Procesaron a cinco matones de la Triple A

Arriba: Forcelli, Montezanti y Aceituno. Abajo: Chisu, Curzio y Pallero.

Arriba: Forcelli, Montezanti y Aceituno. Abajo: Chisu, Curzio y Pallero.

(fiscales.gob.ar) El juez federal subrogante de Bahía Blanca, Alejo Ramos Padilla, dictó ayer los procesamientos con prisión preventiva de cinco civiles acusados de integrar la Triple A, que en el fallo fue definida como una asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad entre 1974 y 1975. Uno de ellos, además, está imputado por el homicidio agravado del dirigente estudiantil de la Universidad Nacional del Sur (UNS), David Hover “Watu” Cilleruelo.

Los procesados son Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli, Héctor Oscar Chisu y Raúl Roberto Aceituno, este último como coautor del homicidio de Cilleruelo.

La decisión del juez recayó en la misma causa que tiene imputado al suspendido camarista y ex agente civil de inteligencia del Ejército, Néstor Luis Montezanti.

Los procesamientos dictados van en línea con el impulso formulado por los fiscales de la Unidad que interviene frente a crímenes del terrorismo de Estado en esa ciudad, Miguel Palazzani y José Nebbia, quienes el 1° de abril pasado pidieron que se investiguen 22 homicidios perpetrados por parte de grupos paramilitares entre 1974 y 1975 “en los ámbitos históricamente más propensos a la movilización político-social: los sectores gremiales y estudiantiles”. Aquella solicitud fue luego ampliada y precisada por los fiscales, que formularon la imputación contra los cinco civiles por “haber formado parte de una asociación ilícita destinada a la erradicación y eliminación, mediante el uso de la violencia y la intimidación, de toda expresión de activismo político, estudiantil, laboral y gremial contraria a sus ideas”.

En la resolución de ayer, que tiene una extensión de 100 carillas, Ramos Padilla dispuso además los embargos en los bienes de Aceituno por cinco millones de pesos, de los de Chisu por tres millones y de los otros tres acusados por un millón de pesos cada uno.

Chisu, Curzio, Forcelli, Pallero y Aceituno integraban la “seguridad” del ex rector de la UNS, Remus Tetu. Curzio, además, fue identificado entre “los matones de la patota de la UOCRA” local, dominada por el diputado Rodolfo Ponce. Chisu, por su parte, se incorporó, tras el golpe de Estado, como agente civil del Destacamento 181 del Ejército.

Además del homicidio de Cilleruelo, la gestión de Tetu en la UNS dejó como saldo la proscripción de los centros de estudiantes y la confiscación de sus bienes, el cierre del comedor universitario, la proscripción de 497 títulos pertenecientes a la biblioteca, la expulsión de estudiantes y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otras cuestiones, describió el juez en su resolución.

Ramos Padilla señaló que el grupo de seguridad de la UNS “funcionó como una organización que buscaba imponer el terror y la violencia a través del uso de la fuerza y la intimidación para llevar adelante las acciones que a nivel nacional planeaba y dirigía el Ministro de Educación [Oscar] Ivanisevich y a nivel local, el Rector interventor Remus Tetu en el ámbito estudiantil, y el diputado Ponce en el ámbito gremial”.

“Abuso del poder fáctico”

Cilleruelo era secretario de la Federación Universitaria del Sur y militante de la Federación Juvenil Comunista. Fue asesinado de un disparo en la cabeza el 3 de abril de 1975 en un pasillo del ala de Ingeniería de la UNS por Jorge Argibay, integrante de la custodia de Tetu, quien -de acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía- estaba acompañado por Aceituno.

Aquél día estaba pautada la inscripción de los estudiantes en las distintas materias y Cilleruelo se encontraba junto a sus compañeros convocando a los alumnos a la participación en la Asamblea de delegados de Centros de Estudiantes para la ratificación de las autoridades de la Federación Universitaria que él lideraba.

El juez consideró acreditado que “antes de las 9:30” Cilleruelo “habría sido abordado por un grupo de integrantes de la ‘patota’ contratada por el Rector Interventor como personal de seguridad, concretamente, Jorge Oscar Argibay, su hijo Pablo Francisco Argibay [ambos fallecidos] y Raúl Roberto Aceituno, procediendo el primero de los nombrados a efectuar un disparo de arma de fuego sobre la víctima, en presencia de gran cantidad de alumnos, para luego retirarse del lugar en un vehículo Ford Falcon color verde claro, con techo vinílico color blanco, con patente de bronce que brindaba constancia de su pertenencia al Rectorado de esa institución”. Aquél automóvil formaba parte de una flota utilizada por la banda que incluía un Fiat 125 azul, conocido en la ciudad como “la fiambrera” porque “quienes entraban en ese auto, en esa ‘maquina de fiambres’, no salían con vida”, según las declaraciones de diferentes testigos.

“Estas circunstancias acerca de la presencia masiva de estudiantes en la sede de la UNS el día del homicidio de Cilleruelo, que se efectuara a plena luz del día, a cara descubierta y ostentando armas de fuego, a criterio de quien suscribe, no resulta un dato menor o casual, sino esencialmente ilustrativo no sólo de la impunidad en el abuso del poder fáctico que poseía la organización y de la violencia con la que desarrollaban sus acciones, sino también del efecto persuasivo, simbólico e intimidatorio hacia los demás alumnos, docentes y no docentes que implicaba un hecho de tamaña violencia en el interior del edificio universitario en el que se estaba desarrollando un acto de inscripción del que participaba la mayoría del estudiantado”, señaló el juez.

Entre tantos datos reveladores de la investigación sobre el caso, Ramos Padilla señaló que el reconocido como autor del crimen, Argibay, fue defendido en 1976 por el imputado camarista Montezanti cuando fue convocado a prestar declaración informativa -una figura prevista para eventuales imputados en el entonces vigente Código de Procedimientos en Materia Penal- en el marco de la parodia de pesquisa que se llevó a cabo durante el terrorismo de Estado. En efecto, antes de la declaración informativa, el imputado había sido llamado a testimonial por la Policía Federal, incluso con la existencia previa en la causa de dos testigos que lo vieron disparar. El juez a cargo de la causa fue Guillermo Madueño, imputado por crímenes de lesa humanidad hasta su muerte, al igual que sus entonces secretarios Gloria Girotti y Mario Sierra, quienes aún viven.

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