Lo que el juez Martínez no quiere ver

(Nota con audio) El dr. Miguel Palazzani denunció que el juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez «obstaculiza» la investigación que él mismo delegó en la Unidad Fiscal para conocer y juzgar la responsabilidad de Vicente Massot y Mario Gabrielli en crímenes de lesa humanidad cometidos desde sus puestos dentro del «núcleo decisional» de La Nueva Provincia durante el terrorismo de Estado.

«Nadie está condenando de antemano ni construyendo ningún enemigo ni nada de lo que se hacía en aquella época. Estamos con las herramientas del estado de derecho pidiéndole que con todas las garantías constitucionales vengan y expliquen», dijo en una entrevista en el programa Enredados -que se emite por Continental Bahía Blanca- tras conocerse el rechazo al pedido de detención e indagatoria de los acusados por «falta de pruebas».

El viernes 17 de mayo, la edición digital del diario -que horas después despediría con complicidad al «ex presidente» Videla- publicaba una crónica que menciona por primera vez tras la escueta nota con que dio cuenta de sus homicidios en 1976, los nombres de sus empleados Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, crímenes imputados a la familia Massot. La empresa se victimiza y fabula que la causa «amenaza no solamente a los medios de comunicación sino a cualquier argentino».

Afirma Massot allí que fue «una sentencia del Tribunal Oral Federal Subrogante de Bahía Blanca, dictada por jueces especialmente designados para ese caso» la que «habilitaba en un párrafo» la investigación sobre su diario. Lo que no dice es que ningún juez ni jueza bahiense reunía el coraje y la imparcialidad mínima para garantizar justicia ni que el «párrafo» de los dres. Ferro, Triputti y Bava era un poco más largo y comprometedor como puede leerse aquí.

En la entrevista que puede escucharse completa al final de esta nota, el dr. Palazzani cuenta que junto a su colega José Nebbia analizaron «cómo es este fenómeno criminal que tenemos entre manos que no es una cadena de mandos, ni una persona en un centro clandestino, ni incluso un capellán haciendo ‘contención psicológica’ en La Escuelita».

«Empezamos a analizar el concepto de genocidio, este plan de exterminio sobre una parte determinada de la población argentina y cómo son sus condiciones de posibilidad. Por qué se dio, qué tuvo que requerirse para que se diera de la manera en que se dio en Bahía Blanca».

Con el plan criminal jurídicamente probado desde el Juicio a los Comandantes y con «abordajes históricos y sociológicos» ratificados por los procesos reabiertos tras la caída de las leyes de impunidad, pusieron la lupa sobre «las reglamentaciones de acción y operaciones psicológicas que tenían los militares como parte importante del plan, a tal punto que los reglamentos de inteligencia, por ejemplo, dicen que la guerra psicológica será una guerra aparte».

«Es decir, no lo tratan en el reglamento de inteligencia sino que es otra cosa. Acá tenemos que trabajar distinto y hay un desarrollo reglamentario tanto en Armada como en Ejército con el RC5-2-1 de Operaciones y Acción Psicológica, más lo que trata el Placintara, más la directiva 404 y las que fijaron las bases reglamentarias de la dictadura. Vemos y advertimos un patrón de propaganda y de abordaje de las noticias, un patrón de tratamiento e incluso de silenciamiento, todo específicamente reglamentado».

-Eso antes, durante y después del golpe y la dictadura…

Juez subrogante Santiago Martínez.

Sí, los reglamentos de operaciones psicológicas están desde 1968. El RC5, después se fue reformando y se adaptó a partir del ’76 con un cúmulo de directivas y demás. Una vez que tenemos el plan y el abordaje de la acción psicológica concreta empezamos a ver cuál fue el rol de La Nueva Provincia -con el mandato del tribunal oral que entendió que había que investigar-. Empezamos a ver el rol del diario en ese plan.

Insisto porque esto no es un dato menor, el juez interviniente indicó en la resolución que no se había probado que el medio periodístico haya tenido intervención en esto; si vos decís que el medio no tuvo intervención estás lejos todavía de analizar las responsabilidades personales que intervienen en ese medio.

