El problema de las responsabilidades civiles

Laura Conte, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, en el Consejo de la Magistratura.

El jueves pasado el Consejo de la Magistratura con un empate en seis, destrabado por el voto doble de la presidenta Gabriela Vázquez, no renovó a Santiago Martínez y Claudio Pontet sus subrogancias del Juzgado Federal Nº1  y los reemplazó por el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla.

Antes de la votación, el plenario aceptó escuchar al fiscal general Miguel Ángel Palazzani quien expuso los principales obstáculos presentados por los funcionarios en la jurisdicción de Bahía Blanca. Comenzó con la política de atomización de causas y siguió por la defensa de los represores de sotana y saco y corbata.

Luego de la sentencia del primer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el V Cuerpo de Ejército con la extracción de testimonios por parte del tribunal oral para iniciar investigaciones sobre la actuación de civiles quedó en evidencia que «ya no era problemático imputar al cabo primero del Batallón de Comunicaciones 181 del Ejército sino que el problema eran las responsabilidades cívico militares», relató.

Sobre el final de su exposición propuso que por encima de los «dimes y diretes» entre funcionarios judiciales se escuche a las víctimas y familiares que acompañaron cada recusación y pedido de nulidad hecho por la Fiscalía y aportarían testimonios «con mucha más substancia» y «mucha más autoridad moral». Hablaron representantes de APDH e HIJOS Bahía Blanca, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el ex fiscal Hugo Cañón.

Martínez y lo que lo rodea

Palazzani inició su exposición comentando que cuando en 2013 fueron designados junto a José Nebbia en la Unidad Fiscal bahiense, tenían la orden de «no atomizar las causas». «Cuando llegamos nos dimos cuenta que el juez subrogante Santiago Martínez tomaba grupos de cuatro o cinco víctimas y enviaba la investigación».

Los fiscales apelaron y convencieron a la Cámara Federal de que «es un desconcepto abordar el fenómeno criminal en la Argentina atomizando e invisibilizando justamente al grupo identitario que quisieron exterminar».

Luego de la sentencia del primer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el V Cuerpo de Ejército con la extracción de testimonios por parte del tribunal oral para iniciar investigaciones sobre la actuación de civiles quedó en evidencia que «ya no era problemático imputar al cabo primero del Batallón de Comunicaciones 181 del Ejército sino que el problema eran las responsabilidades cívico militares, en este caso eclesiásticas».

Se trataba de la imputación contra el cura Aldo Omar Vara ubicado por, entre otros testigos, los pibes de la ENET secuestrados en el Batallón de Comunicaciones tras ser torturados en La Escuelita. «Operaba con responsabilidad de inteligencia según probamos con el reglamento de acción psicológica, el capellán estaba en el centro clandestino viendo a las víctimas, no había manera de desconocer eso. Esto, amén de otra prueba que era el rango de capitán, que operaba en su rol y con su sotana a manera de ablandamiento de otras testimoniales en función de ver en semejante cuadro y horror un sacerdote que traía información respecto de chicos de 15 y 16 años».

A Martínez le bastaron dos líneas para decir que no había elementos para indagarlo. La Cámara revirtió esa posición aunque con una evidente pérdida de tiempo. «En ese momento parece que no violentaba tanto que el dr. (Álvaro) Coleffi interviniera en una causa. Lo encontramos en Paraguay, comienzan los trámites de extradición, en el interín se muere y logran que Vara quede impune. Desde que pedimos la detención, que tendría que haber sido inmediata, un año después Vara impune. Les recuerdo que en Bahía Blanca todavía estamos buscando niños apropiados (…) Vara tenía conocimiento directo de eso».

En la causa La Nueva Provincia el trámite fue idéntico: inicio de acción penal, imputación, rechazo exprés de Martínez por falta de elementos probatorios y la revocatoria por parte de la Cámara. El ex secretario de redacción Mario Gabrielli murió impune, Vicente Massot fue escuchado una vez e indagado dos y la sede del diario fue allanada. Tras una maniobra del tándem Martínez-Fernández Moreno el segundo juez de la causa, Álvaro Coleffi, fue recusado y Claudio Pontet se encargó de dictar la falta de mérito para el empresario.

