Allanaron la casa de Bochile

(fiscales.gob.ar) La Policía Federal allanó ayer por la tarde el domicilio de Leopoldo Bochile, apoderado del ex capellán del V Cuerpo del Ejército, Aldo Vara, y secuestró documentación y una computadora personal, en el marco de la causa en la que se investiga la ayuda que habría recibido el imputado mientras estuvo prófugo y que involucra al arzobispo de esa ciudad, Guillermo José Garlatti. La medida se concretó en el domicilio de Bochile en la ciudad de Bahía Blanca, a quien Vara le extendió un poder para que percibiera todos los meses un beneficio jubilatorio que se pagaba a través de la Curia bahiense.

El procedimiento fue ordenado por orden del juez Santiago Ulpiano Martínez a pedido del fiscal General de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, quien anteayer había requerido el allanamiento de ese domicilio junto a la reiteración de la solicitud del llamado indagatoria de Garlatti y del propio Bochile.

Cantaro -que subroga al fiscal de Instrucción Antonio Castaño, de licencia- pidió la medida para dar con «documentación que permita establecer de qué modo se le hacía llegar el dinero a Aldo Omar Vara (giro, depósito bancario, etc.) y la relación entre el imputado por delitos de lesa humanidad y las personas a las que autorizó a percibirlo», para lo cual también requirió «el secuestro de la o las computadoras personales del imputado».

La indagatoria a Garlatti y el agravio a los organismos

«De espaldas a una biblioteca, de frente a un escritorio del que emerge un globo terráqueo suspendido entre imanes, el fiscal, con jazz de fondo, se ruboriza, se apasiona y se vuelve un aluvión de enfáticas palabras«, se mostraba Cantaro en LNP a días de la declaración de Massot.

Este miércoles el fiscal general Alejandro Cantaro se refirió en FM De la Calle al nuevo pedido de indagatoria al arzobispo Guillermo Garlatti y al empresario Leopoldo Bochile, imputados por el encubrimiento del ex capellán del V Cuerpo de Ejército Aldo Vara, cuya extradición desde el Paraguay tramitan las autoridades judiciales para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad.

El funcionario destacó que «se sabía que Vara estaba prófugo, que era requerido por delitos de lesa humanidad y se le pagaba una especie de retiro, de jubilación, que también la percibe Garlatti. En la misma hoja donde Bochile firmaba recibiendo el dinero como apoderado de Vara firmaba Garlatti también. Son cinco o seis los que cobran, no era algo extraño saber que a Vara se le estaba pagando».

Subrayó la tarea que realizan los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia junto al equipo de la Unidad Fiscal de Delitos de Lesa Humanidad en las investigaciones contra civiles partícipes del genocidio como el cura Vara o el titular de La Nueva Provincia, Vicente Massot, y calificó como «agraviante» el reportaje que brindó al diario naval a días de la primera declaración del empresario ante el juez Álvaro Coleffi.

«Es mucho más que imprudente porque esto significó un agravio a organizaciones de derechos humanos que luchan por esto desde hace décadas y padres de desaparecidos y compañeros de militancia y no había ninguna razón», reconoció.

A 45 años del Cordobazo

«Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan.
La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo…»

Cordobazo.
Por Rodolfo Walsh*

Ulpiano demora indagatoria al arzobispo

(fiscales.gob.ar) El fiscal General de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, reiteró este viernes la solicitud para que se convoque a prestar declaración indagatoria al arzobispo Guillermo José Garlatti y al apoderado Leopoldo Bochile, «por haber ayudado a Aldo Omar Vara a sustraerse a la acción de la justicia». Debe citarlos Santiago Ulpiano Martínez, el subrogante que no encontró «elementos suficientes» para indagar ni detener al cura represor ni al cada vez más comprometido titular de La Nueva Provincia, Vicente Massot.

En la causa, se investiga si el ex capellán del Ejército, acusado de crímenes de lesa humanidad y actualmente en proceso de extradición desde Paraguay, percibía -aún prófugo- un beneficio jubilatorio que pagaba el Arzobispado a Bochile.

El importe mensual era alrededor de 2400 pesos en concepto de un «subsidio por edad» para mayores de 68 años que paga la Conferencia Episcopal Argentina a través del Fondo de Solidaridad (FIDES), «el sistema de seguridad previsional de los sacerdotes seculares de Argentina».

Declaran de interés municipal “El juicio desde la calle»

El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca reconoció por unanimidad al programa radial “El juicio desde la calle” y a este sitio. Las  producciones periodísticas son realizadas por FM De la Calle en el marco de su participación en la Comisión de Apoyo a los Juicios, su rol histórico y compromiso del colectivo de comunicación desde hace 25 años.

El autor y promotor del proyecto, Raúl Ayude -concejal del Frente Integración Ciudadana- destacó el rol social que cumple FM De la Calle, como institución comunitaria comunicacional gestionada como empresa de la economía social (http://hcdbahiablanca.gov.ar/concejales/proyectos/proyecto/3993).

Entre los antecedentes que el edil enumera se encuentra el “Premio Construyendo Ciudadanía en Radio y Televisión 2012″ otorgado por AFSCA luego de la evaluación del jurado compuesto por las Secretarías de Derechos Humanos y de Cultura de la Nación, organismos de derechos humanos como la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y por los trabajadores y trabajadoras de la comunicación y la cultura (Asociación Argentina de Actores, Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes, Argentores, Directores Argentinos Cinematográficos, Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), Sociedad Argentina de Locutores, Sindicato Argentino de Televisión y la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA)).

