LA CAUSA Z5

Estructura del aparato represivo

Los hechos investigados en esta causa ocurrieron en la zona de defensa 5, dependiente del V Cuerpo de Ejército.

Su jurisdicción abarcaba el sur de la provincia de Buenos Aires (partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Pringles, González Chávez, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino, Bahía Blanca y Patagones) y las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y el entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego.

Comandaron el V Cuerpo de Ejército y por lo tanto la zona de defensa 5:

• General Osvaldo René AZPITARTE (desde enero de 1976).
• General José Antonio VAQUERO (desde diciembre de 1977).
• General Abel Teodoro CATUZZI (desde octubre de 1979).
• General José Rogelio VILLARREAL (desde febrero de 1980).
• General Osvaldo Jorge GARCÍA (desde diciembre de 1981).

La zona de defensa 5, estaba inicialmente dividida en tres subzonas: 51, 52 y 53.

La subzona 51 estaba a cargo del 2º Comandante del V Cuerpo de Ejército con sede en Bahía Blanca y jurisdicción sobre los partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Pringles, González Chávez, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino, Bahía Blanca y Patagones de la provincia de Buenos Aires; y sobre los departamentos de Avellaneda, Pichi Mahuida, 25 de mayo, 9 de julio, Valcheta, San Antonio, Adolfo Alsina y Conesa de provincia de Río Negro y una pequeña porción de la provincia de La Pampa.

Fueron responsables de la subzona 51:

• General Adel Edgardo VILAS (desde diciembre de 1975).
• General Abel Teodoro CATUZZI (desde diciembre de 1976).
• General Raúl José ORTIZ (desde diciembre de 1979).

Dentro de la subzona 51, el aparato represivo comprendía otros elementos como el Destacamento de Inteligencia 181, la Compañía Telecomunicaciones 181, Compañía Policía Militar 181, Hospital Evacuación 181, Sección Depósito de Sanidad 181.

La subzona 51, estaba -a su vez- dividida en áreas y sub áreas.

En lo que respecta al área 511, la unidad responsable era el Batallón de Comunicaciones Comando 181, Guarnición Bahía Blanca. Con jurisdicción sobre los partidos del sur de Buenos Aires bajo jurisdicción de la subzona 51.

Fueron jefes del Batallón de Comunicaciones Comando 181 y, por ende, Jefes del área 511, el Teniente Coronel Cipriano Argentino TAUBER (desde octubre de 1974), el Teniente Coronel Jorge Enrique MANSUETO SWENDSEN (desde noviembre de 1976), el Teniente Coronel Carlos Alberto Gerardo MORRONE (desde enero de 1979) y el Teniente Coronel Alfredo Francisco ANDUJAR (desde septiembre de 1980).

El territorio restante de la subzona 51, dentro del cual se hallaban comprendidas dos áreas de defensa, estaba dividido entre las unidades militares del V Cuerpo de Ejército y las correspondientes a la Fuerza Armada.

Las unidades del Ejército responsables de este territorio eran el Distrito Militar con sede en la ciudad de Viedma y el Batallón de Arsenales 181 con asiento en Pigüé, partido de Saavedra.

Revistaron como Jefes del Batallón de Arsenales 181 con sede en Pigüé el Teniente Coronel Luis María DELAICO (desde noviembre de 1975), el Teniente Coronel Enrique Alberto FERRARIS (desde octubre de 1977) y el Teniente Coronel Alejandro PÉREZ GIMENEZ (desde octubre de 1979).

Por otra parte, la Subzona 52 incluía la provincia del Neuquén y las siguientes localidades de la provincia de Río Negro: Gral. Roca, Ñorquinco, Pilcaniyeu, Bariloche, El Cuy y 25 de Mayo.

Estaba a cargo del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VI con sede en Neuquén, por los que sus respectivos comandantes fueron jefes de Subzona (Horacio Tomás LIENDO, Jorge Ricardo LUERA, José Luis SEXTON).

También se encontraba dividida en áreas. Entre ellas, se encontraba el Área 5.2.1, a cargo del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 de Neuquén y abarcaba los Departamentos Confluencia (Provincia de Neuquén, área capital y aledaños) y Gral. Roca (ciudad homónima y aledaños).

Metodología del plan sistemático criminal

La actividad clandestina e ilegal del aparato coercitivo del Estado, principiaba por la “selección del blanco”, lo que a entender del general Adel Edgardo VILAS se trataba de una tarea realizada sobre la base de datos “proporcionados por la propia población que colaboraba espontáneamente y los antecedentes que obraban en el área de Inteligencia”.

La definición de los “elementos” a seleccionar era sumamente amplia, incluía un variado espectro que se extendía desde el “enemigo real” al “simple oponente”, según el RC 16-1 “Inteligencia Táctica” del año 1976.

Los datos relativos a las personas consideradas “peligrosas” eran reunidos por la “Comunidad Informativa”, organismo constituido por el conjunto de Servicios de Informaciones de cada fuerza.