«Luego descubrimos que el financiamiento del ex capellán del Ejército que estaba en Paraguay salía de la Curia de Bahía Blanca. Era responsable el obispo actual. Recabamos la prueba, imputamos por encubrimiento, en ese momento Martínez se va de viaje junto a un camarista y alguna persona más y toma el caso Coleffi. Coleffi lo indaga a Garlatti y lo procesa. A partir de ahí veíamos lo que entiendo que ha generado todo esto, que es la decisión de Martínez y lo que lo rodea de obturar el avance de investigaciones de este tipo de responsabilidades», afirmó el fiscal.

Otro tema «gravísimo» fue el rechazo a investigar la violencia sexual cometida en los centros clandestinos de detención. Palazzani explicó el que dr. Nebbia se encargó personalmente de consultar a las víctimas para saber si querían que se abordara. Se avanzó con una perspectiva particular resolviendo cuestiones «desde ideológicas hasta culturales» y se promovió la causa. Martínez pasó por encima de las denunciantes «diciendo que había cuestiones que no estaban probadas y que la violencia sexual contra las mujeres en los centros clandestinos no eran parte del plan sistemático. Esto le permitía decir incluso que no eran delitos de lesa humanidad. Le proponíamos un abordaje totalmente diferente y lo descartó en media carilla».

Mal bicho

Fernández Moreno fue citado como testigo.

Llegado el momento de las preguntas, una consejera consultó acerca de las denuncias penales que hicieron el ex subrogante y el secretario Mario Fernández Moreno contra los fiscales Nebbia y Palazzani. «La del dr. Martínez evítenme de explicárselas porque no se entiende, la verán ustedes», pidió el flamante titular de la Procuvin y se detuvo en la segunda acusación.

«Fernández Moreno nos denuncia, entre otros delitos, por cohecho y por amenazas, personalmente a mí. La base fáctica del cohecho: habríamosle prometido a Coleffi a cambio de no sé qué resolución en Massot un cargo de fiscal, delito imposible de cometer si los hay porque debería ser la presidenta de la Nación, la Cámara de Senadores y la procuradora general todo en una persona. Me gustaría pero es imposible, apenas podemos llevar adelante estas investigaciones en Bahía Blanca.

«La otra denuncia es por amenazas. Yo digo en una declaración pública, criticando la resolución de Martínez en estas instancias, que me parecía que había que poner la lupa -lo digo como un lugar retórico común- sobre esa secretaría (…) El dr. Fernández Moreno se siente amenazado porque dice que a los insectos se los mata con la lupa y con el reflejo del sol. Les quiero decir señores consejeros que más allá de la autopercepción personal y subjetiva que tenga Fernández Moreno -en eso no me meto- lo que sí puedo decir desde el punto de vista penal, me parece una denuncia al menos para archivar, luego de la sorpresa, inmediatamente», explicó.

Para el fiscal dichas denuncias son «espacios jurídicos de extorsión» que se mantienen en trámite a pesar de que caerían inmediatamente en cualquier tribunal. «¿Quiénes son los jueces de esas denuncias? El vicepresidente primero del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, el vicepresidente segundo del Colegio de Abogados de Bahía Blanca y el vicepresidente tercero del Colegio de Abogados de Bahía Blanca. Seguramente no es el presidente porque ha sido sobreseído por Martínez por un caso de evasión agravada».

Por último, Palazzani coincidió con otra consejera en la llamativa velocidad con que se exoneró al juez Coleffi y recordó que «el camarista Néstor Luis Montezanti estaba excusado en las causas de lesa humanidad, en el fondo pero también en la superintendencia. El 30 de diciembre el dr. Montezanti resuelve, de buenas a primeras y sin que haya ningún tipo de pedido, reasumir la superintendencia en las causas de lesa humanidad, aunque no hay ningún acto que señale que se haya modificado su excusación que vino por una recusación de Eduardo Hidalgo, presidente de la APDH en Bahía Blanca. De pronto, reasume en la causa de Coleffi y termina firmando su cesantía pocos días después».

Contra el camarista y ex espía del terrorismo de Estado se tramita un expediente que reúne varias denuncias reclamando su pedido de juicio político aunque la falta de atención del Consejo lo deja al borde del archivo sin tratamiento.

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Fotos: Consejo de la Magistratura.