Silencios y excusas

Oscar Castro, jefe de un grupo de tareas se esperanzó en un "inexorable cambio de las circunstancias".

Oscar Castro, jefe de un grupo de tareas, se esperanzó en un “inexorable cambio de las circunstancias”.

El martes 26 de agosto comenzarán las declaraciones testimoniales en el juicio por crímenes de lesa humanidad contra 25 represores que actuaron en jurisdicción de la Armada Argentina en Bahía Blanca y la región durante el terrorismo de Estado.

Esta semana cinco imputados hicieron uso del derecho a ampliar sus indagatorias y uno perdió el privilegio de la prisión domiciliaria por escapar a un cumpleaños familiar. Parte de los reos que siguen el debate desde Capital fueron trasladados en un colectivo del Servicio Penitenciario Federal para presentarse ante los jueces.

El grupo de acusados está compuesto por integrantes de la Armada Argentina, el Ejército, la Prefectura Naval, el Servicio Penitenciario y la Policía bonaerenses. Se investigan hechos padecidos por 66 víctimas en el Buque ARA 9 de Julio -anclado en la Base Naval de Puerto Belgrano- y la Base Baterías, entre otros campos de exterminio.

El martes por la mañana los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Mario Triputti ordenaron completar la lectura unificada de los requerimientos de elevación a juicio de 24 de los imputados para finalizar con el apartado referido al represor Alejandro Lawless, incorporado al debate luego de su captura durante la feria judicial. Estuvo prófugo ocho meses.

Luis Alberto Nougués durmió en Villa Floresta.

Luis Alberto Nougués fue enviado a Villa Floresta.

“El tribunal ha tomado conocimiento que usted ha violado la prisión domiciliaria en las condiciones que le fueran dadas, por lo tanto se revoca tal beneficio y se lo va a remitir en forma inmediata, al término de esta audiencia, a la Unidad Nº4 de Villa Floresta”, dijo en el arranque vespertino el juez Bava al prefecto Luis Alberto Nougués. El fin de semana el represor concurrió al cumpleaños de una nieta en Ing. White, su defensor Luís De Mira aseguró que no incumplió la domiciliaria sino que fue “un hermano muy parecido a él” quien salió de su casa de la localidad portuaria.

El ex jefe de la Base Naval Puerto Belgrano y comandante de la Fuerza de Apoyo Anfibio, Edmundo Nuñez, fue el primero en ser convocado por el tribunal. Por videoconferencia se identificó y se negó a ser indagado. Luis Alberto Pablo Pons dijo que escuchó “un poco” la imputación y aseguró a instancias de su esposa que “no tiene memoria” para declarar.

Al ser llamado Félix Ovidio Cornelli intervino su defensor para solicitar que no se le tome declaración -al igual que a Eduardo Fracassi, Manuel Jacinto García Tallada y Domingo Negrete- hasta tanto se conozcan los resultados de una serie de estudios médicos ordenados en junio que pretenden la suspensión de sus procesamientos. El presidente del tribunal cumplió igualmente con la formalidad. Finalmente, Enrique de León se acercó a la camarita para afirmar que tampoco iba a hablar.

Luego fue el turno de los represores que siguen las audiencias en la sala de Colón 80 y quienes habían sido trasladados por el Servicio Penitenciario Federal para la ocasión en compañía de un médico que se ubicó unas bancas más atrás que los marinos y militares.

Subió al escenario Tomás Hermógenes Carrizo y se mantuvo en silencio. Lo siguió el ex comandante de la Fuerza de Apoyo Anfibio y de la Fuerza de Tareas Nº2, Oscar Alfredo Castro, para declarar sin responder preguntas. Pidió la anulación de la acusación en su contra y se reservó cuestionar su procesamiento y el supuesto avasallamiento a sus derechos humanos, “con el convencimiento de que el inexorable cambio de las circunstancias presentes haga posible el total cumplimiento de la Constitución, pilar fundamental de la República que todos hemos jurado respetar (…) En un nuevo ciclo no muy lejano de nuestro devenir, ya sea por mí mismo o por mis descendientes, podré probar mi inocencia”.

Sostuvo que no tenía jurisdicción sobre los centros clandestinos de detención, torturas y exterminio que la Armada habilitó en el Buque ARA 9 de Julio y en la Base de Infantería de Marina Baterías. La culpa, como siempre, fue de los muertos: “Quien dirigió todas las operaciones contra la subversión, fueran legales o ilegales, fue el comandante de Operaciones Navales (Luis María) Mendía”. Justamente Mendía fue quien subrayó que Castro “condujo ‘eficazmente’ la Fuerza de Tareas 2, ‘empeñada diariamente en la guerra antisubversiva'” como contó Diego Martínez en esta nota sobre los hijos desaparecidos del capitán.