Entonces analizamos cuál fue el rol del medio. Lo pusimos en tres planos. Propaganda, propaganda negra le dicen los reglamentos de acciones psicológicas. La acción de propaganda, y en esto destacamos una lógica que siguen teniendo: la construcción de un Otro enemigo con claros calificativos como delincuente subversivo, extremista, sedicioso. Toda una línea que excedía por mucho lo que es una simpatía ideológica, que claramente la tienen. Uno advierte de la lectura de esas editoriales, de las noticias, de cómo presentan a los militares y cómo se presenta a los militantes populares y articuladores sociales y a todos los que no respondieran a lo que ellos querían; uno va viendo en contexto cómo responde esa conducta general al patrón de acción psicológica.

(…) Cuando se habla de las pruebas tenemos que entender cómo se comente este delito. Se comete con tinta en un papel. En esta parte del delito. Hemos citado dos precedentes internacionales que claramente dicen que estos delitos se cometen con esta modalidad que es la que se requiere en este tipo de plan.

Luego hacemos una bajada ya más precisa a los llamados por ellos ‘enfrentamientos’. Mostramos que son falsos enfrentamientos, que cada caso en particular -tomamos no menos de veinte que se debatieron y se dieron por probados en la causa 982- con gente secuestrada, torturada, que luego aparecía como sabemos. Presentamos lo que ocurrió y cómo trató eso La Nueva Provincia. Con estas cosas de las presentaciones de fotos, incluso de información que ni siquiera se había filtrado en ningún lado que no fuera ahí, con adelantos de la información que luego se conocía que era de otra manera. En fin, una directa relación con los comandos.

-Martínez dice que esta diferencia entre lo que pasó y lo que se publicaba es producto de una profunda investigación posterior y que en ese momento la familia Massot y La Nueva Provincia no podían saberlo. ¿Hay alguna posibilidad razonable de que eso fuese así?

No, eso es una enormidad que lo sitúa al juez claramente en la línea de defensa de La Nueva Provincia que se defiende diciendo que su rol y su cobertura fue periodística. Él cuando dice eso está claramente situado en el lugar de la defensa, claramente ese es el eje, o lo politiza o se victimiza diciendo que están perseguidos políticamente o dicen que hicieron periodismo.

Claramente estamos demostrando ahí que no. Y entendamos el momento procesal que tenemos, es inicial, estamos diciendo «que vengan a explicar y a ejercer el derecho de defensa». No estamos en un debate oral donde tenemos que condenar o absolver. Tenemos un cúmulo de elementos y le queremos decir a esta persona que entendemos participó en ese núcleo decisional de La Nueva Provincia: «Venga que le queremos hacer estos cargos y usted debe, tiene derecho a ejercer su defensa material con uno, diez o cincuenta abogados defensores». No es más que eso en esta primera etapa.

Desoye el juez que eso no fue una cobertura periodística y por eso digo que lo pone en un lugar que, por lo menos desde el poder judicial, es complicado porque está silenciando todo el cúmulo probatorio de la relación y el vínculo directo de LNP tanto con el Comando V Cuerpo como con la Armada. Está silenciando prueba que incluso es admitida por LNP. Creo que se pone más allá de lo que podría ser el derecho a defensa de estas personas.

El otro día reflexionábamos si era una revista de modas en esa época, no entendemos muy bien cómo analiza la situación cuando uno le está poniendo de manifiesto la gravedad de todos estos planos delictivos.

Martínez faltó a la cita

Miguel Ángel Loyola y Enrique Heinrich.

En cuanto a las pruebas en torno a los asesinatos de los obreros y dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, Palazzani explicó que en la presentación del Ministerio Público dan cuenta de «las huelgas y paros desde el ’75 en adelante» que encontraron «un comportamiento feroz de la patronal» y destacó que el juez Martínez no debió cometer el «error de analizar con el lenguaje actual el contexto de aquella época».

«Decir lo que decía LNP de los obreros gráficos era poco menos que una sentencia de muerte. En el mejor de los casos se los secuestraba y torturaba. Entonces hay todo un análisis que desde la justicia se tiene que hacer. No se puede abordar este fenómeno criminal como si fuera un hurto de un estéreo. Requiere un ejercicio de la dogmática penal, lo digo así por si así lo quieren escuchar los tecnócratas. Requiere de un abordaje de las categorías penales, de la participación, de la autoría, de la coautoría, de los roles criminales desde otro lugar porque el fenómeno es impresionante y es único», aseguró.

