La Corte Suprema prolonga la impunidad de Vicente Massot

Con una oración, la Corte Suprema desestimó ayer una queja contra la falta de mérito de la cual goza Vicente Massot. El ex dueño de La Nueva Provincia está acusado de ser coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y por haber efectuado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y asesinatos de otras 35 personas a través de tareas de acción psicológica desplegadas por su multimedio.

“El recurso extraordinario, cuya denegación origina esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”, firmaron Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

El fiscal Javier De Luca había fundado el recurso en el carácter equiparable a una sentencia definitiva de una resolución de la Cámara de Casación, pues constituía un sobreseimiento encubierto que violaba la obligación internacional de dilucidar y juzgar seriamente los hechos. Además, ponía en riesgo la soberanía jurisdiccional del Estado argentino porque, al tratarse de delitos de jurisdicción universal, cualquier otro país podía juzgar los hechos si no se lo hacía aquí.

En noviembre continuará el Juicio Armada II

Con la lectura de la acusación arrancó este viernes el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad de Bahía Blanca. Es el segundo tramo de la causa que investiga crímenes del terrorismo de Estado ordenados y ejecutados en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano.

De los 18 imputados uno solo llegó esposado en un móvil del Servicio Penitenciario. Otros tres se acercaron por su cuenta a Colón 80 desde sus prisiones domiciliarias y el resto hizo lo propio, hacia sedes judiciales de Capital Federal y Necochea, para seguir la audiencia por videoconferencia.

El fiscal Miguel Ángel Palazzani afirmó que el debate mostrará una vez más “el circuito de Baterías, Comando de Operaciones Navales y la comunidad de la Armada Argentina operando junto con el V Cuerpo de Ejército. Vamos a escuchar algunas cosas que ya conocemos como hechos notorios y otras que se van a ventilar por primera vez, con todo lo que significa la realización de un juicio para seguir construyendo la memoria, la verdad y obtener justicia”.

Las próximas audiencias serán el jueves 1 y el viernes 2 de noviembre desde las 15.

Difundieron el fallo del Juicio Ejército III

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca dio a conocer esta semana los fundamentos de la sentencia del Juicio Ejército III en la cual 21 genocidas fueron condenados a penas de prisión perpetua, otros nueve recibieron castigos de entre tres y catorce años y uno fue absuelto.

2024 páginas tiene la argumentación del fallo de los jueces José Mario Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava en el expediente caratulado “FBB 93000001/2012/TO1 caratulada ‘González Chipont Julio Guillermo y otros s/ Privación ilegal de libertad (Art.144 bis inc.1) (Lesa Humanidad)’ Querellante: Secretaria de Derechos Humanos Ministerio de Justicia, seguridad y derechos humanos de la Nación y otros”.

La querella pidió condenas en cárceles comunes

En la última audiencia del Juicio Ejército III la abogada querellante Mónica Fernández Avello pidió penas de prisión perpetua para 24 represores y de entre 15 y 20 años para el resto.

La representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación exigió el cese de las prisiones domiciliarias y subrayó que el 10 de mayo, ante el fallo del 2×1 de la Corte Suprema, se “demostró en la calle (…) un límite colectivo ante la posibilidad cierta que los genocidas estén en libertad”. “La sociedad toda ha expresado que no hay retrocesos en este punto de nuestra democracia que estamos construyendo”.

La querella adhirió a los pedidos de reparación simbólica planteados por la Fiscalía en relación a las publicaciones de La Nueva Provincia y la difusión de los hechos, las historias de las víctimas y las sentencias desde las universidades nacionales del Sur y del Comahue y el Municipio de Bahía Blanca.

Montezanti pretende reforzar su impunidad

La Fiscalía recusó a la flamante secretaria de Derechos Humanos del Juzgado Federal Nº1, a cargo de Walter López Da Silva, dado que la funcionaria no está en condiciones de “garantizar ecuanimidad en el ejercicio de su cargo” en las causas de lesa humanidad.

Anabela Soledad Macedo se desempeñó en la vocalía de la Cámara Federal de Bahía Blanca presidida por Néstor Luis Montezanti, ex personal civil de inteligencia del Ejército durante la dictadura, imputado en la causa que investiga 22 asesinatos cometidos por la Triple A. El ex magistrado se escudó en sus fueros cuando Alejo Ramos Padilla pretendió indagarlo y una vez jubilado nunca más fue citado por el Juzgado.

Montezanti fue quien solicitó en 2010 la designación de Macedo en la Cámara y quien decidió sus posteriores ascensos. “Como consecuencia -manifestaron desde la Fiscalía-, existió un trato diario, continuo y de recíproca confianza, durante un importante periodo de tiempo, lo que además importó una relación de ascendencia y jerarquía del juez hacia la empleada”.

