Memoria en Villarino

Este miercoles 24 se realizará un homenaje a lxs villarinenses detenidxs desaparecidxs y asesinadxs durante el terrorismo de Estado.

Será con un acto oficial de inauguración de un «Espacio de la Memoria» que recordará a María Graciela y Zulma Araceli Izurieta, Mario Oscar Golberg, Juan Carlos Prádanos, Juan Carlos Peiris y las 30 mil víctimas del genocidio en nuestro país.

La actividad organizada por el municipio con el acompañamiento de la Asociación Familiares de Víctimas comenzará a las 10 en la Plaza Independencia de Médanos y a las 11:30 continuará con una charla debate con proyección de videos en la Sociedad Italiana de Bulnes 71.

Nacido en La Escuelita

(Red x la Identidad/ Abuelas) Hoy 17 de abril cumple 36 años el hijo de Graciela Romero y Raúl Metz, nacido en cautiverio en el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Escuelita”.

Arrancado de los brazos de su madre a poco de nacer, el hijo del matrimonio Metz Romero con toda seguridad vivirá hoy su cumpleaños sin saberlo. Su identidad le fue negada, así como su historia, y es a la fecha uno de los cuatrocientos nietos que las Abuelas de Plaza de Mayo aún buscan. Su hermana Adriana, que aún no pudo conocerlo,lo busca, lo sueña y lo espera.

Esa búsqueda, entendemos desde la Red por el Derecho a la Identidad de Bahía Blanca, no debe interesar sólo a ellas, sino a la sociedad toda. Porque mientras al menos un hombre o mujer viva con una identidad que no es la suya a causa del plan sistemático de apropiación de menores implementado durante la dictadura, los efectos del Terrorismo de Estado se perpetuarán. RESEÑA DEL HECHO:

Esperando el sol de Mayo

Foto: Javier Luján.

El Tribunal Oral subrogante de Bahía Blanca realizó esta tarde una audiencia preliminar en el marco de la Causa Stricker, segundo tramo del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el V Cuerpo de Ejército durante el terrorismo de Estado, que se prevé comience los primeros días de mayo. Defensas, querellas y fiscalía realizaron planteos vinculados a la aplicación de la Acordada 1/12 de la Cámara de Casación referidas a la celeridad en los debates orales.

Los jueces José Mario Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava decidieron en un primer momento prohibir el ingreso del público y los escasos medios de comunicación presentes, aunque a partir de un pedido de los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, una hora después se permitió el acceso de las personas reunidas en las escalinatas de Colón 80 manteniéndose la restricción para la prensa.

Entre jueves y viernes el tribunal comunicará sus resoluciones sobre la fecha de inicio del debate, las declaraciones testimoniales y su repetición o no, el formato de lectura de la acusación contra los diez imputados y el orden de tratamiento de los casos, entre otras solicitudes. Las audiencias serán, al igual que en el primer juicio, martes y miércoles con horarios condicionados al funcionamiento de la Universidad del Sur.

El coronel retirado del Ejército y ex segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181 y del Área de Defensa 511, Carlos Andrés Stricker, es quien da nombre a esta segunda causa que incluye a más de noventa víctimas del genocidio en Bahía Blanca y la región.

Otra oportunidad para democratizar la justicia

Tal como adelantáramos en Rescatando al soldado Montezanti, la posibilidad del juicio político contra el integrante de la Cámara de Apelaciones bahiense sigue vigente tras desarchivarse la denuncia de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y el inicio de un nuevo expediente.

El gremio, que había exigido rever la prescripción de la causa, lo acusa desde 2008 por “mal desempeño”, “violación de los deberes de funcionario público” y por tener una “clara actitud antisindical”. El profesor Dante Patrignani agregó los mismos argumentos que motivaron su pedido de juicio académico en la Universidad del Sur: la actuación del camarista como personal civil de inteligencia del Ejército durante la dictadura.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, por los vínculos del magistrado con la Alianza Anticomunista Argentina, repudió el archivo de la causa advirtiendo que el Consejo dio «un paso más en la construcción de impunidad que viene llevando a cabo el juez Oyarbide con sus infinitas maniobras dilatorias y de fragmentación de la causa Triple A con el evidente objetivo de impedir su juzgamiento como organización terrorista, amparada y sostenida por el Estado durante los años 1974/76».

