Este martes comenzó el tercer debate oral por crímenes de lesa humanidad en la ciudad de Bahía Blanca, es el primero de la Causa Armada que tiene imputados marinos, prefectos, militares y miembros de la policía y el servicio penitenciario provinciales. Doce represores siguieron la audiencia desde Buenos Aires y otros tantos fueron traídos frente al tribunal minutos antes de las 9.
La audiencia se ocupó con la lectura de parte de las requisitorias de elevación a juicio con las transcripciones de las declaraciones indagatorias y se reanudará recién los días 5 y 6 de agosto desde la mañana en la sede del rectorado de la Universidad del Sur. El tribunal aceptó modificaciones en una defensa particular e informó oficialmente la muerte del acusado Guillermo Félix Botto.
En la calle, organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas, gremiales y estudiantiles acompañaron el arranque del debate oral. Alumnxs del sexto año del ex Nacional reforzaron la movilización contenida por el vallado de la segunda cuadra de Colón. «Creo que es re importante venir acá, un compromiso con la sociedad, es un hecho histórico, pasaron ya casi cuarenta años de lo sucedido y se insiste en que se castigue a los culpables», manifestó Ana Luz de 17 años. Sus compañeras de Historia Reciente, Macarena y Rita, opinaron que «está buenísimo que se haga justicia después de tanto tiempo» y «poder ver y vivir las cosas que nos contaron».
Desde los tribunales de Comodoro Py en Capital Federal, el fotógrafo Marcelo Núñez reportó para FM De la Calle que en «una sala chiquita están los doce imputados acompañados por sus esposas la gran mayoría, en otros casos están sus hijos, que son los garantes para que todos cumplan el arresto domiciliario. Es muy raro estar siguiendo este juicio a tantos kilómetros de Bahía Blanca por un televisorcito sin que estén en la sala de audiencias».
«De los doce solo dos o tres tienen alguna dificultad física bastante notoria, se están moviendo con bastón o hay que ayudarlo entre dos personas para ir al baño. Al resto de los ve muy vigorosos, están muy atentos a mi cámara fotográfica para tratar de esconderse atrás de otro o taparse con una bufanda o gorro», comentó.
El ex intendente de Coronel Rosales y sobreviviente de los campos de exterminio de la Armada, Néstor Giorno, recordó ante el móvil de ‘En Eso Estamos’ que el rol de la marina «no aparecía ni en el libro de la Conadep» que se suscribía al despliegue de la ESMA y que «se había olvidado de dónde estaba el cerebro mayor de lo que desgraciadamente fueron aquellos hombres que ejercieron el poder en la Armada».
Ubicó en el del ’55 el inicio de los golpes «contra la Constitución y las instituciones» diagramados por «la gran usina de poder de la Base Naval de Puerto Belgrano». «Desgraciadamente uno evoca cantidad de personas que no la pueden ver y, por lo tanto, es un privilegiado. Recuerdo a aquellos muchachos, militares, que en el ’55 dieron el paso al frente como se les pedía a los que estaban con el gobierno constitucional del general Perón y así quedaron todos en la calle. Muchos de esos fueron militantes del peronismo ante todo lo que nos llevó la etapa de la resistencia».
«Un hecho histórico, por la justicia, no por la venganza. Aquellos que somos nativos de Punta Alta formamos parte de una comunidad en la cual tanto los hombres civiles como los militares convivimos y no conocer la verdad hace mucho daño. Eso es lo mejor que puede pasar, este juicio va a trasladar la verdad y las nuevas generaciones van a crecer con otra calidad de libertades», agregó Giorno.
En ese sentido trabaja desde 2010 Movejupa -Movimiento por la Memoria, la Verdad y la Justicia en Punta Alta- cuyo vicepresidente, Julio Aparicio, afirmó que estaban ansiosos con el inicio del juicio porque «vivimos pegaditos a una base naval y todo depende de Puerto Belgrano. Ahí hubo dos centros clandestinos, ahí se pergeñó todo lo que fue el golpe de Estado cívico militar y convivimos con ciudadanos que nos cruzamos en la calle y no sabemos quién estuvo y quién no».
La organización surgió como una iniciativa multisectorial a la que se le fueron acercando familiares de víctimas del terrorismo de Estado con quienes visibilizan un tema «muy difícil de hablar» en Punta Alta: «El reflejo lo tuvimos el 2 de julio que fue el aniversario de la ciudad donde Movejupa pudo desfilar con todas las fotos de nuestros compañeros y compañeras víctimas de la última dictadura militar con la sorpresa de que hayan recibido el aplauso de muchas partes de la sociedad y el respeto de las autoridades. Algo está cambiando».