Por otra parte, subrayó que la «única cita internacional y de doctrina» que hace el juez subrogante es la del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia: «Eso no es inocente porque ese tribunal está fuertemente cuestionado y sacó un fallo hace un par de meses que La Nación (…) destaca, pero es una absolución a un militar que habla de la autoría, de que tiene que estar probado sin lugar a dudas, se hace toda una construcción jurídica y están hablando de otra realidad fáctica que no fue la nuestra».

«(…) Le mencionamos que el hecho es el tribunal de Ruanda no de Yugoslavia. ¿Por qué no analiza Ruanda que justamente le estamos manifestando que condenó al dueño de una revista, de un periódico, de la radio y de la televisión? Y te diría incluso que funcionaron con una construcción más metafórica y más delicada que la que ha hecho LNP en todos estos años».

-Hablás de la responsabilidad en los homicidios de Heinrich y Loyola a partir del conflicto gremial y las publicaciones del diario, pero hay otras pruebas…

No, claro. Lo que mostramos ahí son algunas cosas que ya se conocen. La foto y la filmación de la orden para, obviamente no la vamos a encontrar nunca. Nosotros hacemos una construcción indiciaria desde las afirmaciones de la ‘subversión gremial’ o en el ámbito de las empresas, incluso de las empresas periodísticas que desliza en todos los editoriales hasta la ferocidad con que se manifiestan en ese momento porque el diario no sale o lo hace con ediciones menores. Más el permanente acoso y hostilidad con los empleados, con los obreros.

Y hay un dato en el ’75 que lo muestra a Vicente Massot cara a cara con los obreros gráficos. En pleno conflicto gremial, quizás el peor que haya tenido la empresa, hay una delegación para que tome en sus manos todo lo que tenga que ver con el personal -dicho en una escritura pública- de la directora Diana Massot para con Vicente Massot.

Vicente Massot es el delegado de la dirección para que se ocupe de todo lo que tenga que ver con el personal en este sentido. Con algo muy impresionante y muy simbólico: esa resolución que se toma esa noche se la notifican a Loyola. Entonces Loyola está ahí, eso es impresionante desde lo simbólico aunque hay otros compañeros.

La categoría dogmática de la instigación justamente es eso, Yabrán no fue y ejecutó materialmente a Cabezas. Hay una instigación y el abordaje que hay que hacer es otro porque si no caemos en la estructura de que si no tengo una foto de la picana y la persona no se puede condenar a nadie.

Lobos del hombre

En otro tramo de la conversación, el dr. Palazzani hace referencia a la existencia «dentro del diario e integrando el staff conformado por la familia Massot» de Personal Civil de Inteligencia. Confirmados por los listados difundidos por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación aparecen el fallecido redactor Jorge Carlos Soldini y el fotógrafo Gustavo Jorge Lobos que en la actualidad brinda talleres en el Instituto Juan XXIII.

«Es simbólico por lo que significa un fotógrafo como PCI, la posibilidad que da ese disfraz de trabajador de prensa pero cumpliendo otro rol claramente criminal porque estaba colaborando con el secuestro y las muertes posteriores», declaró el fiscal.

Finalmente comentó que el vínculo entre LNP y los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas «era una relación fluida y justamente hacían operación psicológica e inteligencia, incluso más, los reglamentos marcan esa relación».

«Dice que el oficial de inteligencia y el oficial de operaciones psicológicas forman un equipo. Y que por momentos incluso en la sala de torturas, para dejar los eufemismos de lado, el oficial de inteligencia requerirá de la acción psicológica para que le indique qué interrogar. Porque el que hizo acción psicológica sabe en otro plano adónde estaba situada la víctima, en qué lugar -la universidad, el gremio, el barrio, la parroquia- las personas de acción psicológica tenían por lo menos que abastecer a la inteligencia de ese tipo de información para saber qué preguntar», concluyó.

Audio de la entrevista completa:  Ir a descargar