Confirmaron los procesamientos de cinco integrantes de la Triple A

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Arriba: Forcelli, Montezanti -también imputado por los fiscales- y Aceituno. Abajo: Chisu, Curzio y Pallero.

Es por el delito de asociación ilícita y, en un caso, por el homicidio en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur (UNS) del estudiante David Hover “Watu” Cilleruelo. La actividad de la patota paraestatal dejó como saldo la proscripción de los centros de estudiantes, el cierre del comedor universitario, la expulsión de alumnos y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otros aspectos.

La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó el viernes los procesamientos de cinco personas por el delito de asociación ilícita, al considerar acreditado que formaron parte de la organización Triple A. Se trata de Raúl Roberto Aceituno, Héctor Oscar Chisú, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero.

La resolución alcanza a uno de ellos, también, por el homicidio del dirigente estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur (UNS), en abril de 1975. En la causa interviene la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa ciudad, que encabezan Miguel Palazzani y José Nebbia.

La investigación involucra además al ex camarista Néstor Montezanti quien fuera declarado en rebeldía con prohibición de salir del país por el juez Alejo Ramos Padilla durante su paso por el juzgado local.

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Se conoció la sentencia del Juicio Ejército III

21 genocidas fueron condenados a penas de prisión perpetua en el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires. Se trata del tercer tramo de la causa V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca en el cual otros nueve represores recibieron castigos de entre tres y catorce años y uno fue absuelto.

El tribunal aceptó nuevamente el pedido de derecho a réplica colectivo solicitado por la Fiscalía y ordenó que, una vez firme la sentencia, La Nueva Provincia “publique la rectificación como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria” de ediciones en las cuales varias de las víctimas aparecen como “detenidos o abatidos en enfrentamientos con militares, cuando quedó acreditado que fueron objeto de secuestro, tortura o fusilamiento por parte del personal militar de la época”.

Los jueces José Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava afirmaron que los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad y, por mayoría, declararon que “fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívica militar”. Además, mandaron que las penas se cumplan en cárceles comunes del Servicio Penitenciario Federal. Sigue leyendo

Ejército III: el 4 de octubre se conocerá el veredicto

lavayenCon las últimas palabras de los acusados frente al tribunal bahiense, terminó este miércoles el debate del Juicio Ejército III. La sentencia contra 31 de los 39 imputados elevados a la instancia oral se conocerá el próximo miércoles 4 de octubre a las 17, en Colón 80.

Varios genocidas hicieron uso del derecho a hablar antes de escuchar el veredicto pero ninguno dijo quiénes se apropiaron de los bebés nacidos en La Escuelita ni dónde están las compañeras y los compañeros detenidos desaparecidos.

Uno de los guardias del mayor campo de exterminio que funcionó en Bahía Blanca, Arsenio Lavayén, declaró que no presenció el nacimiento en cautiverio del hijo de Graciela Romero y Raúl Metz. Afirmó que lo retiró un médico del V Cuerpo y que Santiago Cruciani manifestó que “un mayor y su esposa” se lo llevarían a Buenos Aires.

El proceso comenzó el 11 de octubre de 2016 y tramitó lentamente con audiencias cada quince días. Es el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad iniciado en Bahía Blanca y el tercer tramo de la causa Ejército. Durante su transcurso, el comisario Gustavo Boccalari fue condenado a cadena perpetua por el mismo tribunal, con una composición alternativa. Sigue leyendo

“Nunca colaboraron, nunca se arrepintieron”

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El fiscal José Nebbia realizó hoy sus réplicas en el Juicio Ejército III y destacó que “los que están sentados acá atrás o mirando por tele” son los que saben dónde están los jóvenes apropiados luego de nacer en cautiverio en el centro clandestino de detención, torturas y extermino La Escuelita.

Minutos antes, el defensor oficial Gustavo Rodríguez había finalizado sus alegatos. La audiencia se reanudará este miércoles a las 9 en Colón 80 con las dúplicas. Una nueva sentencia se acerca a pesar de las esporádicas sesiones del tribunal.

“Llama la atención la postura de la defensa oficial. Sucintamente ya hay condenados en esta jurisdicción por esos hechos y esas condenas han sido confirmadas por Casación”, dijo José Nebbia en relación al robo de bebés en Bahía Blanca. Sigue leyendo

El papa jubiló al obispo acusado de encubrir a Vara

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Jorge Bergoglio aceptó la renuncia del arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo José Garlatti, imputado por encubrir al ex capellán del V Cuerpo de Ejército Aldo Vara. El obispo se retira beneficiado por falta de mérito en la causa aunque la última palabra la tendrá la Corte Suprema. La Procuración General de la Nación recurrió su desprocesamiento.

