Procesan a genocidas del V Cuerpo

escEl juez federal subrogante Alejo Ramos Padilla procesó a un grupo de represores del V Cuerpo de Ejército por crímenes de lesa humanidad cometidos contra tres víctimas. Varios de los militares fueron condenados tras los dos primeros juicios realizados en Bahía Blanca, algunos son juzgados en la causa Armada y otros se sientan por primera vez en el banquillo de los acusados.

La mayoría de ellos habían sido indagados por el secretario Santiago Ulpiano Martínez quien, entre otras irregularidades conocidas luego de su desempeño en el Juzgado Federal Nº1, nunca resolvió su situación procesal.

Los imputados estaban presos en distintas cárceles, con arresto domiciliario en varias provincias y algunos como Jorge Norberto Igounet, Antonio Miguel Seghighi y Ricardo Baccini fueron desvinculados provisoriamente de la investigación por falta de mérito. La instrucción fue delegada en los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia.

Los procesados son coroneles, tenientes coroneles, suboficiales mayores, capitanes, sargentos y penitenciarios. Se trata de: Walter Bartolomé Tejada, Hugo Jorge Delmé, Carlos Alberto Taffarel, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Norberto Eduardo Condal, Jorge Horacio Granada, Andrés Reinaldo Miraglia, Alejandro Osvaldo Marjanov, Guillermo Julio González Chipont, Alejandro Lawless, Raúl Oscar Otero, Víctor Raúl Aguirre, Raúl Artemio Domínguez, Andrés Desiderio González, José Martínez, Carlos Ferreyra, Luis Delaico, Pedro Cáceres, Gabriel Cañicul y Arsenio Lavayén.

Sus tres víctimas tienen una cualidad importante que les permitió identificar centros clandestinos de detención y unir los nombres con los rostros de sus torturadores: no sólo sobrevivieron al cautiverio, sino que estuvieron secuestrados por largas temporadas y luego fueron “blanqueados” en cárceles comunes a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Carlos Príncipi fue secuestrado el mediodía del 26 de febrero de 1977 cuando caminaba por la calle, por una patota de civil. Lo subieron a un auto a los golpes y lo llevaron al centro clandestino de detención, torturas y exterminio La Escuelita. Allí fue sometido a interrogatorios bajo tortura, “submarino”, golpizas feroces, gritos y agresiones constantes durante quince meses. Estaba aislado, inmovilizado, vendado, estaqueado. Sus verdugos se burlaban diciéndole que habían matado a su compañera Patricia Acevedo. En abril de 1978 se lo llevaron en camioneta hasta la Unidad Penitenciaria 4 de Villa Floresta. Allí siguió aislado, sin poder contarle a su familia que estaba vivo, lo sometieron a un “simulacro de juzgamiento” que llevó a cabo el Consejo de Guerra Especial Estable del Comando V Cuerpo. Finalmente lo trasladaron a la Unidad Penal 21 de Ezeiza, desde donde recuperó su libertad en diciembre de 1982.

El 6 de julio de 1977 un grupo de personas armadas, vestidas de civil, entró a la casa de Hipólito Irigoyen 1451, donde vivían Rodolfo Oscar Maisonave y Ana María Germani. Además de pareja, eran militantes sociales y universitarios. Los subieron a autos distintos y los llevaron a La Escuelita. Con ellos secuestraron a Silvia Aylén, que tenía un año y cuatro meses y pasó aquella noche en el chupadero. Al día siguiente la dejaron en la casa de sus abuelos. Las primeras veces que torturaron a Maisonave con picana eléctrica, escuchó que su hija estaba en una sala contigua.

Germani fue alojada en una casilla rodante o vagón ubicado en el predio de La Escuelita, donde estuvo sola y tabicada. Estuvo con su hija y la custodia de los guardias. Cuando se llevaron a la beba, empezaron los interrogatorios con corriente eléctrica y los tormentos con connotación sexual. Volvió a encontrarse con su esposo unos días después, en el Batallón de Comunicaciones 181.

Después de un Consejo de Guerra, los dos fueron trasladados a cárceles comunes. Maisonave fue llevado a la Unidad Penitenciaria 6 de Rawson y luego reintegrado a la Unidad de Villa Floresta. Germani se quedó en la UP4 hasta que la trasladaron a la Unidad 2 de Villa Devoto, para regresarla finalmente a la UP4. La pareja siguió presa incluso en democracia: fueron liberados el 14 de junio de 1984.

Asociación ilícita

Para el juez Ramos Padilla, los hechos bajo análisis permiten asegurar que los imputados “tomaron parte de esta asociación criminal, realizando aportes efectivos a la misma exteriorizados en la función, cargo y rol que desempeñaron en la actividad que desplegaron”. A la hora de fundamentar el encuadre del delito de la asociación ilícita, sostuvo que están dados los elementos “típicos” exigidos por la norma, esto es, la existencia de más de tres partícipes, el propósito colectivo de cometer delitos indeterminados y la permanencia en el tiempo.

“Surge nítidamente (de lo relatado por las tres víctimas) la participación de varias personas cumpliendo roles diferenciados unos secuestran, otros custodian o torturan, mientras un médico supervisa el estado de salud de los torturados para la consecución de un fin común: la obtención por la fuerza de información para el secuestro y torturas de nuevas personas, lo que da la pauta de la sistematicidad del ciclo represivo llevado adelante por las fuerzas militares de acuerdo con un plan previamente fijado características que se desprenden también de los casos ya juzgados por el TOF local 2”, indicó.

Además de dictar el procesamiento con prisión preventiva, el magistrado trabó embargos de hasta dos millones de pesos sobre los imputados.

Fuente: FM De la Calle, Fiscales e Infojus.

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