Una vez que el “blanco” estaba “seleccionado”, debía ser “fijado” en el domicilio en el que se concretaría el secuestro.

Las personas encargadas de esta tarea se comunicaban con el “equipo de contrasubversión” y le proporcionaban la información necesaria para que este pudiera organizar el procedimiento.

Previo a que el “grupo de tareas” iniciara el procedimiento, se solicitaba la “liberación de la zona” con el objeto de evitar interferencias entre las distintas fuerzas represivas. De este modo, los captores podían actuar con total impunidad y los pedidos de auxilio de las víctimas resultaban infructuosos.

El grupo encargado de hacer la ofensiva debía “aplicar el poder de combate actuando con la máxima violencia para aniquilar a los delincuentes subversivos donde se encuentren”.

A través de diversos episodios se evidencia la capacidad de “aniquilamiento” de las Fuerzas Armadas y de los grupos operativos en la ejecución del plan de exterminio.

Irrumpían violentamente en un domicilio durante la noche, golpeaban a la víctima, a todas ellas las encontraban en la realización de actividades cotidianas o incluso durmiendo, la dejaban absolutamente inerme, robaban sus pertenencias, amenazaban a su familia, en ocasiones destruían el mobiliario existente y en medio de esas circunstancias procedían a encapuchar o vendar y secuestrar a las víctimas.

Los tiempos del operativo de secuestro eran variables, dependían del lugar en el que se ejecutara, a plena luz del día, de noche en la vía pública, en el domicilio o en el sitio de trabajo. Los mismos efectivos que realizaban el operativo, perpetraban los saqueos.
Una vez que las víctimas eran capturadas de forma violenta, amedrentadas física y psicológicamente, en estado de absoluta indefensión, en un marco a todas luces oculto y de incertidumbre sobre el propio destino, las llevaban al centro clandestino de detención, los cuales completaban la composición del cuadro represivo.

En estos interactuaban, con diferentes roles, jefes, interrogadores y guardias, todos ellos ejerciendo de modo coordinado una actividad tendiente a mantener a las víctimas cautivas sujetas al poder discrecional del aparato represivo ejecutando las órdenes por más aberrantes que fueran más las que decidían consumar por sí mismos en el ámbito de su libre actuación.

Los guardias mantenían un contacto directo y constante con las víctimas, lo que hace importante detenerse en la actividad que desplegaban y que participaba de la condición de “clandestinidad” a la que se refiere la propia denominación de los sitios de cautiverio. Por ello, se implementó como medida de resguardo en el momento de la conducta e impunidad futura, la cobertura de las identidades de quienes ejercieron ese rol bajo “alias” o apodos con que se hacían denominar con la finalidad de que no se conozca su identidad y así sustraerse a cualquier consecuencia futura (incluido su juzgamiento).

Una de las funciones que cumplían consistía en mantener reducidas a las víctimas en el interior del centro clandestino, en las condiciones que han descripto, con unanimidad, quienes lograron sobrevivir: tirados en camastros o directamente en el piso, atados, vendados y en total silencio.

Para lograr el sometimiento absoluto de las víctimas, los guardias descargaban sobre los cautivos todo tipo de actos violentos, como ya se describió más arriba.

En ese ámbito de discrecionalidad en que cumplían sus funciones, algunas de las gravísimas conductas delictivas desplegadas por los guardias tenían un plus de violencia en tanto las motivaba una traza de discriminación por género hacia las mujeres detenidas. Así, fue práctica el abuso sexual mediante manoseos, el acoso y las violaciones; actos que, por supuesto, no eran parte de órdenes escritas, o públicas, al igual que el resto de hechos ilegales.

En ese contexto, los ataques sexuales integraban el plan de desarticulación y desmoralización de las personas detenidas.

Cada una de las prácticas que los guardias del centro clandestino aplicaron, tenía como finalidad directa el sometimiento del cautivo y, por medio, la disposición de la humanidad de las personas, sobre las que descargaban su violencia.

El centro clandestino era, ante todo, un lugar de tortura, donde los guardias no eran ajenos a las torturas aplicadas en los interrogatorios. Eran los encargados de arrastrar a las víctimas desde el lugar donde habían sido arrojadas por última vez hasta el “quirófano” o sala de interrogatorios, donde las víctimas eran llevadas hasta el límite de supervivencia a fin de que aporten información de su actividad social o política. En las ocasiones en que no eran sujetos activos de esas sesiones junto con los interrogadores, eran además los encargados de volver a arrojar a las víctimas en otras dependencias del sitio, hasta un nuevo interrogatorio o destino decidido para el cautivo.

En ese marco de total disposición de las personas reducidas a cuerpos inermes, la comisión de delitos sexuales era conocida por todos los estamentos militares y formaba parte del plan, aún sin la existencia de orden expresa. Cualquiera podía atacar sexualmente a quien estaba privado de su libertad, con la certeza de no sufrir ninguna represalia ni por sus pares, ni por sus superiores.

