Esperando el sol de Mayo

Foto: Javier Luján.

Foto: Javier Luján.

El Tribunal Oral subrogante de Bahía Blanca realizó esta tarde una audiencia preliminar en el marco de la Causa Stricker, segundo tramo del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el V Cuerpo de Ejército durante el terrorismo de Estado, que se prevé comience los primeros días de mayo. Defensas, querellas y fiscalía realizaron planteos vinculados a la aplicación de la Acordada 1/12 de la Cámara de Casación referidas a la celeridad en los debates orales.

Los jueces José Mario Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava decidieron en un primer momento prohibir el ingreso del público y los escasos medios de comunicación presentes, aunque a partir de un pedido de los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, una hora después se permitió el acceso de las personas reunidas en las escalinatas de Colón 80 manteniéndose la restricción para la prensa.

Entre jueves y viernes el tribunal comunicará sus resoluciones sobre la fecha de inicio del debate, las declaraciones testimoniales y su repetición o no, el formato de lectura de la acusación contra los diez imputados y el orden de tratamiento de los casos, entre otras solicitudes. Las audiencias serán, al igual que en el primer juicio, martes y miércoles con horarios condicionados al funcionamiento de la Universidad del Sur.

El coronel retirado del Ejército y ex segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181 y del Área de Defensa 511, Carlos Andrés Stricker, es quien da nombre a esta segunda causa que incluye a más de noventa víctimas del genocidio en Bahía Blanca y la región.

Por su responsabilidad desde el mismo cargo que Stricker -en otro período de tiempo- está acusado Alejandro Osvaldo Marjanov que comparte banquillo con los militares Carlos Alberto Arroyo; Ricardo Claudio Gandolfo; José Héctor Fidalgo; Miguel Antonio Villegas y un grupo de ex guardias del centro clandestino de detención y torturas La Escuelita: Fernando Antonio Videla, Felipe “Chamamé” Ayala, Armando “Pato” Barrera y Bernardo Artemio Cabezón.

En la audiencia, las defensas cuestionaron la utilización de testimonios recogidos en la Causa Bayón (con sentencia de septiembre de 2012) llegando en un par de casos a plantear la inconstitucionalidad de las normas de Casación. Por ejemplo, así lo manifestó el defensor oficial Leonardo Brond -quien junto a sus pares Rodríguez y Castelli representan a cuatro criminales- que también advirtió que tenía preguntas para algunos testigos cuyos nombres no aportó aunque era el momento de hacerlo.

El fiscal Nebbia pidió que al momento de convocar a testigos víctimas y familiares el tribunal trabaje en forma conjunta con los organismos de derechos humanos y el juez Triputti informó que el mecanismo será similar al del primer juicio, con asistencia psicológica y la incorporación de una abogada responsable de las citaciones.

La querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mónica Fernández Avello, reclamó que cuando los declaraciones sean de mujeres sobrevivientes de La Escuelita “se desaloje la sala y se saque al periodismo del lugar”, dadas las denuncias por abusos sexuales obrantes en la causa contra guardias del campo de exterminio -algunos de ellos imputados en este juicio-.

Los fiscales solicitaron que los casos sean analizados cronológicamente para dar cuenta con claridad de la dimensión criminal del genocidio en la región. Cuando la defensora de Arroyo pidió que la emboscada de Fitz Roy 137 -donde fueron fusilados Daniel Hidalgo y Olga Souto Castillo- sea tratado en primer término, desmembrado del resto, el dr. Miguel Palazzani fue contundente en el rechazo: “Fitz Roy no es un caso, está en un contexto de terrorismo de Estado”.

Sobre la cuarta regla de Casación, referida a la lectura de las requisitorias de elevación a juicio, Fiscalía propuso unificar los tres documentos que fueron presentados para no reiterar los elementos comunes. Desde la defensa privada estuvieron de acuerdo y pidieron limitar la exposición a los hechos, calificaciones legales y participación de cada imputado. “Me alegro de escuchar eso”, aseguró Triputti y recordó que fueron las defensas las que en junio de 2011 exigieron que se lea las requisitorias completas ocupando dos meses de audiencias.

Hubo otros planteos referidos al acceso de las partes a las grabaciones de las futuras sesiones y al traslado de los imputados a la U4 de Villa Floresta mientras se desarrolle el juicio oral.

El tribunal afirmó sobre el cierre que ya “tienen en mente” el nombre de un cuarto juez, que no habrá audiencias durante las ferias judiciales y que se está buscando una nueva sede para los juicios que vienen. Ratificó así que el juicio a los genocidas de la Armada “va a ser en otro lugar”, aunque el juez Triputti no quiso profundizar: “Veremos quién está”.

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