Aferrado a sus secretos

(Nota con audio) El juez Néstor Luis Montezanti ratificó la vigencia del compromiso que asumió ante el genocida José «Balita» Riveiro para mantener «el secreto más absoluto» sobre su accionar en el Destacamento de Inteligencia 181 y demandó nuevamente al docente universitario Dante Patrignani. Ahora, es por la supuesta «revelación de secretos políticos y militares»… del terrorismo de Estado.

La demanda del también docente del Departamento de Derecho de la UNS incluye a la representante legal del denunciado, Mónica Fernández Avello, y apunta a castigar la difusión de su legajo personal en la unidad que realizaba tareas de reunión de información, contrainteligencia, sabotaje, subversión, y actividades psicológicas secretas respondiendo órdenes del Departamento II Inteligencia del Comando del V Cuerpo de Ejército.

«Son manotazos que está dando, tratando de que nos callemos la boca, de que no se hable más del tema», dijo en FM De la Calle Dante Patrignani quien pidió a la UNS y al Consejo de la Magistratura que evalúen las condiciones éticas y morales del hombre de la gorra.

«Todo fue un asco, una aberración»

La ex telefonista del Hospital Municipal de Bahía Blanca, Aurora Estela Pierrestegui, declaró ayer en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado por parte de 25 represores de la Armada, el Ejército, la Prefectura y la Policía y el Servicio Penitenciario Bonaerenses.

«El hospital era un cuartel, había gente con ametralladoras, la morgue llena de cadáveres. Cuando alguien venía a averiguar y había que llevarlo a la morgue, el (militar) que estaba me llevaba con la ametralladora en la espalda. (…) La morgue siempre estaba llena y no eran de Bahía Blanca, eran jóvenes de afuera que entraban muertos. Yo tenía un bibliorato donde se registraban los pedidos de los médicos, ellos pedían la ambulancia para trasladar los cuerpos, yo tomaba datos de nombres del operativo, de la gente, eran NN todos», afirmó.

Aurora fue recluida en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio que funcionó en la Base de Infantería de Marina “Baterías” de Punta Alta. Durante la audiencia denunció los abusos sexuales cometidos por sus captores y mencionó a algunas víctimas de la causa que pudo reconocer en el campo de concentración.

Las audiencias continuarán los días 11 y 12 de noviembre a las 9 en Colón 80.

Todos apuntan a La Nueva Provincia

Alejandro, Diana y Vicente Massot festejaron el golpe en los talleres de LNP.

Enrique Marano ocupa la secretaría general de la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afines desde 1967 y, en la década del ’70, fue adjunto de Enrique Heinrich en la conducción del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca. Declaró en torno al secuestro y desaparición de los obreros de La Nueva Provincia en el juicio contra 25 represores que actuaron en jurisdicción de la Armada.

El dirigente aseguró que sobre los trabajadores del diario golpista existían «presiones físicas, ambientales y morales» y agregó que «era muy frecuente la visión de personal armado, seguridad externa como interna, haciendo ostentación de su condición». Vinculó los homicidios a la «gravitación que tenían tanto los altos mandos de la Base Naval Puerto Belgrano como del V Cuerpo de Ejército, incluso con reuniones frecuentes con la dirección del diario». También declararon los trabajadores gráficos Teófilo Gandi y Anacleto Serra. Las audiencias continuarán este jueves desde las 9 en Colón 80.

A mediodía, el Concejo Deliberante homenajeará al periodista Néstor Ángel “Cacho” Barbieri reservando su nombre para ser destinado a un espacio verde de la ciudad. “Fue la voz familiar más creíble de Bahía Blanca y su zona de influencia”, argumentó la concejala Soledad Espina (FpV). El ex jefe del servicio informativo de LU2 fue mencionado días atrás como el filtro indispensable por donde pasaban las noticias referidas al genocidio.

Los fiscales Nebbia y Palazzani afirmaron en la imputación contra Vicente Massot que “el diario, la radio (LU2) y el canal (9) de TV –que conforman el grupo mediático- junto con las FFAA” cumplieron en una asociación ilícita “roles prefijados por reglamentaciones y planes militares, desde la ‘interminable’ serie de editoriales, presentación de falsas noticias, propaganda negra, manipulación mediática y todas las acciones psicológicas posibles puestas al servicio del exterminio”.