Además de las conductas descriptas, los guardias del centro clandestino se encargaron de la custodia de las madres cautivas embarazadas, hasta el momento de dar a luz a fin de posibilitar el nacimiento de los niños quienes serían luego apropiados, tal la finalidad de mantener con vida y en cautiverio a las embarazadas.

Comando V Cuerpo: Agrupación Tropas y CCDT “La Escuelita”

En lo que hacía a la organización militar en esta jurisdicción, cabe hacer mención a la “AGRUPACIÓN TROPAS”, “EQUIPO ANTIGUERRILLERO”, o “EQUIPO DE COMBATE o LUCHA CONTRA LA SUBVERSIÓN”, conformada por un grupo de oficiales y suboficiales con una destacada participación operativa en la ejecución, en nuestro ámbito, del plan sistemático de exterminio, conforme a la planificación estratégica llevada a cabo desde los estamentos superiores y en función de la “selección de blancos” en que intervenía el servicio de inteligencia.

Dentro del predio del V Cuerpo de Ejército funcionaba “La Escuelita”, principal lugar de cautiverio en la jurisdicción al que se accedía por un camino interno o por una tranquera sobre el camino “La Carrindanga”. Ver informe.

Batallón de Comunicaciones 181: las Secciones Antiguerrilla y el “Gimnasio”

Dentro de la organización del Batallón de Comunicaciones 181, cabe referir a los Grupos y Secciones Antiguerrilla dentro de la Compañía Combate My. Keller.

Para 1977 desapareció la denominación “Combate My. Keller”, pasando dicha subunidad a denominarse Compañía “A”, y siendo distribuidas las secciones de infantería entre las distintas compañías del batallón, bajo la denominación “C/Subv” (contra subversión).

En consonancia con la jefatura del área 511 que ejercía el Batallón de Comunicaciones 181, aquellos elementos operativos insertos en la unidad realizaron los procedimientos de violación de domicilios y secuestro de numerosas víctimas, en la ciudad de Bahía Blanca y en distintas localidades de la región.

Por otra parte, las dependencias de la unidad funcionaron como centro clandestino de cautiverio y tortura de las víctimas secuestradas en aquellos operativos o trasladadas desde otros lugares de cautiverio (el gimnasio, la cuadra ubicada en la parte superior del edificio de la banda, los calabozos, la sala o retén de guardia y la sala y oficina del Capellán).

El Batallón de Comunicaciones 181 funcionó, asimismo, como instancia intermedia de cautiverio clandestino entre “La Escuelita” y otros lugares de encierro como la UP4. También fueron numerosos los casos de víctimas trasladadas desde los lugares de cautiverio del batallón a “La Escuelita”.

Otros centros clandestinos de la jurisdicción

• Vagón de tren: se encontraba ubicado en la playa de maniobras de la estación de trenes ubicada en calle Cerri de Bahía Blanca. Contaba con una dependencia aparte que operaba como sala de torturas.

• Galpón ferroviario: se encontraba dentro del predio de los galpones ubicados en inmediaciones de la estación de ferrocarril y se accedía al mismo por calle Parchappe. Contaba con un sector de planta alta, donde había una ventana grande con rejas que daba al exterior.

• División Cuatrerismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires: dependencias ubicadas en Chile entre Donado y Villarino de Bahía Blanca -en los predios lindantes al Ferrocarril- siendo utilizado como centro clandestino de cautiverio e interrogatorios.

•Cárcel de Villa Floresta (UP4): algunas de las personas fueron trasladadas desde su lugar de cautiverio hacia la Unidad Penitenciaria y estando allí alojadas, pasaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. De los testimonios de las víctimas surge un accionar coordinado para el traslado de los cautivos del centro de detención a la cárcel, la presencia de torturadores en dependencias de la Unidad Carcelaria Nº 4, e incluso interrogatorios realizados conjuntamente por personal del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires y del Ejército Argentino.

Destino final

Finalmente, el ciclo de la privación ilegal de libertad concluía con el temido “traslado”, que podía conducir a los detenidos a la liberación o a la muerte.

Los métodos de exterminio eran variados. En algunos casos, los asesinos hacían aparecer el cuerpo en el marco de un falso enfrentamiento entre “subversivos” y las “fuerzas legales” episodios totalmente fraguados que luego eran reproducidos en la prensa local.

En otros casos, la eliminación física de los prisioneros estuvo seguida por la puesta en marcha de un operativo tendiente a hacer desaparecer el cuerpo. La desaparición fue la estrategia perversa que pretendió dejar los crímenes impunes, sumiendo a los familiares de las víctimas en una incertidumbre macabra e indefinida, que incluía la denegación sistemática de todo tipo de información a quienes concurrían a las unidades militares reclamando por los desaparecidos.

Fuente: Requisitorias de elevación a juicio.