregunta que sobrevivientes, familiares, organismos de derechos humanos y la mayoría de la sociedad argentina repetimos hace más de cuatro décadas, fue la elegida nuevamente por la Fiscalía para cerrar su alegato en el Juicio Armada II.

“La desaparición desafía una de las condiciones más básicas de la existencia humana, como es la realización del duelo. Ninguna familia pudo velar a sus desaparecidos. El valor de encontrar aunque sea los huesos. Y, sin embargo, lo que tenemos como correlato son los pactos de silencio, los compromisos de impunidad que solo se resquebrajan cuando se trata de pasar factura o de echar a alguien por la borda”.

El fiscal José Nebbia y su auxiliar, Pablo Fermento, solicitaron trece condenas de prisión perpetua, dos de 25 años, una de 16 y otra de 12. Se juzgan delitos de lesa humanidad y genocidio, consistentes en privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abuso sexual y homicidios, sufridos por 66 militantes políticos.

Declararon ex colimbas

Con testimonios de ex conscriptos de la Base Naval Puerto Belgrano y la incorporación de un represor al debate se reanudó el Juicio Armada II. Las audiencias continuarán los días 21 y 22 de febrero en Colón 80.

Horas después de lo previsto, los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu escucharon a los testigos convocados la tarde del jueves pasado.

“Se fue provocando una grieta”

El ex sacerdote Miguel Sarmiento abrió la ronda de testigos en el segundo juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano de la Armada Argentina.

Desde Azul, dialogó con FM De la Calle y reconstruyó la historia del grupo de curas tercermundistas que trabajó pastoralmente en Bahía Blanca y Punta Alta desde fines de los 60 con la participación de jóvenes militantes junto a quienes, luego, fueron perseguidos por la Triple A y la dictadura genocida.

“Hubo una clara grieta entre una iglesia preconciliar, colaboracionista, y otra iglesia que era muy comprometida con los sectores más marginados, con los sectores más empobrecidos de la población que demandaban justicia y que buscaban salir de ese estado de opresión y de desprotección en que estaban sumergidos. La iglesia que se volvió hacia ese sector sufrió las consecuencias de la dictadura”, recordó.

La próxima audiencia del Juicio Armada II será el 20 de diciembre a las 14 en Colón 80.

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-¿Cómo fue la experiencia del grupo de curas católicos que proponían una mirada distinta en la iglesia?

Comienzan las testimoniales

Este jueves se realizará la cuarta audiencia del Juicio Armada II. Por primera vez en el marco de las causas por crímenes de lesa humanidad, el Tribunal Oral sesionará en su sede de Chiclana y Lavalle.

Desde las 10:30 tendrán oportunidad de ampliar sus indagatorias algunos represores que no fueron convocados durante las audiencias de principios de mes y luego se escuchará a la primera testigo del debate.

Son juzgados 18 imputados por hechos cometidos contra 64 víctimas, casi un tercio de ellas desaparecidas. Las audiencias son orales y públicas, mayores de 18 años deben concurrir con DNI.