Jorge Ferro, presidente del Tribunal Oral de Bahía Blanca que acaba de condenar a 22 genocidas, aseguró a FM De la Calle que la sentencia procuró buscar “el equilibrio entre el derecho de propiedad que tiene el diario La Nueva Provincia de hacer una publicación” y el derecho de rectificación que corresponde a las víctimas del terrorismo de Estado que fueron mencionadas como “abatidas en enfrentamientos”. Opinó que la medida “tiene un tinte de reparación moral frente a la familia porque lamentablemente ellos no pueden decir nada”.
La semana pasada 18 represores recibieron penas de prisión perpetua y otros cuatro de entre 8 y 18 años de cárcel. Pertenecen a la Armada, el Ejército, la Prefectura, la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario provincial. Entre sus resoluciones, los jueces aceptaron el pedido de la Fiscalía para aplicar el derecho a réplica colectivo en las páginas del diario de la familia Massot.
Respecto a los cuestionamientos de familiares de los imputados aseguró que “toda persona tiene derecho a pedir y reclamar lo que considera justo” aunque deben “tener en cuenta que esto no es un juicio de venganza, no se actúa mecánicamente, (…) ha habido una valoración de cada caso en particular”. “Es una posición ideológica totalmente distinta, es una posición parcializada porque según ellos se trataba de hijos y nietos, entonces, yo la respeto. Lo que sí, no le doy valor jurídico”, afirmó.
Por otra parte, Ferro rechazó la posibilidad de unificar los tramos restantes de las causas Ejército y Armada y realizar un megajuicio que acelere los tiempos -petición impulsada por la Fiscalía y las querellas- “porque hay responsabilidades distintas, hay hechos distintos, hay víctimas distintas”. Seguir leyendo