Se acerca la sentencia

Durante las audiencias de esta semana las querellas completaron sus pedidos de penas para los siete represores del V Cuerpo de Ejército que están siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. También se avanzó en el desarrollo de los alegatos de defensas particulares y oficiales que culminarán durante la primera semana de diciembre.

Para Carlos Stricker, Alejandro Marjanov, Felipe Ayala y Bernardo Cabezón todas las acusaciones pidieron prisión perpetua. El dr. Diego Czerniecki en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y familiares solicitó 18 años para Ricardo Gandolfo, 23 para Fernando Videla y 20 para Héctor José Fidalgo. La abogada María del Mar Martín, querellando por familiares de Zulma Matzkin y Nancy Cereijo, pidió las penas máximas de Ayala y Marjanov. Y por la APDH, familiares y sobrevivientes Walter Larrea exigió además 20 para Gandolfo, 22 para Fidalgo y 23 para Videla.

Las próximas audiencias serán los días 3 y 4 de diciembre –mañana y tarde- para cuando se prevé la finalización del alegato de la defensa oficial, las réplicas de las partes y las últimas palabras de los imputados. El tribunal pretende dar a conocer el veredicto a mediados de diciembre.

Mera coincidencia

El cuadro de San Martín en el Aula Magna.

En alrededor de cuarenta minutos el dr. Diego Czerniecki adhirió al grueso de los fundamentos expresados por la Fiscalía y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, repasó algunos aspectos del contexto histórico en que sucedieron los hechos y la finalidad socioeconómica del plan terrorista y tras analizar la responsabilidad penal de cada represor se detuvo en el escenario del juicio.

«Uno ve sentado desde este lugar, con la extraña paradoja quizás de la decoración, en el centro del salón algunos militares a los que además de condena estamos pidiendo la baja y, de fondo, detrás del Ministerio Público Fiscal el óleo de un gran militar que jamás desenvainó su espada para mancharla con sangre de hermanos y en el desarrollo de su carrera profesional liberó medio continente”.

“En alguna oportunidad dijo que ‘querer contener con la bayoneta el torrente de la libertad era como pretender esclavizar a la naturaleza, el empleo de la fuerza armada siendo incompatible con nuestras instituciones es el peor enemigo que ellas tienen, la patria no hace al soldado para que este la deshonre con sus crímenes’. Cualquier semejanza entre la carrera profesional de San Martín y la de estos imputados es mera coincidencia», finalizó.

El antónimo del olvido

La abogada María del Mar Martín repasó las biografías de Zulma Matzkin y Nancy Cereijo y destacó sus militancias social y política en la Juventud Universitaria Peronista y la Unión de Estudiantes Secundarios, respectivamente.

«Esta sensibilidad social, esta creencia de un mundo mejor, de una sociedad en base a los valores de solidaridad, igualdad y justicia es lo que combatió el golpe cívico militar de 1976. ¿Por qué? Porque se oponía al logro del objetivo de este gobierno de facto que era terminar con el estado de bienestar, inaugurar una economía neoliberal alineada al Fondo Monetario Internacional, una economía alimentada de créditos del exterior con libertad de capitales y de tracción del Estado, una economía -señores jueces- que solo puede beneficiar a monopolios internacionales y oligarquías nacionales, todos ellos cómplices civiles de la dictadura militar», afirmó.

Leyó parte de la Carta Abierta a la Junta de Rodolfo Walsh y citó a Martínez de Hoz que en 1996 declaró: «El nuestro fue un proceso educativo, la gente entendió que no podía esperar todo del Estado, a partir de entonces pudo aplicarse el plan económico como el del dr. Cavallo que tiene grandes similitudes al aplicado por nosotros en 1976 con muchos menos cuestionamientos que los que recibió nuestra política económica por provenir de un gobierno de facto».

Criticó el uso que hicieron del terror las fuerzas armadas y agregó que Roger Trinquier -autor de «La Guerra Moderna» obra que recomienda el terror y la tortura para enfrentar movimientos insurgentes- «sentiría un gran sentimiento de inferioridad porque el sadismo que usaron estos militares sobre las víctimas superó ampliamente los métodos creados por él».

Precisó los hostigamientos y sufrimientos previos y posteriores a las desapariciones de Zulma y Nancy y contra sus familiares -persecución, secuestro de familiares para arrancar sus paraderos, etcétera-: «Imagínense señores jueces las consecuencias dañosas de este accionar, no solo en los vínculos afectivos sino en cada una de las personas que tuvo que obligadamente decir dónde estaban sus seres queridos, cómo no se van a abrazar a un sentimiento de culpa ante tanta tragedia. El sufrimiento que impartieron los genocidas al pueblo argentino no solamente fue en la carne sino que también generaron un daño moral irreparable».

