El papa jubiló al obispo acusado de encubrir a Vara

Jorge Bergoglio aceptó la renuncia del arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo José Garlatti, imputado por encubrir al ex capellán del V Cuerpo de Ejército Aldo Vara. El obispo se retira beneficiado por falta de mérito en la causa aunque la última palabra la tendrá la Corte Suprema. La Procuración General de la Nación recurrió su desprocesamiento.

La investigación sobre los crímenes de Vara fue ordenada por el Tribunal Oral en la sentencia del primer juicio a genocidas realizado en Bahía Blanca. La Fiscalía probó que el cura no solo concurría a los centros clandestinos sino que hubo personas en cautiverio en su propia oficina del Batallón de Comunicaciones 181.

“El rol de Vara no fue el de dictar su homilía en la capilla o llevar los oficios de la institución eclesiástica al Ejército, sino, y en ejercicio de su función militar, garantizó la continuidad de la privación ilegal de la libertad y torturó psíquicamente a los cautivos dentro del CCDTyE y a sus familiares fuera de él”, afirmaron los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani.

Garlatti cumplió este miércoles 77 años y recibió el mensaje del papa Francisco através del nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig quien comunicó la aceptación de la dimisión presentada dos años atrás. Será reemplazado por su obispo coadjutor Carlos Alfonso Azpiroz Costa.

Detuvieron a cinco marinos

El juez federal de Bahía Blanca, Walter López da Silva, hizo lugar al pedido de la Unidad Fiscal que investiga el terrorismo de Estado en la ciudad y ordenó y concretó ayer las detenciones de cinco ex oficiales de la Armada, imputados por crímenes de lesa humanidad en el marco de una asociación ilícita.

Uno de ellos es Pedro Eduardo Giromini, designado por el actual titular de Aerolíneas Argentina, Mario Dell’Acqua, como gerente de Prevención, Protección y Seguridad de la empresa estatal Intercargo. La firma que opera rampas y servicios de tierra de los aeropuertos de todo el país pasó en 1994 de manos de Alfredo Yabrán a depender de los ministerios de Economía y Defensa.

Los marinos, detenidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, serán indagados en las próximas horas. La resolución dio cauce a un pedido formulado el 11 de agosto de 2016 por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani y el fiscal ad hoc José Nebbia.

La querella pidió condenas en cárceles comunes

En la última audiencia del Juicio Ejército III la abogada querellante Mónica Fernández Avello pidió penas de prisión perpetua para 24 represores y de entre 15 y 20 años para el resto.

La representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación exigió el cese de las prisiones domiciliarias y subrayó que el 10 de mayo, ante el fallo del 2×1 de la Corte Suprema, se “demostró en la calle (…) un límite colectivo ante la posibilidad cierta que los genocidas estén en libertad”. “La sociedad toda ha expresado que no hay retrocesos en este punto de nuestra democracia que estamos construyendo”.

La querella adhirió a los pedidos de reparación simbólica planteados por la Fiscalía en relación a las publicaciones de La Nueva Provincia y la difusión de los hechos, las historias de las víctimas y las sentencias desde las universidades nacionales del Sur y del Comahue y el Municipio de Bahía Blanca.

Honoris Causa post mortem para Cañón

La Universidad Nacional de La Plata distinguió con el título Doctor Honoris Causa –post mortem– al ex fiscal general Hugo Omar Cañón, activo defensor de los derechos humanos.

La vicepresidenta académica Ana Barletta recordó que “Hugo Cañón fue el único fiscal general que desde Bahía Blanca se enfrentó a los represores y luego promovió los juicios por la verdad” y rescató “su valentía para luchar contra La Nueva Provincia, un diario cómplice de la dictadura militar”.

Montezanti pretende reforzar su impunidad

La Fiscalía recusó a la flamante secretaria de Derechos Humanos del Juzgado Federal Nº1, a cargo de Walter López Da Silva, dado que la funcionaria no está en condiciones de “garantizar ecuanimidad en el ejercicio de su cargo” en las causas de lesa humanidad.

Anabela Soledad Macedo se desempeñó en la vocalía de la Cámara Federal de Bahía Blanca presidida por Néstor Luis Montezanti, ex personal civil de inteligencia del Ejército durante la dictadura, imputado en la causa que investiga 22 asesinatos cometidos por la Triple A. El ex magistrado se escudó en sus fueros cuando Alejo Ramos Padilla pretendió indagarlo y una vez jubilado nunca más fue citado por el Juzgado.

Montezanti fue quien solicitó en 2010 la designación de Macedo en la Cámara y quien decidió sus posteriores ascensos. “Como consecuencia -manifestaron desde la Fiscalía-, existió un trato diario, continuo y de recíproca confianza, durante un importante periodo de tiempo, lo que además importó una relación de ascendencia y jerarquía del juez hacia la empleada”.

“¿Dónde están los niños apropiados y los desaparecidos?”

La Fiscalía cerró su alegato en el Juicio Ejército III con el pedido de prisión perpetua para 25 imputados y de entre 13 y 19 años para los siete restantes. Insistió con la revocatoria de las detenciones domiciliarias y el cumplimiento de las condenas en cárceles comunes y propuso medidas de reparación simbólica.

