Triple A: perpetua para Aceituno y 10 años de prisión para Curzio, Pallero y Forcelli

El Tribunal Oral de Bahía Blanca condenó por unanimidad a cuatro ex integrantes de la Alianza Anticomunista Argentina y calificó a los hechos como «crímenes de lesa humanidad».

Raúl Roberto Aceituno recibió la pena de prisión perpetua al ser considerado coautor del homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de David Hover Cilleruelo, en concurso real con el delito de asociación ilícita.

Raquel Cilleruelo, hermana de «Watu», manifestó durante la transmisión colectiva de FM De la Calle y La Retaguardia que «logramos que uno de los cómplices llegara, los otros se fueron muriendo. Después de 46 años falta mucha gente acá. La perpetua de Aceituno tiene mucha fuerza para mí».

Forcelli, Pallero y Curzio fueron castigados con 10 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, accesorias legales y al pago de las costas del proceso por ser coautores penalmente responsables del delito de asociación ilícita.

«La actitud de Mayer fue de complicidad con el poder»

El periodista Néstor Busso declaró en el juicio a cuatro integrantes de la Triple A bahiense a partir de un informe realizado por el Servicio de Documentación e Información Latinoamericana sobre el asesinato del sacerdote Carlos Dorñak y la persecución a sectores católicos progresistas.

«El clima de Bahía Blanca era de terror, pánico, miedo. Principalmente de los sectores cristianos comprometidos con los más humildes, de la comunidad salesiana», dijo el ex director del Sedipla y agregó que, en ese contexto, la actitud del arzobispo Jorge Mayer fue «lamentable y claramente de complicidad con el poder».

Busso dedicó su testimonio a la memoria de Eugenio Navarrete, presidente de la Asociación de Presos Políticos de Rio Negro, quien declaró en el juicio en diciembre y falleció en Viedma el 29 de enero.

Piden revocar la falta de mérito y dictar el procesamiento de Massot

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca solicitó la ampliación de la indagatoria de Vicente Gonzalo Massot, la revocación de la falta de mérito y el dictado de su procesamiento por los crímenes contra la humanidad en los que habría tomado parte el diario La Nueva Provincia en la ciudad de Bahía Blanca y la región.

En el mismo escrito, dictaminó que se rechace el pedido de sobreseimiento formulado por el defensor del acusado, y pidió la producción de nuevas medidas de investigación. Las presentaciones  se produjeron luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara, el 30 de julio de este año, un recurso contra la falta de mérito dictada en 2015 en primera instancia, que había sido confirmada en 2016 tanto por la Cámara Federal de Apelaciones bahiense como la Cámara Federal de Casación Penal.

«La petroquímica se construyó casi a punta de bayoneta»

Foto: Jorge Cedrón.

La dictadura de Agustín Lanusse puso la piedra fundacional, la de Jorge Rafael Videla declaró de interés nacional la finalización de la obra y la de Roberto Viola la inauguró.

La Petroquímica de Bahía Blanca era «un horizonte de los sectores más concentrados del capital» que tenían en La Nueva Provincia al vocero de «un mañana industrial», dijo a FM De la Calle la historiadora Belén Zapata.

Luego de su declaración en el juicio a cuatro ex miembros de la Triple A, se refirió al fuerte disciplinamiento que padecieron los obreros y a una figura central de las persecuciones, amenazas y homicidios cometidos en nuestra ciudad: Rodolfo «Fito» Ponce.

La Corte Suprema prolonga la impunidad de Vicente Massot

Con una oración, la Corte Suprema desestimó ayer una queja contra la falta de mérito de la cual goza Vicente Massot. El ex dueño de La Nueva Provincia está acusado de ser coautor de los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y por haber efectuado “aportes esenciales” en los secuestros, torturas y asesinatos de otras 35 personas a través de tareas de acción psicológica desplegadas por su multimedio.

«El recurso extraordinario, cuya denegación origina esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal», firmaron Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

El fiscal Javier De Luca había fundado el recurso en el carácter equiparable a una sentencia definitiva de una resolución de la Cámara de Casación, pues constituía un sobreseimiento encubierto que violaba la obligación internacional de dilucidar y juzgar seriamente los hechos. Además, ponía en riesgo la soberanía jurisdiccional del Estado argentino porque, al tratarse de delitos de jurisdicción universal, cualquier otro país podía juzgar los hechos si no se lo hacía aquí.

En noviembre continuará el Juicio Armada II

Con la lectura de la acusación arrancó este viernes el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad de Bahía Blanca. Es el segundo tramo de la causa que investiga crímenes del terrorismo de Estado ordenados y ejecutados en jurisdicción de la Base Naval Puerto Belgrano.

De los 18 imputados uno solo llegó esposado en un móvil del Servicio Penitenciario. Otros tres se acercaron por su cuenta a Colón 80 desde sus prisiones domiciliarias y el resto hizo lo propio, hacia sedes judiciales de Capital Federal y Necochea, para seguir la audiencia por videoconferencia.