Al detenerse en el centro clandestino La Escuelita señaló los abusos sexuales -analizados con detenimiento por la dra. Fernández Avello- y el antisemitismo de los torturadores. Y al referirse a los falsos enfrentamientos utilizados para blanquear a ambas víctimas subrayó el papel de los medios de comunicación.

LNP marca el camino a los genocidas. Citado por la querellante.

«Eduardo Galeano en el cuento ‘La cultura del terror’ termina diciendo: ‘Sus vecinos que la conocían y la querían estaban seguros que era culpable. ¿Por qué? Porque lo decían los diarios. Pero los diarios mienten. Pero lo dicen también la radio y la tele’. Es a través de los medios de comunicación que la junta militar masificó su campo de acción, no solo para intentar dar veracidad a estos falsos enfrentamientos, sino también como se encargó de detectar y denunciar delincuentes subversivos. En nuestra ciudad La Nueva Provincia, cómplice ideológico y brazo propagandístico de la dictadura militar, se encargó de cumplir ambos roles», manifestó Martín.

Finalmente la querellante advirtió: «Durante muchos años la democracia argentina tuvo miedo de recordar y nos condenó a la impunidad y, si no fuera por la lucha con tenacidad y valor de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. y distintos organismos de derechos humanos que demostraron que la memoria no se puede esconder bajo ninguna alfombra, tal vez no estaríamos en esta sala juzgando a los genocidas. Entonces la democracia seguiría teniendo resabios de la dictadura. Resabios que desaparecen cada vez que un hijo recupera su identidad. Resabios que desaparecen cada vez que una abuela recupera a su nieto. Resabios que desaparecen cada vez que un familiar encuentra los restos de sus seres queridos. Y resabios que desaparecen cada vez que un genocida -como tal- es condenado. Porque, señores jueces, como se ha dicho: el antónimo del olvido probablemente no sea la memoria sino la justicia».

«Rompan el pacto de silencio»

«Se está pariendo un momento histórico en este salón de actos de la Universidad del Sur, ya que oprimidos y víctimas de la violencia estatal y el mundo están posando sus ojos sobre este tribunal de la democracia argentina. Tribunal que tiene en sus manos la responsabilidad histórica y trascendental no solo de juzgar conductas personales tipificadas expresamente por el Código Penal y los tratados internacionales, sino fundamentalmente tiene en sus manos la dilucidación de un esquema, de una mecánica de utilización criminal de absolutamente todos los recursos del Estado para imponer un modelo y un plan económico, político, social y cultural donde una minoría expropió de facto y usufructuó las riquezas nacionales a expensas de una enorme mayoría del pueblo, no vacilando en la imposición de tal plan delictivo en secuestrar, torturar, encarcelar, matar, desaparecer a sus connacionales», arrancó Walter Larrea.

Resaltó las complicidades civiles en la aplicación de aquel plan y apuntó a La Nueva Provincia: «La construcción del oponente, del delincuente subversivo, nunca hubiera sido posible de no haberse contado con la participación activa del diario de los Massot. En tal sentido y más allá de las consecuencias jurídico penales que pueda bajar este juicio, también este proceso tiene que ser un faro que ilumine aquellas conductas y que arroje luz sobre las tinieblas que vedaban a las víctimas la posibilidad de ver y que oscureció durante muchos años la vida de miles y miles de conciudadanos».

Larrea dio cuenta de la participación en las audiencias de muchxs estudiantes secundarios y por ellxs formuló sus votos para que «más temprano que tarde el brazo de la justicia democrática llegue y esos responsables civiles de tanto dolor y tanta muerte tengan la sanción que se merecen».

Por último se dirigió a los suboficiales del Ejército imputados y pidió que rompan el pacto de silencio: «Estos suboficiales que desde la institucionalización del ejército profesional, ciertamente mitrista e impregnado de sentimientos de clase, han sido históricamente despreciados y vilipendiados por la oficialidad. Es a esos suboficiales que hoy están siendo juzgados a quienes nos queremos dirigir y a quienes queremos exhortar a romper el pacto de silencio. Un pacto forjado con quienes los han despreciado, apelamos a la hombría de bien que puede estar alojada en sus corazones para que finalmente le digan al tribunal, a la sociedad, les cuenten a los familiares, cuál fue el destino de los hijos de Alicia Romero y de Graciela Izurieta y de todos los desaparecidos que encontraron la muerte en el área controlada por el V Cuerpo de Ejército».