Mientras tanto, la Cámara Civil de Bahía Blanca falló a favor de Montezanti ordenando a la secretaria local de la UEJN el pago de una indemnización de 70 mil pesos por compararlo con el «mandamás de un campo de concentración».

“Juzgar y perseguir hasta el último genocida”

El ex camarista bahiense Luis Alberto Cotter recibió un nuevo reconocimiento por su aporte a la defensa y promoción de los derechos humanos y su histórico rechazo a las leyes de impunidad y los indultos menemistas. Esta vez fue la Cámara de Diputadxs de la Nación que, a instancias de la legisladora Virginia Linares, convocó a referentes políticos, gremiales y de organismos de derechos humanos para destacar su trayectoria.

“Ya han transcurrido 30 años del restablecimiento de la democracia, y si se computa este tiempo con la cantidad de causas terminadas -según informe de la Corte Suprema serían 75- resulta claro que son muy pocas si se tiene en cuenta la cantidad de denuncias y hechos cometidos por la dictadura a lo ancho y largo de la República”, sostuvo Cotter.

Agregó que una vez removidas las leyes de la impunidad “los juicios no avanzan con la celeridad necesaria y esto se debe, en mi opinión, a varios factores, de los que puedo enumerar, sin intención de agotarlos, lo engorroso de la investigación, el tiempo para establecer la identidad de los autores, como así las pruebas que hacen a su responsabilidad, la insuficiencia del número de personal afectado, la cantidad de recursos que interponen permanentemente los encausados, la demora de los jueces a veces injustificada en resolverlos y/o en darle el impulso procesal adecuado a las actuaciones”.

Otra etapa del Juicio y Castigo

El Tribunal Oral subrogante de Bahía Blanca definirá el próximo martes desde las 16 la fecha de inicio y las características que tendrá el segundo debate oral en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el V Cuerpo de Ejército durante la última dictadura cívico militar religiosa.

La audiencia preliminar convocada por los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava contará con la presencia de representantes de las querellas, los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, y las defensas de diez represores.

Un sacerdote que sigue impune

(Por Diego Martínez – Página/12) Vara fue capellán auxiliar del Cuerpo V y tuvo un rol protagónico junto a los represores. Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani pidieron su detención e indagatoria, pero el juez federal de Bahía Blanca Santiago Martínez rechazó la solicitud.

La Justicia de Bahía Blanca se resiste a investigar a los sacerdotes que actuaron al servicio del terrorismo de Estado. El ex capellán Aldo Omar Vara admitió en 1999 que supo de las torturas en el centro clandestino La Escuelita y que vio las secuelas de la picana sobre el cuerpo de jóvenes secuestrados en el Batallón de Comunicaciones 181. El entonces fiscal general Hugo Cañón pidió su imputación pero la Cámara Federal se la negó. Trece años después, el tribunal que condenó al primer grupo de represores del Cuerpo V de Ejército –integrado por jueces foráneos porque sus pares bahienses no daban garantías de imparcialidad– tomó nota de los testimonios sobre Vara, consideró probada su “culpabilidad” en secuestros y torturas, y ordenó que se lo investigara en primera instancia.

Rescatando al soldado Montezanti

El Consejo de la Magistratura archivó una denuncia contra el camarista bahiense Néstor Luis Montezanti por “mal desempeño”, “violación de los deberes de funcionario público” y por tener una “clara actitud antisindical”. El proceso comenzó en 2008 por parte de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y, además de recibir pruebas sobre la imputación laboral, contó con testimonios y documentación que muestran su compromiso con el terrorismo de Estado vinculado a la Triple A y como personal civil de inteligencia del Ejército. Sin embargo, no fueron tenidas en cuenta y el trámite prescribió.

Al titular de la UEJN, Julio Piumato, le pareció «una barbaridad» que incrementó «las represalias» contra las personas afectadas y pidió el desarchivó de la causa. Alberto Rodríguez -querellado años atrás por el juez espía- anticipó la medida «desde el primer día» por la composición del órgano judicial y el escaso interés encontrado al declarar frente al cuerpo. Y el legislador Juan Pedro Tunessi denunció que el rescate a Montezanti fue «una operación comandada por el diputado de Tres Arroyos Cuto Moreno» y que el oficialismo «decidió protegerlo». Otra denuncia está vigente.