Los doblados: el amenazante jadeo del exterminio

(Por Mauro Llaneza) ¿Cuántas de las personas que te cruzás en la calle, en un bar o en el colectivo estarían dispuestas a entregar a otras a un aparato genocida? Es una pregunta que suele hacerse el destacado periodista y cronista de hechos delincuenciales Ricardo Ragendorfer.

El autor de La Bonaerense y La secta del gatillo, entre otros libros, presentó en diálogo con el programa En eso Estamos de FM De la Calle su trabajo más reciente: Los doblados.

Se trata de una investigación sobre las infiltraciones del Batallón 601 en la guerrilla argentina, sobre el origen de la Operación Cóndor y su primer acto en el país, pero sobre todo, como dice Ragendorfer, de un libro que “capta el amenazante jadeo de una época en la cual se puso a punto un sistema político basado en el exterminio”.

Ir a descargar

–Los doblados aborda la figura de la traición durante la década del setenta, más allá de la originalidad del tema, ¿qué te atrajo para volcarte a la investigación con esa idea como disparador?

A la Corte por la falta de mérito de Vicente Massot

El fiscal general Javier De Luca interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Casación Penal que el 4 de julio había declarado inadmisible la queja interpuesta contra la decisión de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca que había convalidado la del juez ad hoc Claudio Pontet de declarar la falta de mérito del empresario periodístico Vicente Massot, en la causa en la que se investigan los homicidios de los obreros gráficos del diario La Nueva Provincia e integrantes del sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, y la instigación pública al genocidio o delitos de lesa humanidad a través de los editoriales del periódico.

En su escrito, el representante del Ministerio Público Fiscal fundó el recurso en el carácter de equiparable a sentencia definitiva de la resolución apelada, pues constituía un sobreseimiento encubierto que violaba la obligación internacional de dilucidar y juzgar seriamente los hechos constitutivos de esta clase de delitos, además de poner en riesgo la soberanía jurisdiccional del Estado Argentino porque, al tratarse de delitos de jurisdicción universal, cualquier otro país podía juzgar los hechos si no se lo hacía aquí.