La querella pidió condenas en cárceles comunes

En la última audiencia del Juicio Ejército III la abogada querellante Mónica Fernández Avello pidió penas de prisión perpetua para 24 represores y de entre 15 y 20 años para el resto.

La representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación exigió el cese de las prisiones domiciliarias y subrayó que el 10 de mayo, ante el fallo del 2×1 de la Corte Suprema, se «demostró en la calle (…) un límite colectivo ante la posibilidad cierta que los genocidas estén en libertad». «La sociedad toda ha expresado que no hay retrocesos en este punto de nuestra democracia que estamos construyendo».

La querella adhirió a los pedidos de reparación simbólica planteados por la Fiscalía en relación a las publicaciones de La Nueva Provincia y la difusión de los hechos, las historias de las víctimas y las sentencias desde las universidades nacionales del Sur y del Comahue y el Municipio de Bahía Blanca.

Honoris Causa post mortem para Cañón

La Universidad Nacional de La Plata distinguió con el título Doctor Honoris Causa –post mortem– al ex fiscal general Hugo Omar Cañón, activo defensor de los derechos humanos.

La vicepresidenta académica Ana Barletta recordó que “Hugo Cañón fue el único fiscal general que desde Bahía Blanca se enfrentó a los represores y luego promovió los juicios por la verdad” y rescató “su valentía para luchar contra La Nueva Provincia, un diario cómplice de la dictadura militar”.

Montezanti pretende reforzar su impunidad

La Fiscalía recusó a la flamante secretaria de Derechos Humanos del Juzgado Federal Nº1, a cargo de Walter López Da Silva, dado que la funcionaria no está en condiciones de «garantizar ecuanimidad en el ejercicio de su cargo» en las causas de lesa humanidad.

Anabela Soledad Macedo se desempeñó en la vocalía de la Cámara Federal de Bahía Blanca presidida por Néstor Luis Montezanti, ex personal civil de inteligencia del Ejército durante la dictadura, imputado en la causa que investiga 22 asesinatos cometidos por la Triple A. El ex magistrado se escudó en sus fueros cuando Alejo Ramos Padilla pretendió indagarlo y una vez jubilado nunca más fue citado por el Juzgado.

Montezanti fue quien solicitó en 2010 la designación de Macedo en la Cámara y quien decidió sus posteriores ascensos. «Como consecuencia -manifestaron desde la Fiscalía-, existió un trato diario, continuo y de recíproca confianza, durante un importante periodo de tiempo, lo que además importó una relación de ascendencia y jerarquía del juez hacia la empleada».

«¿Dónde están los niños apropiados y los desaparecidos?»

La Fiscalía cerró su alegato en el Juicio Ejército III con el pedido de prisión perpetua para 25 imputados y de entre 13 y 19 años para los siete restantes. Insistió con la revocatoria de las detenciones domiciliarias y el cumplimiento de las condenas en cárceles comunes y propuso medidas de reparación simbólica.

«Como sabemos que entre los imputados hay personas que conocen situaciones y circunstancias que pueden aliviar el sufrimiento de muchas víctimas, queremos terminar haciéndoles una pregunta -dijo Miguel Ángel Palazzani-. ¿Dónde están los niños apropiados y los desaparecidos? Tienen la oportunidad de la última palabra para decirlo al tribunal y a la sociedad que lo está esperando. En tanto no aparezcan y estas heridas sigan abiertas, todo lo que hagamos sigue siendo poco».

Junto a José Nebbia y el equipo de la Unidad Fiscal, Palazzani exigió al tribunal el derecho a réplica colectivo para las víctimas en las páginas de La Nueva Provincia y el compromiso de las universidades del Sur y del Comahue y del Municipio de Bahía Blanca para difundir «que nadie puede ser perseguido, secuestrado, torturado, ni desaparecido por defender sus derechos y expresar sus ideas y de que la potencia punitiva del Estado no puede desatarse contra la población bajo ningún tipo de pretexto y menos aún por el hecho de pensar distinto».

En las audiencias de este lunes a las 15 y del martes a las 14 en Colón 80 continuará su alegato la dra. Mónica Fernández Avello por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.