Arbitrario, despótico y antidemocrático

El próximo 25 de agosto el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, deberá presentarse ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura para defenderse de la acusación por mal desempeño en sus funciones derivada de la unificación de reiteradas denuncias en su contra.

Precisamente se le reprocha al ex Personal Civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército «haber desplegado conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los derechos humanos, y que evidencian la falta de idoneidad moral y de vocación democrática, ambas condiciones indispensables para el desempeño de su cargo de magistrado del Poder Judicial de la Nación».

Además, le imputan «haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes, e incluso respecto a los sres. consejeros de este cuerpo».

Su defensa de la pena de muerte, su «estrecho vínculo» con «los principales integrantes de la Triple A» bahiense y su confirmada pertenencia al Destacamento de Inteligencia 181, mediante una «directa relación» con el represor José Osvaldo «Balita» Riveiro, evidencian para los consejerxs que «Montezanti comulgó con el plan de exterminio sostenido por los genocidas y fue partícipe del accionar de la Triple A desde su rol de abogado y empleado de la Universidad Nacional del Sur, careciendo totalmente de la vocación democrática exigida para ser magistrado de la Nación».

La citación del camarista fue impulsada por el secretario de Justicia Julián Álvarez y acompañada por lxs legisladorxs Ruperto Godoy, Héctor Recalde, Anabel Sánchez Sagasti y Ángel Rozas; el académico Jorge Candis y la abogada Adriana Donato. Los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes prefirieron abstenerse.

El dictamen aprobado por la comisión advierte que «la vinculación del dr. Montezanti con el terrorismo de Estado no ha culminado con el advenimiento de la democracia siendo que éste se encuentra relacionado –en la actualidad- con muchos de los que participaron del plan genocida, acuerda con la ideología y el accionar desplegado por los represores así como resulta evidente la réplica que ha efectuado de la matriz militar en los distintos ámbitos en los que se ha desempeñado».

Esto es abonado por su permanente «utilización de terminología castrense», la prohibición de circulación de empleadxs en los pasillos del tribunal, la implementación de medidas de avance sobre la autonomía de la Fiscalía cuando aún era su titular Hugo Cañón y la organización de un sistema de “espionaje” a fin de controlar e investigar a lxs empleadxs y/o funcionarixs de la Cámara Federal.

Además, el Consejo evalúa el perfil autoritario del camarista hacia sus subordinados y alumnxs de la Universidad Nacional del Sur, la notable intolerancia del magistrado respecto a las organizaciones políticas de izquierda y a la actividad social y su estrecha vinculación con personas sindicadas como autores y partícipes de delitos de lesa humanidad como los imputados Hugo Sierra y Francisco Bentivegna, ex secretario judicial federal y juez provincial respectivamente.

«A esto se suma que, el juez debe obrar con convicción republicana, democrática y de respeto a los derechos humanos; y debe ser tolerante y respetuoso hacia los colegas que no coincidan con la solución adoptada y hacia las críticas ajustadas a derecho. (…) Montezanti incurrió en reiterados excesos verbales y desbordes retóricos impropios del decoro y la mesura que deben regir las expresiones de un magistrado. Asimismo, el denunciado se dedicó -con particular ensañamiento- a atacar la dignidad de las personas que lo denunciaron ante este Consejo», manifiesta la resolución.

Una bofetada a la democracia

La prueba de la militancia del juez y docente en favor de la pena capital surge de la lectura de la foja 40 de su legajo personal en el Destacamento de Inteligencia 181 en el cual consignó como declaración jurada entre sus “trabajos publicados», dos doctrinas difundidas en la Revista Jurídica La Ley que lo muestran como «un ferviente defensor de la pena de muerte».

En la primera de ellas, bajo el título «La pena de muerte» el camarista sostenía: «El delincuente es un enfermo social (…) siempre hay un porcentaje de enfermos cuya recuperación es imposible (…) en el orden de la delincuencia, así como en el de la salud física, tal situación, sólo puede desembocar en la muerte, y esa es precisamente la función de esta pena (…) la pena de muerte no es una panacea sino un instrumento más (tal vez cualitativamente más empinado) de los muchos de que la sociedad dispone para neutralizar a la delincuencia».

Agrega que «la bofetada que antiguamente daban los padres a sus hijos en el momento de la ejecución del reo, diciéndoles ‘para que te acuerdes’, tiene un altísimo valor moral y preventivo, y es preciso no olvidar que no es con sentimentalismo ni aflojando o embotando la espada de la ley y del poder como se gobierna a los pueblos (…) resulta absurdo negarle a la sociedad el derecho de defenderse con armas similares a las que emplean los malvados empeñados en destruirla o socavarla». Y concluye: «La derogación formal de la pena capital introduce un proceso regresivo en la sociedad, tornando cobardes y pusilánimes a los magistrados».

En la segunda doctrina firmada por Montezanti, denominada «La Cámara Penal de Bahía Blanca y la pena de muerte (un curioso criterio de aplicación de la ley penal)», el ex espía critica un fallo por el cual la Alzada bahiense resolvía no aplicar la pena de muerte. «Si la ley hubiera tenido por finalidad aplicar la pena de muerte solamente a los subversivos, lo hubiera dicho claramente, y por cierto no hubiera modificado para nada el Código Penal», decía.

La defensa de la pena capital por parte del camarista fue denunciada por el actor Alberto Rodríguez, testigo del asesinato de su compañero David “Watu” Cilleruelo, en el marco de una reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur. Aquellos dichos, que incluían su vinculación con la Triple A, motivaron una querella por considerarlos «ofensivos a su honor» aunque el juez correccional José Luis Ares sostuvo que «Montezanti no podía sentirse ofendido por dicha afirmación por cuanto había quedado acreditado que éste promovía la aplicación de la pena de muerte en el ordenamiento jurídico argentino».

Si bien, el magistrado denunciado opina que la pena de muerte no está «reñida con los derechos humanos», para lxs consejerxs que lo convocaron a dar explicaciones dicha medida «es la máxima negación de los derechos humanos, es el homicidio premeditado y a sangre fría de un ser humano a manos del Estado y en nombre de la justicia. Constituye en todas las circunstancias, una extrema violación del derecho a la vida y el castigo más extremo, más cruel e inhumano».

«Resulta incuestionable que la férrea defensa que el dr. Montezanti realiza respecto de la pena de muerte, denota una postura palmariamente incompatible con la vigencia de los derechos humanos, y también pone en evidencia que carece de las condiciones de idoneidad moral y vocación democrática indispensables para el desempeño de su cargo de magistrado del Poder Judicial de la Nación», concluyen.