Dentro del aula magna universitaria los secretarios del tribunal se repartían la lectura del día, mientras en la calle estaba Angie, hija del dirigente gremial y obrero de La Nueva Provincia Miguel Ángel Loyola, «tomando un poco de conciencia de que se puede hacer un juicio en Bahía Blanca» y reconociendo que «a veces no nos damos cuenta que tan importante es que la gente venga a ver y saber la verdad: acá va a salir todo a la luz».
La secretaria general de la CTA e integrante de la Comisión de Apoyo a los Juicios, Ana Canulo, destacó la profundización del proceso judicial y rememoró «las veces que pasamos por La Nueva Provincia y gritamos ‘Massot fascista’. Este juicio trae aparejado el tema de Massot y Heinrich y Loyola que es tan emblemático en la ciudad».
Invitada por Hijos llegó a Bahía Tati Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, para compartir «un día histórico más» en el que destacó que «la lucha inclaudicable tiene sus frutos y ya no hay marcha atrás». «La tranquilidad que tenemos nosotras, que sabemos que por razones de edad no vamos a ver al último encarcelado, es que están los jóvenes que demuestran que la posta que le pasamos la reciben y muy bien».
«Es una alegría cuando ves a familiares que van a sentir esta cuestión de la justicia en carne propia. No me cabe ninguna duda que va a suceder porque en Bahía Blanca tenemos la suerte de tener una tradición de fiscales que vienen haciendo las cosas muy bien, desde Cañón, pasando por Abel Córdoba y hoy Nebbia y Palazzani», declaró Laura García Vázquez -hija de detenidxs desaparecidxs y militante de Proyecto Sur y la Comisión de Apoyo-. Agregó que «además es un ejemplo de causas unificadas, de juntar represores y víctimas para que el esfuerzo no tenga que ser el doble. Lo malo es lo que pasó ayer que siempre me pone muy mal, esta impunidad biológica (NdR: por el fallecido Botto), que creo que no es biológica sino impunidad por justicia lenta».
Oscar Meilán volvió a la ciudad con la bandera de la Asociación de Familiares y Víctimas del terrorismo de Viedma: «Es como una cosa que parece de otro mundo, ¿no? Pero alguna vez se tenía que dar. En Río Negro había representantes de la marina, no nos olvidemos que era una provincia asignada y gobernada por la marina. Uno de sus referentes, que ahora está muerto y era un periodista de allá, me decía lo mismo que dijo (Adel) Vilas sobre (Vicente) Massot, ‘Yo era considerado fuerza propia’. Esperemos que puedan ser considerados de lesa humanidad los delitos sexuales y, fundamentalmente, los económicos que es lo que mueve al establishment a sentirse un poco más preocupado ahora».
La excepción a la ausencia de representantes del municipio y el Concejo Deliberante fue el edil Raúl Ayude (IC) quien sostuvo que «tanto la universidad como el diario tenían muchísima influencia por parte de la Armada, por eso no es un juicio cualquiera. Por otro lado, es una fuerza que actuó y aparenta actuar con la misma coherencia y homogeneidad que los llevó a quitar pruebas, a no aportar con testimonios, a reivindicar mucho de lo que hoy se juzga y se busca condenar».
Los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava subrogan el tribunal oral que reanudará las actividades el 5 y 6 de agosto por la feria judicial. El Ministerio Público está representado por los dres. José Nebbia y Miguel Palazzani.
Los imputados son los ex capitanes de navío Tomás Hermógenes Carrizo (75); Oscar Alfredo Castro (84); Domingo Ramón Negrete (84); Edmundo Óscar Nuñez (89); Alberto Gerardo Pazos (75), y Enrique de León; los ex capitanes de fragata José Luis Ripa (78) y Leandro Marcelo Maloberti (75); el ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi (87); el ex contralmirante Manuel Jacinto García Tallado (89), y el ex capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons (71). Todos ex integrantes de la Armada que cumplen detención domiciliaria.
Del Ejército Argentino están acusados el ex suboficial Felipe Ayala (77); el ex coronel Carlos Andrés Stricker (76), y el ex teniente coronel Óscar Raúl Otero (69), también con el beneficio extramuros. Se les suman los detenidos ex suboficial mayor Víctor Raúl Aguirre (67); ex suboficial Raúl Artemio Domínguez (74) y ex teniente coronel Guillermo Julio González Chipont (72).
Completan el banquillo los ex prefectos Mayor Félix Ovidio Cornelli (76); Francisco Manuel Martínez Loydi (71); Pedro Alberto Pila (75), y Néstor Alberto Nougues (72), con detención domiciliaria. Luis Ángel Bustos (65) cumple prisión preventiva en la UP 4 de Bahía Blanca al igual que el ex Prefecto del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, Héctor Luis Selaya (81) y el ex comisario mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Víctor Óscar Fogelman (70).
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