“¿Dónde están los niños apropiados y los desaparecidos?”

La Fiscalía cerró su alegato en el Juicio Ejército III con el pedido de prisión perpetua para 25 imputados y de entre 13 y 19 años para los siete restantes. Insistió con la revocatoria de las detenciones domiciliarias y el cumplimiento de las condenas en cárceles comunes y propuso medidas de reparación simbólica.

“Como sabemos que entre los imputados hay personas que conocen situaciones y circunstancias que pueden aliviar el sufrimiento de muchas víctimas, queremos terminar haciéndoles una pregunta -dijo Miguel Ángel Palazzani-. ¿Dónde están los niños apropiados y los desaparecidos? Tienen la oportunidad de la última palabra para decirlo al tribunal y a la sociedad que lo está esperando. En tanto no aparezcan y estas heridas sigan abiertas, todo lo que hagamos sigue siendo poco”.

Junto a José Nebbia y el equipo de la Unidad Fiscal, Palazzani exigió al tribunal el derecho a réplica colectivo para las víctimas en las páginas de La Nueva Provincia y el compromiso de las universidades del Sur y del Comahue y del Municipio de Bahía Blanca para difundir “que nadie puede ser perseguido, secuestrado, torturado, ni desaparecido por defender sus derechos y expresar sus ideas y de que la potencia punitiva del Estado no puede desatarse contra la población bajo ningún tipo de pretexto y menos aún por el hecho de pensar distinto”.

En las audiencias de este lunes a las 15 y del martes a las 14 en Colón 80 continuará su alegato la dra. Mónica Fernández Avello por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Bigotes dibujados: la operación de prensa para encubrir un doble homicidio

Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia concluirán mañana su alegato en el juicio a 32 acusados por crímenes en el ámbito del V Cuerpo del Ejército. Uno de los 103 casos de víctimas que expusieron ante el tribunal muestra claramente las operaciones militares de acción psicológica a través del diario La Nueva Provincia, cuyo ex director se encuentra imputado por esa conducta criminal. La presentación de un fusilamiento como un enfrentamiento y la modificación de la imagen de una de las víctimas.

El dibujo de bigotes, la enfatización de las cejas con tinta negra y el oscurecimiento del pelo en la imagen de una víctima de homicidio publicada en el diario La Nueva Provincia completó la operación de acción psicológica del V Cuerpo del Ejército, que presentó como un enfrentamiento cruento con “subversivos” lo que en realidad fue el asesinato a sangre fría de Daniel Guillermo Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo. La estrategia de la operación no consistió sólo en marcar que ambos eran “subversivos”, sino también que lo parecían.

La operación de acción psicológica fue descripta por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani y el fiscal ad hoc José Nebbia en su alegato, que comenzó el 24 de abril pasado y que culminaría este martes 30 de mayo.

Punto de partida para el juicio Armada II

La Unidad Fiscal de Bahía Blanca logró situar en instancia de juicio oral dos grandes causas que explican el funcionamiento del terrorismo de Estado en la ciudad. Mientras la semana pasada comenzó debate por crímenes de lesa humanidad con mayor cantidad de acusados en la provincia en la “causa Ejército”, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal dio traslado al Ministerio Público Fiscal para que requiera la prueba que pretende abordar en la “causa Armada II”, que llevará a debate oral y público a 19 ex miembros de esa fuerza por los delitos cometidos en 68 casos.

El traslado del expediente a la Fiscalía se da en el marco del artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación, que estipula la “citación a juicio” de las partes, que a partir de la fecha en la que reciben la convocatoria tienen diez días para contestar la lista de testigos, los documentos y el material secuestrado que llevarán al debate.

La citación del Tribunal se da en el marco de un trabajo de la Unidad Fiscal, que encabezan el fiscal general Miguel Palazzani y el fiscal ad hoc José Nebbia, para agilizar el trámite de los expedientes de la jurisdicción.

La buena noticia es el juicio

“Nunca ha sido fácil avanzar en Bahía Blanca en nada que tuviera que ver con esto”, dijo a FM De la Calle el fiscal Miguel Ángel Palazzani horas antes del comienzo del cuarto juicio de lesa humanidad en la ciudad. Las dificultades son mayores con la “falta de apoyo y el desmantelamiento de estructuras que venían sosteniéndolos”. “Que empiece el proceso, el más grande en la provincia de Buenos Aires, que sea aquí y que avancemos con, por ejemplo, veinte nuevas imputaciones de responsables que todavía no estaban juzgados me parece una buena noticia”, agregó.

El martes a las 15 se realizará la próxima audiencia del juicio Ejército III en Colón 80. Por la mañana podría realizarse una inspección para verificar las condiciones de detención de los imputados alojados en la cárcel de Villa Floresta. El miércoles desde las 9 se completará la lectura de la acusación.