Massot tiene una cita

El empresario y director del diario bahiense La Nueva Provincia, Vicente Gonzalo Massot, deberá declarar como imputado por crímenes de lesa humanidad el próximo 18 de marzo a las 10:15 en el juzgado federal que subroga el dr. Álvaro Coleffi.

La programación del demorado trámite fue notificada esta mañana a la Fiscalía a cargo de los dres. Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia.

«Es un primer paso importantísimo», aseguró Palazzani en el programa En Eso Estamos de FM De la Calle. Adelantó además que tras escuchar al represor pedirán «inmediatamente» que la declaración se transforme en indagatoria.

Meses atrás Massot fue imputado por la Fiscalía y, para que pueda defenderse, los acusadores pidieron su detención e indagatoria y la del «periodista» Mario Gabrielli, luego fallecido impune al igual que Diana Julio y Federico Massot, madre y hermano de Vicente.

En su sentencia de septiembre de 2012, el Tribunal Oral de Bahía Blanca condenó a 17 genocidas y ordenó investigar el rol de los directivos de La Nueva Provincia.

La imputación

Fundamentos de la sentencia

Esta tarde el Tribunal Oral Subrogante de Bahía Blanca dio a conocer los fundamentos del veredicto que condenó a siete represores del V Cuerpo de Ejército en diciembre de 2013. En un breve trámite del que participaron fiscales y algunxs querellantes y defensores públicos y privados se entregaron copias de la resolución.

En esta segunda sentencia del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por integrantes del Ejército Argentino y sus fuerzas subordinadas, más allá de las penas y la revelación de los hechos, se vuelve a señalar la necesidad de profundizar la investigación de civiles en el genocidio y se proponen medidas novedosas de reparación de los daños sufridos por las víctimas.

En el primer caso, se ordena investigar al ex juez provincial Francisco Bentivegna –al igual que se lo había indicado con los secretarios del juzgado federal, La Nueva Provincia y miembros de la Iglesia Católica en el primer fallo-. En el otro, se declara la nulidad e inexistencia de las actuaciones del Consejo de Guerra contra tres militantes políticos.

Además, se apela a las leyes militares para intentar encuadrar al prófugo Carlos Arroyo a partir de su pertenencia al Ejército.  Aquí algunos argumentos tras una primera lectura del documento.