Armada II: la sentencia se conocerá el 28 de agosto

El tribunal oral leerá el veredicto del segundo tramo de la causa Armada el próximo miércoles 28 de agosto por la mañana. Dos días antes, los genocidas serán trasladados por primera vez al Aula Magna de Colón 80 para decir sus última palabras.

“A este juicio nunca fueron traídos, lo siguen por videoconferencia. Están todos con prisión domiliciaria, la mayoría en Buenos Aires, salvo tres casos que están en libertad”, dijo a FM De la Calle el fiscal auxiliar Pablo Fermento.

El debate giró en torno a los secuestros, torturas y homicidios cometidos en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano contra 64 víctimas, casi un tercio de cuales continúan desaparecidas.

Esta semana terminaron los alegatos de las defensas. El miércoles 14 será el turno de las réplicas y dúplicas en la sede del TOF de Chiclana y Lavalle.

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Una Pila de impunidad

(Por La Retaguardia) Un vecino de Berazategui fotografió a una persona que, asegura, es el represor Pedro Alberto Pila, que debería estar en su casa con prisión domiciliaria. El genocida fue condenado en 2015 a 18 años de prisión, pero cuenta con el beneficio de la domiciliaria desde 2014. Según sus vecinos, los paseos son casi diarios.

“Pila nació el 10 de octubre de 1938 en Reconquista, provincia de Santa Fe, hijo de Pablo Lázaro y Alcira Hortensia Almirón. Prefecto (retirado) de la Prefectura Naval Argentina y domiciliado en Berazategui, en la calle 150 N°28. Fue juzgado por 25 secuestros y 16 casos de torturas”, dice el dossier de FM De la Calle de Bahía Blanca sobre el genocida condenado por los crímenes de lesa humanidad que cometió durante la última dictadura, en la Base Naval Puerto Belgrano de la Armada Argentina. Durante un tramo del juicio, la testigo Diana Fernández describió al prefecto Pedro Pila como un “perverso”.

Lentos pero vienen: arranca el sexto juicio

Este viernes a las 9 comenzará el debate oral del segundo tramo de la causa Armada. Mientras, se demoran una cuarta parte de Ejército, el juicio a integrantes de la Triple A y otras investigaciones contra responsables civiles del genocidio en Bahía Blanca y la región.

18 imputados, 64 víctimas, casi un tercio de ellas desaparecidas. Las audiencias orales y públicas serán cada quince días en Colón 80. Habrá alrededor de veinte testigos y, probablemente, solo un represor en la sala. El resto seguirá el debate por videoconferencia.

Es el sexto juicio que se realizará en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur. Es el lento camino de una etapa del Juicio y Castigo iniciada en junio de 2011.

Juicio Armada II: el 26 de octubre comenzará el debate oral

Con 15 represores imputados y un nuevo tribunal iniciará dentro de cuatro meses el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca y la región. Es un nuevo tramo de la investigación sobre los hechos ocurridos bajo el control operacional de la Armada Argentina desde la Base Naval de Puerto Belgrano de Punta Alta.

Serán los jueces Luis Salas, Marcos Aguerrido y Oscar Albrieu quienes reemplacen a los renunciantes Jorge Ferro, Martín Bava y Mario Triputti en la subrogancia del Tribunal Oral bahiense. La Fiscalía estará representada por Miguel Ángel Palazzani.

Movilización a 42 años del golpe genocida

Seguí la sentencia en vivo

11 años sin Julio: aparición con vida de López y Maldonado

Cayó el entregador del conscripto Aleksoski

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo en una finca de las afueras de San Salvador de Jujuy al ex teniente coronel del Ejército José Ignacio Saravia Day, quien se encontraba prófugo desde hace más de tres años de la justicia federal de La Plata, donde se lo acusa por la desaparición del conscripto José David Aleksoski en 1976 y por el secuestro y las torturas que sufrieron otros dos soldados que finalmente recuperaron la libertad.

Aleksoski, oriundo de Bahía Blanca, estudiaba Arquitectura en La Plata cuando salió sorteado para el Servicio Militar Obligatorio e ingresó, en febrero de 1976, a realizar la conscripción en el Regimiento de Granaderos a Caballo donde también revistaban los dos sobrevivientes.

Saravia Day, de 71 años, fue localizado y capturado en una casa situada en una zona semirural, ubicada a unos ocho kilómetros al norte de la capital jujeña. La fuerza de seguridad sugirió al juez federal platense Ernesto Kreplak el allanamiento de la vivienda, luego de que las intervenciones realizadas sobre los abonados telefónicos del entorno familiar y de amigos del ex militar consolidaran la sospecha de que se hallaba en ese lugar.

Cinco marinos procesados por crímenes de lesa humanidad

Luchetta fue el tercer interventor de la dictadura en Santa Fe.

El titular del Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca, Walter López da Silva, dictó el procesamiento con prisión preventiva de cinco ex oficiales de la Armada -detenidos el 3 de julio pasado- por los delitos de privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos, homicidios y desaparición forzada, a los cuales calificó con la categoría internacional de crímenes de lesa humanidad.

En una resolución de 186 carillas, el juez además dispuso el embargo de los bienes de cada uno de los cinco acusados en 2 millones de pesos. En la causa, impulsada por la Unidad Fiscal a cargo de Miguel Palazzani y José Nebbia, se investiga la participación de miembros de la Armada en crímenes del terrorismo de Estado en la región.

Aquella fuerza contó con los centros clandestinos de detención “Baterías”, que funcionó en la 7ma Batería de la Base de Infantería de Marina Baterías, y el “Buque ARA 9 de Julio”, el cual se encontraba flotando en la dársena de la Base Naval Puerto Belgrano.

A pesar del juez López da Silva detuvieron a represor prófugo

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo este lunes en La Plata al capitán de corbeta retirado Ricardo Joaquín Molina, de 87 años, quien estuvo prófugo desde 2009 -y con pedido de captura internacional desde 2010- en la causa en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad perpetrados por personal de la Armada en Bahía Blanca durante la época del terrorismo de Estado. El imputado fue jefe del Departamento de Seguridad y Operaciones de la Base Naval Puerto Belgrano entre marzo y noviembre de 1976.

El militar, por quien el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrecía una recompensa, fue detenido en el domicilio de su esposa, luego de que se pudieran determinar sus movimientos gracias a la intervención de los teléfonos de su entorno familiar.

La medida fue obtenida por la Unidad Fiscal gracias a un recurso presentado ante la Cámara Federal, dado que el juez Walter López Da Silva se había negado a llevarla a cabo por considerar que era una “gravosa medida de injerencia en el ámbito de la intimidad de las personas”.