Los guardianes de Montezanti

Denuncian «la complicidad y el silencio» de Bouzat y Centurión.

La Coordinadora por el Juicio Académico al docente Néstor Luis Montezanti por haber sido agente civil de inteligencia del terrorismo de Estado convocó una movilización para el próximo lunes 3 de noviembre a las 9 hacia el Consejo Departamental de Derecho -Colón 50- para exigir «de una vez por todas» el pronunciamiento del organismo.

«Es vital entender que nuestra participación va ser la que abra el horizonte para recuperar realmente la memoria de todos aquellos que fueron brutalmente desaparecidos», afirmaron luego de manifestar que la oficialista lista Blanca  no «evidencia mucha preocupación por la permanencia de Montezanti en los claustros». Como ejemplo, destacan que la UNS se notificó con dos meses de demora que la Suprema Corte hizo caer la cautelar que frenaba el juicio: «Los homenajes, como la reciente inauguración de la ‘Estación de la Memoria’ por los estudiantes asesinados por la dictadura, quedan en el terreno de lo simbólico cuando no se acompañan con acciones concretas enfrentando a los cómplices del genocidio».

Además, denuncian «la complicidad y el silencio» de los decano y vicedecano de Derecho, Andrés Bouzat y José Luis Centurión, quienes «no solo no se han expedido en el plazo reglamentario al respecto de la situación de Montezanti, si no que han salido de testigos a su favor en el juicio que éste entabló contra el docente Dante Patrignani por difundir este pasado nefasto, con un fallo vergonzoso que lo obliga a pagar setenta mil pesos».

Para apelar dicho fallo ante la Suprema Corte se debe hacer un depósito judicial de treinta mil pesos. «VOLUNDAD de seguir con la pelea en los tribunales, me sobra. Pero necesito FONDOS», dijo Patrignani. Por ello, la Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti impulsa una campaña de recaudación de fondos, se puede colaborar depositando su aporte en el Banco Credicoop: Bco. 191 Suc.127 Caja de Ahorro Nº de Cuenta: 116549.

El comunicado completo:

«Tenía muchos deseos de declarar»

Noemí Ester Weimann cerró las declaraciones de la audiencia del 15 de octubre en el juicio por crímenes de lesa humanidad que se le imputan a 25 represores que actuaron en jurisdicción de la Armada Argentina durante el genocidio.

Fue testigo del secuestro de su esposo Raúl Spadini, ex trabajador del Taller Aeronaval Central de la Base Comandante Espora, detenido en marzo de 1976 y sobreviviente del centro clandestino que funcionó en el buque ARA 9 de Julio.

«Él estaba esperando este momento», manifestó Ester a casi cuarenta años de los hechos y luego de ocho años de instrucción. Así como la biología o la justicia lenta perpetúan la impunidad para centenares de criminales, impiden la justa reparación para lxs sobrevivientes. Raúl Spadini ya no declarará ante el tribunal, su delicada salud desmejoró y cinco días después de este testimonio falleció a los 85 años.

Las audiencias continuarán mañana martes, el miércoles y el jueves desde las 9 en la sede del rectorado de la UNS de Colón 80.

El Juicio desde la Calle 8

Completamos la cobertura de las audiencias del martes 14 y miércoles 15 de octubre con declaraciones sobre los secuestros y asesinatos de los obreros gráficos de La Nueva Provincia Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.

El Juicio desde la Calle es un panorama informativo sobre el juicio Armada Argentina – BNPB en el que están imputados 25 represores. Se emite los viernes a las 20 por FM De la Calle 87.9Mhz. Reemiten: FM De la Ventana 96.9Mhz en Sierra de la Ventana y Radio Universidad AM 1240 (UNS). El programa puede descargarse y reproducirse libremente por cualquier medio.

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“¿Así que le querés cobrar a los militares?”

Víctor Fogelman.

Rubén Adolfo Jara declaró el miércoles 15 de octubre ante el tribunal oral en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Armada Argentina.