La investigación sobre los crímenes de Vara fue ordenada por el Tribunal Oral en la sentencia del primer juicio a genocidas realizado en Bahía Blanca. La Fiscalía probó que el cura no solo concurría a los centros clandestinos sino que hubo personas en cautiverio en su propia oficina del Batallón de Comunicaciones 181.

“El rol de Vara no fue el de dictar su homilía en la capilla o llevar los oficios de la institución eclesiástica al Ejército, sino, y en ejercicio de su función militar, garantizó la continuidad de la privación ilegal de la libertad y torturó psíquicamente a los cautivos dentro del CCDTyE y a sus familiares fuera de él”, afirmaron los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani.

Garlatti cumplió este miércoles 77 años y recibió el mensaje del papa Francisco através del nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig quien comunicó la aceptación de la dimisión presentada dos años atrás. Será reemplazado por su obispo coadjutor Carlos Alfonso Azpiroz Costa.

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Detuvieron a cinco marinos

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El juez federal de Bahía Blanca, Walter López da Silva, hizo lugar al pedido de la Unidad Fiscal que investiga el terrorismo de Estado en la ciudad y ordenó y concretó ayer las detenciones de cinco ex oficiales de la Armada, imputados por crímenes de lesa humanidad en el marco de una asociación ilícita.

Uno de ellos es Pedro Eduardo Giromini, designado por el actual titular de Aerolíneas Argentina, Mario Dell’Acqua, como gerente de Prevención, Protección y Seguridad de la empresa estatal Intercargo. La firma que opera rampas y servicios de tierra de los aeropuertos de todo el país pasó en 1994 de manos de Alfredo Yabrán a depender de los ministerios de Economía y Defensa.

Los marinos, detenidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, serán indagados en las próximas horas. La resolución dio cauce a un pedido formulado el 11 de agosto de 2016 por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani y el fiscal ad hoc José Nebbia. Sigue leyendo

La querella pidió condenas en cárceles comunes

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En la última audiencia del Juicio Ejército III la abogada querellante Mónica Fernández Avello pidió penas de prisión perpetua para 24 represores y de entre 15 y 20 años para el resto.

La representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación exigió el cese de las prisiones domiciliarias y subrayó que el 10 de mayo, ante el fallo del 2×1 de la Corte Suprema, se “demostró en la calle (…) un límite colectivo ante la posibilidad cierta que los genocidas estén en libertad”. “La sociedad toda ha expresado que no hay retrocesos en este punto de nuestra democracia que estamos construyendo”.

La querella adhirió a los pedidos de reparación simbólica planteados por la Fiscalía en relación a las publicaciones de La Nueva Provincia y la difusión de los hechos, las historias de las víctimas y las sentencias desde las universidades nacionales del Sur y del Comahue y el Municipio de Bahía Blanca. Sigue leyendo

Honoris Causa post mortem para Cañón

cañón 2La Universidad Nacional de La Plata distinguió con el título Doctor Honoris Causa –post mortem– al ex fiscal general Hugo Omar Cañón, activo defensor de los derechos humanos.

La vicepresidenta académica Ana Barletta recordó que “Hugo Cañón fue el único fiscal general que desde Bahía Blanca se enfrentó a los represores y luego promovió los juicios por la verdad” y rescató “su valentía para luchar contra La Nueva Provincia, un diario cómplice de la dictadura militar”. Sigue leyendo

Montezanti pretende reforzar su impunidad

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La Fiscalía recusó a la flamante secretaria de Derechos Humanos del Juzgado Federal Nº1, a cargo de Walter López Da Silva, dado que la funcionaria no está en condiciones de “garantizar ecuanimidad en el ejercicio de su cargo” en las causas de lesa humanidad.

Anabela Soledad Macedo se desempeñó en la vocalía de la Cámara Federal de Bahía Blanca presidida por Néstor Luis Montezanti, ex personal civil de inteligencia del Ejército durante la dictadura, imputado en la causa que investiga 22 asesinatos cometidos por la Triple A. El ex magistrado se escudó en sus fueros cuando Alejo Ramos Padilla pretendió indagarlo y una vez jubilado nunca más fue citado por el Juzgado.

Montezanti fue quien solicitó en 2010 la designación de Macedo en la Cámara y quien decidió sus posteriores ascensos. “Como consecuencia -manifestaron desde la Fiscalía-, existió un trato diario, continuo y de recíproca confianza, durante un importante periodo de tiempo, lo que además importó una relación de ascendencia y jerarquía del juez hacia la empleada”. Sigue leyendo