Pretendiendo haber comandado un simple conjunto de técnicos y administrativos manifestó que los integrantes de las patotas debían haber estado “psicológica y espiritualmente convencidos de los delitos a perpetrar para que, en el caso del personal naval, pudieran vencer la repugnancia lógica de quienes pertenecían a una institución que desde su creación hasta el día de hoy ha inculcado a su personal el amor a la libertad, la ley, los derechos humanos y la necesidad ética de ser misericordiosos con los vencidos”.

Castro deslindó responsabilidades sobre los servicios de inteligencia y el departamento correspondiente del Comando de Operaciones Navales y refirió “enfrentamientos ideológicos” con el almirante Emilio Massera que interfirieron en su carrera.

Raúl Oscar Otero, Pedro Alberto Pila y Gerardo Alberto Pazos prefirieron declarar en otro momento del debate y se limitaron a describir sus supuestos problemas de salud a petición del tribunal.

José Luis Ripa.

José Luis Ripa.

“Soy una persona de honor que al enterarse que había sido mencionado en el expediente me presenté voluntariamente en los tribunales de Bahía Blanca, no tengo nada que ocultar y no soy culpable de nada de lo que se me acusa”, dijo José Luis Ripa, ex jefe del Departamento Seguridad y comandante del Batallón Seguridad de la Base Naval Puerto Belgrano.

Entregó un par de copias de su declaración al tribunal -“si no, no la van a entender”-, se colocó anteojos, dejó a su lado un bastón y afirmó que no estuvo a cargo de la seguridad de Puerto Belgrano al momento de los hechos que se le imputan.

“Me han acusado de crímenes sin probar ninguna de las aseveraciones que con tanta liviandad hicieron, por eso señores integrantes del tribunal no entiendo qué estoy haciendo aquí, no entiendo porqué me pasé desde mis 74 a mis 79 años detenido”, rezongó sin considerar las décadas de impunidad que impidieron su juzgamiento  con anterioridad.

Alejandro Lawless fue oficial de la Sección Personal del Batallón de Comunicaciones 181 e intentó mejorar su situación leyendo un párrafo de una resolución del ex juez Alcindo Álvarez Canale quien, en la primera instancia judicial, sostuvo que el represor “no se desempeñó como S1 u oficial de Personal en el batallón” en el período que se analizaba.

Leandro Marcelo Maloberti.

Leandro Marcelo Maloberti.

Leandro Marcelo Maloberti, dejó su chalet en el Barrio Golf de Sierra de la Ventana para negarse a la indagatoria. La misma actitud tomaron Domingo Ramón Negrete, el cumpleañero Nougués y los ex guardias de La Escuelita, Felipe Ayala y Raúl Artemio Domínguez.

La audiencia del martes culminó con la autorización por parte de los jueces para que los genocidas trasladados desde Buenos Aires puedan “regresar a sus domicilios”.

Este miércoles la sesión duró poco más de veinte minutos, los necesarios para completar las indagatorias. Guillermo Julio González Chipont, Luis Ángel Bustos, Víctor Raúl Aguirre, Víctor Oscar Fogelman y Manuel Martínez Loydi no hablaron.

El condenado ex titular de la Unidad 4 de Villa Floresta, Héctor Luis Selaya, tampoco quiso declarar pero criticó la sanidad de la cárcel. “La unidad no nos provee ningún medicamento, actualmente estoy gastando más de mil pesos por mes, esto no ocurría en la Unidad 22 de La Plata”, dijo y agregó que la médica cardióloga que lo visitaba semanalmente no concurre hace veinte días. Diplomático, aclaró que Sanidad no depende más del Servicio Penitenciario sino de las autoridades provinciales. Cabe destacar que a pesar de los cuestionamientos, la situación de los represores difiere claramente de la de los presos por delitos menores de la UP4 que padecen violaciones a los derechos humanos que motivaron la presentación un habeas corpus colectivo meses atrás.

lawless

Alejandro Lawless.

Selaya protestó finalmente por la utilización de las esposas durante los traslados cuando, a su entender, no existe riesgo de fugas. En la tribuna escuchaba el reclamo Alejandro Lawless, quien escapó corriendo en pleno centro porteño ante un “descuido” de tres jóvenes oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El cierre fue para Carlos Andrés Stricker. El ex segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181 hizo aclaraciones sobre la composición de su unidad dejando fuera de su responsabilidad o en jurisdicción del Comando del V Cuerpo de Ejército las dependencias que funcionaron como centros clandestinos de detención en los predios de Villa Floresta.

El martes 26 de agosto a las 9 comenzarán las declaraciones testimoniales en Colón 80. Continuarán las audiencias el miércoles 27 y el jueves 28. Pueden concurrir mayores de 18 años con DNI o grupos de estudiantes secundarios, acompañados por sus docentes, previo aviso al tribunal.

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