“Como sabemos que entre los imputados hay personas que conocen situaciones y circunstancias que pueden aliviar el sufrimiento de muchas víctimas, queremos terminar haciéndoles una pregunta -dijo Miguel Ángel Palazzani-. ¿Dónde están los niños apropiados y los desaparecidos? Tienen la oportunidad de la última palabra para decirlo al tribunal y a la sociedad que lo está esperando. En tanto no aparezcan y estas heridas sigan abiertas, todo lo que hagamos sigue siendo poco”.

Junto a José Nebbia y el equipo de la Unidad Fiscal, Palazzani exigió al tribunal el derecho a réplica colectivo para las víctimas en las páginas de La Nueva Provincia y el compromiso de las universidades del Sur y del Comahue y del Municipio de Bahía Blanca para difundir “que nadie puede ser perseguido, secuestrado, torturado, ni desaparecido por defender sus derechos y expresar sus ideas y de que la potencia punitiva del Estado no puede desatarse contra la población bajo ningún tipo de pretexto y menos aún por el hecho de pensar distinto”.

En las audiencias de este lunes a las 15 y del martes a las 14 en Colón 80 continuará su alegato la dra. Mónica Fernández Avello por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Bigotes dibujados: la operación de prensa para encubrir un doble homicidio

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia concluirán mañana su alegato en el juicio a 32 acusados por crímenes en el ámbito del V Cuerpo del Ejército. Uno de los 103 casos de víctimas que expusieron ante el tribunal muestra claramente las operaciones militares de acción psicológica a través del diario La Nueva Provincia, cuyo ex director se encuentra imputado por esa conducta criminal. La presentación de un fusilamiento como un enfrentamiento y la modificación de la imagen de una de las víctimas.

El dibujo de bigotes, la enfatización de las cejas con tinta negra y el oscurecimiento del pelo en la imagen de una víctima de homicidio publicada en el diario La Nueva Provincia completó la operación de acción psicológica del V Cuerpo del Ejército, que presentó como un enfrentamiento cruento con “subversivos” lo que en realidad fue el asesinato a sangre fría de Daniel Guillermo Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo. La estrategia de la operación no consistió sólo en marcar que ambos eran “subversivos”, sino también que lo parecían.

La operación de acción psicológica fue descripta por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani y el fiscal ad hoc José Nebbia en su alegato, que comenzó el 24 de abril pasado y que culminaría este martes 30 de mayo.

2×1: apelaron domiciliarias a genocidas

El fiscal Antonio Castaño presentó recursos de apelación contra las resoluciones del juez Walter López Da Silva, quien otorgó la prisión domiciliaria a dos imputados por delitos de lesa humanidad con argumentos del fallo 2×1 de la Corte Suprema.

El representante del Ministerio Público advirtió sobre los riesgos procesales de otorgar el beneficio a un ex integrante de la Triple A y un ex teniente coronel, quien transita un juicio oral y también fue condenado en 2015. Para el fiscal, los problemas de salud que alegaron las defensas pueden ser tratados en los hospitales intramuros.

Se trata del ex integrante de la Triple A Osvaldo Omar Pallero y del ex teniente coronel y ex segundo jefe de la “Agrupación Tropa” o “Equipo de Combate contra la subversión”, Julio Guillermo González Chipont, quien fue condenado a pena de prisión perpetua en el Juicio Armada y es uno de los imputados del Juicio Ejército III.

Por acá la impunidad no pasará!

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40 años pasaron desde aquella histórica primera ronda en la que unas Madres movilizadas por la desaparición de sus hijxs, burlaron el estado de sitio dispuesto por el gobierno de facto, e iniciaron una incansable demostración de valentía y resistencia que persistió hasta la actualidad en la plaza de Mayo.

Con ellas fueron marchando –por un mismo reclamo- miles de hombres y mujeres que, desde distintos espacios, se iban sumando a la lucha.

La Aparición con Vida era una ilusión imprescindible. El Juicio y Castigo era una exigencia irrenunciable.

Otorgaron domiciliaria citando fallo 2×1

El juez federal de Bahía Blanca, Walter López Da Silva, utilizó argumentos del fallo 2×1 de la Corte Suprema para otorgar la detención domiciliaria a un integrante de la Triple A acusado de participar en 22 asesinatos. El titular del Juzgado Federal Nº1 mandó a Osvaldo Omar Pallero a la casa de su hijo en el barrio Rosendo López porque en prisión siente “depresión, angustia y desestima personal”.

“El Máximo Tribunal de la Nación tan sólo 2 días atrás sostuvo que ‘la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho'”, citó.

El fiscal Miguel Palazzani recordó a Hugo Cañón -su antecesor en tiempos de leyes de impunidad- quien “desobedeciendo las instrucciones que se impartían a todos los fiscales federales del país, impugnó la Ley de Obediencia Debida por inconstitucional y, por mayoría, los jueces de la Cámara Federal de BB, Cotter y Larraza, la declararon inconstitucional a pesar de la presión institucional para que eso no ocurriera. En esa época fueron los únicos. Podemos desobedecer en masa al 2×1”.