Un puente a la memoria

“Aquí fue asesinado, por el terrorismo de Estado, Carlos Alberto Davit el 19 de Noviembre de 1975. Reafirmemos, como homenaje a su memoria, nuestra convicción de lucha inclaudicable por la democracia, la libertad y la dignidad del pueblo argentino”.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó un Proyecto de Ley de la legisladora Virginia Linares (FAP) designando con el nombre de “Carlos Alberto Davit” al puente donde apareciera el cuerpo del estudiante de tan sólo 26 años de edad, que fuera asesinado en 1975 por grupos parapoliciales a pocos kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca.

Carlos Alberto Davit, «El Pelado», como le decían sus amigos, nació el 11 de abril de 1949 en el seno de una familia campesina (Esteban A. Davit se llama su padre y Cristina R. Testa su madre), en la zona rural de Guatraché, provincia de La Pampa. Al terminar sus estudios secundarios en el Instituto Alberdi partió a la ciudad de Bahía Blanca para proseguir sus estudios en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Sur (UNS). En esa casa de altos estudios estudiaba la carrera de Contador Público, mientras trabajaba como visitador médico.

Contra la invisibilización de los más visibles

López Rega y Almirón, jefes de la Triple A.

(Nota con audio) La comisión jurídica de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre junto a sobrevivientes y familiares de víctimas de la Triple A se presentó la semana pasada ante el juez Norberto Oyarbide para exigirle que impute a siete represores detenidos en la causa que investiga homicidios, tormentos y secuestros.

Según dijo en FM De la Calle el secretario del organismo José Schulman, el trámite fue acompañado por una manifestación política contra el silencio y la invisibilización: “Alguna vez en Bahía blanca desarrollé una idea de la paradoja de que los crímenes más visibles de la historia argentina, que son los de la Triple A, ahora son invisibles y los invisibles crímenes de la desaparición forzada ahora son visibles. Necesitamos que todo sea visible”.

El INTA recuerda a Prádanos

La Dirección de la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi del INTA y el secretariado de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta) invita al acto homenaje por la memoria del ingeniero agrónomo Juan Carlos Prádanos quien fuera compañero de tareas en la institución y asesinado por un grupo de tareas de la última dictadura cívico militar. Durante el encuentro se descubrirá una placa recordatoria a 36 años del crimen de lesa humanidad. Será el próximo 30 de noviembre a las 10 en el hall de acceso a la estación experimental.

Juan Carlos nació el 24 de junio del año 1931 en Capital Federal y  se recibió de Ingeniero Agrónomo en la Universidad de Buenos Aires durante 1962. Unos años más tarde, en 1973, se gradúa como Magister en la Universidad de Chile en Producción Frutal.

El camino a seguir

«Encontramos que la expresión de la verdad, en el estricto marco de lo acontecido en este juicio, fue seriamente afectada por una comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra, destinada no solo a imponer la versión de los victimarios, sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal», dijo el Tribunal Oral sobre La Nueva Provincia.

Tras desarrollar el contexto histórico del que surgió la última dictadura cívico militar y su estructuración represiva en Bahía Blanca y la región, la primera lectura de los fundamentos del fallo que condenó a 17 genocidas del Ejército, la Policía Federal de Viedma y el Servicio Penitenciario Bonaerense permite observar la valoración que hicieron los jueces Ferro, Triputti y Bava en cuanto a la participación en el plan criminal de otros sectores de poder que deberán ser investigados.

Se trata de algunas de las facciones civiles claramente identificadas durante el alegato de la Fiscalía en cuanto a sus complicidades como lo son el poder judicial, la usina ideológica que representó el diario de la familia Massot y la Iglesia Católica. También se deberá observar los tormentos sufridos por las víctimas en traslados entre cárceles.

Condenados con fundamentos

«Con esto queda cerrada definitivamente, al menos en esta instancia, la causa 982 Bayón y otros», dijo este mediodía el presidente del Tribunal Oral subrogante de Bahía Blanca dr. Jorge Ferro.