Audio sesión del HCD 

Massot: APDH querellante

(Nota con audio) La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca fue aceptada por el juez Álvaro Coleffi como querellante en la causa que investiga al director y propietario de La Nueva Provincia, Vicente Gonzalo María Massot, imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.

La resolución fue confirmada por el abogado de la institución, Walter Larrea, quien informó que si bien en esta etapa procesal las acusaciones particulares no tienen demasiadas potestades, la medida tiene «una valoración de tipo simbólica y política».

Juicio Puerto Belgrano – Armada Argentina

El Tribunal Oral Federal Subrogante convocó a audiencia preliminar para el jueves 5 de junio a las 14. El trámite contará con la intervención de Fiscalía, querellas y defensas con excepción de los imputados. Ese día se prevé establecer la fecha de inicio del debate oral.

Por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 66 víctimas, serán juzgados trece represores de la Armada Argentina, cuatro de la Prefectura Naval, siete del Ejército Argentino y un policía bonaerense. Entre los imputados debería estar el ex integrante del Batallón de Comunicaciones 181, Alejandro Lawless, prófugo desde noviembre de 2013.

Bahía Originaria III

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“Todo genocidio es heredero de un genocidio anterior. Matanza hereda matanza. La desmemoria hereda olvido. La impunidad traslada el espanto una y otra vez y la invisibilidad se instala”.

Pedagogía de la Desmemoria, Marcelo Valko.

“Estamos juzgando a los integrantes de las instituciones públicas fundantes de esta ciudad”, dijo el fiscal Abel Córdoba durante la introducción de su alegato en el juicio contra 17 represores del Comando V Cuerpo, recordando la llegada del Ejército Argentino a esta geografía en el marco de la ofensiva militar que perpetró el genocidio de los pueblos originarios.

«Para comprender quiénes han sido colocados en la categoría del ‘otro’, es preciso tener en cuenta que la definición de la ‘identidad nacional’ respondió a la posición hegemónica de los sectores dominantes sobre la que se consolidó el Estado Nacional luego de la expropiación de miles de hectáreas a los pueblos originarios. La identidad nacional fue construida a imagen y semejanza de la clase dirigente, conformada por una minoría terrateniente y agroexportadora, que negó las raíces indígenas de la población y reconoció las relaciones jerarquizadas y de deferencia propias del ámbito rural, como expresión de las costumbres y tradiciones nacionales».

Sentencia juicio V Cuerpo de Ejército, Tribunal Oral Subrogante de Bahía Blanca, 2012.

Allanaron el Arzobispado bahiense

Investigan encubrimiento del represor Aldo Vara.

(fiscales.gob.ar) El procedimiento se concretó el viernes por la tarde por orden del juez Federal subrogante, Santiago Ulpiano Martínez, y a pedido del fiscal Antonio Castaño, quien en diez días insistió en dos oportunidades con esa medida judicial, en el marco de la causa en la que se investiga el financiamiento de Vara por parte del arzobispo local, Guillermo Garlatti, y del apoderado del cura imputado, Leopoldo Bochile. La Policía Federal se retiró del Arzobispado con documentación en cuatro sobres oficio de papel madera.

El primer pedido de allanamiento fue cursado por el representante del Ministerio Público en el requerimiento de instrucción, pero Martínez lo rechazó y le remitió la causa a Castaño para que la instruyera. Como primera medida, el fiscal convocó a declarar al administrador de la curia bahiense, Bruno Cucchetti.

Tras recibir el testimonio de Cucchetti, Castaño solicitó el jueves nuevamente el procedimiento en base a sus manifestaciones y requirió que se dispusiera «el allanamiento del Arzobispado, con el objeto de que se proceda al secuestro de documentación, legajos, antecedentes y toda otra actuación que se relacione con el cobro del Beneficio Jubilatorio del imputado Aldo Vara, como también aquélla documental que tenga referencia con comunicaciones o notificaciones efectuadas por Guillermo Garlatti a otras Jerarquías de la Iglesia católica, que hagan expresa referencia a Aldo Vara».

Garlatti negó encubrimiento de Vara

El Arzobispado de Bahía Blanca ratificó mediante un comunicado de prensa lo informado en noviembre a organismos de derechos humanos bahienses: el ex capellán del Ejército imputado por crímenes de lesa humanidad Aldo Vara se desvinculó de la institución en 2001; el actual titular de la sede Guillermo Garlatti llegó en 2003; no tuvieron relación entre ellos y el obispo no ocultó ningún detalle a la justicia.

Hay, al menos, dos argumentos de peso que el Arzobispado no aclara y lo refutan. La Diócesis de Ciudad del Este afirmó que el ex capellán Aldo Vara fue recibido en Paraguay «a pedido de su Obispo», es decir: Garlatti. El empresario inmobiliario Leopoldo Bochile, apoderado del cura, retiraba mensualmente de la Curia una jubilación a nombre del represor. Mientras tanto, el Estado nacional ofrecía recompensa para dar con el paradero del prófugo.

El delito de encubrimiento que la Fiscalía imputa a Garlatti y Bochile está previsto en el artículo 277 del Código Penal de la Nación. Estipula penas de seis meses a tres años de prisión a quien, entre otras cosas, “ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta”.