El ex titular de la empresa OMPA y del Consejo Escolar de Punta Alta ratificó que fue el policía bonaerense Víctor Oscar Fogelman el autor material de su secuestro. “Estaba en mi oficina, entra Fogelman y me dice que lo acompañe hasta la Base Puerto Belgrano. Yo pensé: ‘Cagamos, algún problema debe haber’”.

“Los que me torturaban me pasaban facturas por mi buen pasar. Con mi empresa le debía cobrar a los deudores, ese dato nos lo daban los comerciantes, eran en su gran mayoría marinos, digamos el 90 por ciento. Mientras me picaneaban me insultaban, me decían, ¿así que vos le querés cobrar a los militares?”, relató.

Las audiencias continuarán el próximo martes 28 a las 9 en Colón 80 de Bahía Blanca.

El compromiso de Molina

Manuel Jorge Molina estaba señalado por la inteligencia de Prefectura como uno de los trabajadores a «ralear» de La Nueva Provincia, luego del secretario general y el tesorero del Sindicato de Artes Gráficas, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, asesinados en julio de 1976.

Declaró en el juicio Armada Argentina – BNPB, luego de mantener vivo por casi cuarenta años el reclamo de juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de aquellos crímenes, cumpliendo el «compromiso implícito» con la memoria de sus compañeros.

«Había un temor colectivo, no podíamos entender cómo un conflicto salarial iba a costar la vida Heinrich y Loyola», dijo. «¿Se lo atribuye a la empresa?», preguntó un juez. «No me queda la menor duda», respondió.

Molina aseguró que luego de los asesinatos y con el control de los reclamos sindicales, «varias veces me llamó Federico Massot, le decía que yo no había cometido ningún delito, que mi único delito fue defender a mis compañeros y terminé metiendo mi renuncia».

«La Nueva Provincia no permitió jamás, en 38 años, que los trabajadores se afiliaran al Sindicato de Artes Gráficas y con la opción de la ley de obras sociales, impuso a todos los gráficos del monopolio la obra social de Prensa», subrayó.

El silencio de mínimas palabras

Carlos Reyes y Máximo Levi trabajaban en LU2 cuando Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, obreros gráficos de La Nueva Provincia, fueron secuestrados, torturados y fusilados a mediados de 1976. Sobre aquellos hechos declararon la semana pasada en el juicio contra 25 represores que actuaron en jurisdicción de la Armada Argentina durante el terrorismo de Estado.

Reyes comentó su relación con un oficial del servicio de inteligencia del Ejército que ofreció protección a Máximo Levi luego de los homicidios de los dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas. Levi subrayó el estricto control de las autoridades de la radio, en particular de Néstor Barbieri, sobre las noticias vinculadas al genocidio.

«Fue La Nueva Provincia»

Foto: Lina Etchesuri.

«No le pedí explicaciones (a Massot), estaba tan segura de que no me iba a recibir porque hasta el diario sacó cuatro letras. Fallecimiento de dos obreros de LNP. Aparecieron muertos en la Cueva de los Leones. Listo, chau», declaró María Cristina Taylor, viuda de Miguel Ángel Loyola, ante el Tribunal Oral que juzga a 25 represores por crímenes de lesa humanidad.

La testigo afirmó que apenas aparecido el cuerpo acribillado del obrero gráfico y dirigente gremial dijo: «Esta fue La Nueva Provincia. Ahí me salió todo de mí, se ve que él no me contó todo, parte de las situaciones, de cualquier manera estar encerrado en una habitación con los matones detrás no es normal. Que el Ejército los llamara para prevenir no era normal. Otra cosa, cuando estábamos en el hospital a mi cuñado se le escapó o lo quiso decir: ‘Yo los conozco a todos, son todos tenientes recién recibidos de los que vinieron ahora, los mandan a hacer estos trabajos’. Yo identifiqué al Laucha (Corres), lo sigo viendo».

El tesorero del Sindicato de Artes Gráficas fue secuestrado, al igual que el secretario general Enrique Heinrich, el 30 de junio de 1976 tras varios años de enfrentamiento con la familia Massot por reclamar mejores condiciones salariales y laborales en los medios del Grupo La Nueva Provincia. Estuvieron cuatro días desaparecidos y sus cuerpos fueron encontrados en la Cueva de los Leones. El juicio continuará los días 28, 29 y 30 de octubre a las 9 en Colón 80.