Según informó el magistrado, que estuvo acompañado por sus pares José Mario Triputti y Martín Bava, a los 17 genocidas condenados se les entregará en las próximas horas la documentación en «las unidades penitenciarias donde cumplen su detención» y, en ese momento, «comenzará el plazo para tramitar los recursos pertinentes».

Excarcelación inadmisible

La Corte Suprema de Justicia revocó la excarcelación del represor Gabriel Cañicul, imputado por delitos de lesa humanidad y ordenó que se devuelvan los expedientes «al tribunal de origen para que se dicte una sentencia». Así lo indicaron esta mañana fuentes judiciales.

La resolución, a la que Télam tuvo acceso, se remite al dictamen del procurador fiscal Luis Santiago González Warcalde y la firman los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, con la disidencia de sus colegas Carmen Argibay y Enrique Petracchi, para quienes el recurso era «inadmisible».

¿Bahía sitiada? Medios y dictadura

Documental realizado por alumnxs de la Escuela Normal Superior Vicente Fatone en el marco del proyecto Jóvenes y Memoria, recordamos para el futuro 2012.

Merecido reconocimiento

El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur aprobó en su última sesión “el reconocimiento institucional” a las y los docentes, estudiantes, graduados y profesionales de “Memoria Abierta” que participaron en el trabajo arqueológico convocado por la justicia federal en el ex centro clandestino de detención y torturas La Escuelita.

La resolución 671 se basa en que gracias al relevamiento arqueológico realizado, se logró ubicar el lugar exacto y los cimientos del lugar, como así también se colaboró con la investigación en el juicio por los delitos de lesa humanidad en el V Cuerpo de Ejército.

«Es importante para la institución, conforme a sus propios fines estatutarios, realizar un merecido reconocimiento al trabajo responsable y comprometido con las consignas de ‘Memoria, Verdad y Justicia'», destaca lo dispuesto por el CSU.

Una entrevista con Alejandra Pupio, Romina Frontini y Rodrigo Vechi, integrantes del grupo de trabajo de la UNS puede escucharse aquí y el informe presentado a la justicia puede leerse completo en esta nota.

Quintana el Gracioso

Detenido en Salta y Zapiola.

«No se me ocurre nada gracioso… Están muy serias», dijo el capitán de navío (RE) Arturo María Quintana a un par de funcionarias del Patronato de Liberados cuando le preguntaron si quería agregar algo más durante la visita al departamento del décimo piso de Zapiola 811 donde se supone cumple arresto domiciliario.

Esa mañana, apenas pasadas las nueve, las recibió «con fuerte olor a alcohol» y recordó las consecuencias de su última burla a la justicia a principios de julio cuando lo vieron ingresando a su casa. Fue cuando le preguntaron al detenido si estuvo detenido.

«Sí, del 12 de diciembre de 2011 hasta el 10 de febrero de 2012 y por un ‘incidente en el que fui a la farmacia porque mi señora no estaba bien, justo en la puerta estaba la colega de ustedes. Me dijo que iba a informar. Apelé a la Cámara, ¿cómo se llamaba la que venía acá antes de ustedes?», preguntó y le respondió su esposa desde otra habitación.

Aquella vez dijo a la Cámara que había ido a comprar pan y los magistrados lo devolvieron al hogar. Se lo tomaron tan en serio que ahora el represor les cuenta el cuento de la farmacia. Lo apaña la versátil ex jueza civil y comercial Elda Eulalia Ventura: esposa, abogada defensora y guardadora de su detención hasta hace unos días.

Más marinos a juicio oral

A dos años de la muerte del almirante Massera y a 61 del nacimiento de Astiz, la Fiscalía presentó ante el Juzgado Federal Nº1 el requerimiento de elevación a juicio de nueve oficiales y suboficiales retirados de la Prefectura Naval y de la Armada Argentina en el marco de la investigación de secuestros, torturas, fusilamientos y desapariciones durante la última dictadura cívico militar.

El pedido abarca a 48 víctimas que pasaron por los centros clandestinos de detención organizados en la Base Naval Puerto Belgrano, en la Base de Infantería de Marina Baterías y los casos de los obreros gráficos de La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, cuyos cuerpos masacrados fueron encontrados en las afueras de Bahía Blanca el 4 de julio de 1976 (foto).