El fiscal Miguel Ángel Palazzani afirmó que el debate mostrará una vez más «el circuito de Baterías, Comando de Operaciones Navales y la comunidad de la Armada Argentina operando junto con el V Cuerpo de Ejército. Vamos a escuchar algunas cosas que ya conocemos como hechos notorios y otras que se van a ventilar por primera vez, con todo lo que significa la realización de un juicio para seguir construyendo la memoria, la verdad y obtener justicia».

Las próximas audiencias serán el jueves 1 y el viernes 2 de noviembre desde las 15.

Difundieron el fallo del Juicio Ejército III

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca dio a conocer esta semana los fundamentos de la sentencia del Juicio Ejército III en la cual 21 genocidas fueron condenados a penas de prisión perpetua, otros nueve recibieron castigos de entre tres y catorce años y uno fue absuelto.

2024 páginas tiene la argumentación del fallo de los jueces José Mario Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava en el expediente caratulado “FBB 93000001/2012/TO1 caratulada ‘González Chipont Julio Guillermo y otros s/ Privación ilegal de libertad (Art.144 bis inc.1) (Lesa Humanidad)’ Querellante: Secretaria de Derechos Humanos Ministerio de Justicia, seguridad y derechos humanos de la Nación y otros”.

La querella pidió condenas en cárceles comunes

En la última audiencia del Juicio Ejército III la abogada querellante Mónica Fernández Avello pidió penas de prisión perpetua para 24 represores y de entre 15 y 20 años para el resto.

La representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación exigió el cese de las prisiones domiciliarias y subrayó que el 10 de mayo, ante el fallo del 2×1 de la Corte Suprema, se «demostró en la calle (…) un límite colectivo ante la posibilidad cierta que los genocidas estén en libertad». «La sociedad toda ha expresado que no hay retrocesos en este punto de nuestra democracia que estamos construyendo».

La querella adhirió a los pedidos de reparación simbólica planteados por la Fiscalía en relación a las publicaciones de La Nueva Provincia y la difusión de los hechos, las historias de las víctimas y las sentencias desde las universidades nacionales del Sur y del Comahue y el Municipio de Bahía Blanca.

Montezanti pretende reforzar su impunidad

La Fiscalía recusó a la flamante secretaria de Derechos Humanos del Juzgado Federal Nº1, a cargo de Walter López Da Silva, dado que la funcionaria no está en condiciones de «garantizar ecuanimidad en el ejercicio de su cargo» en las causas de lesa humanidad.

Anabela Soledad Macedo se desempeñó en la vocalía de la Cámara Federal de Bahía Blanca presidida por Néstor Luis Montezanti, ex personal civil de inteligencia del Ejército durante la dictadura, imputado en la causa que investiga 22 asesinatos cometidos por la Triple A. El ex magistrado se escudó en sus fueros cuando Alejo Ramos Padilla pretendió indagarlo y una vez jubilado nunca más fue citado por el Juzgado.

Montezanti fue quien solicitó en 2010 la designación de Macedo en la Cámara y quien decidió sus posteriores ascensos. «Como consecuencia -manifestaron desde la Fiscalía-, existió un trato diario, continuo y de recíproca confianza, durante un importante periodo de tiempo, lo que además importó una relación de ascendencia y jerarquía del juez hacia la empleada».

«¿Dónde están los niños apropiados y los desaparecidos?»

La Fiscalía cerró su alegato en el Juicio Ejército III con el pedido de prisión perpetua para 25 imputados y de entre 13 y 19 años para los siete restantes. Insistió con la revocatoria de las detenciones domiciliarias y el cumplimiento de las condenas en cárceles comunes y propuso medidas de reparación simbólica.

«Como sabemos que entre los imputados hay personas que conocen situaciones y circunstancias que pueden aliviar el sufrimiento de muchas víctimas, queremos terminar haciéndoles una pregunta -dijo Miguel Ángel Palazzani-. ¿Dónde están los niños apropiados y los desaparecidos? Tienen la oportunidad de la última palabra para decirlo al tribunal y a la sociedad que lo está esperando. En tanto no aparezcan y estas heridas sigan abiertas, todo lo que hagamos sigue siendo poco».

Junto a José Nebbia y el equipo de la Unidad Fiscal, Palazzani exigió al tribunal el derecho a réplica colectivo para las víctimas en las páginas de La Nueva Provincia y el compromiso de las universidades del Sur y del Comahue y del Municipio de Bahía Blanca para difundir «que nadie puede ser perseguido, secuestrado, torturado, ni desaparecido por defender sus derechos y expresar sus ideas y de que la potencia punitiva del Estado no puede desatarse contra la población bajo ningún tipo de pretexto y menos aún por el hecho de pensar distinto».

En las audiencias de este lunes a las 15 y del martes a las 14 en Colón 80 continuará su alegato la dra. Mónica Fernández Avello por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.