Un juzgado sin rumbo

Los secretarios Martínez y Fernández Moreno pidieron licencia tras los cambios en el tribunal.

Diez días después de asumir como subrogante del Juzgado Federal Nº1, Alejo Ramos Padilla remitió un informe de situación al Consejo de la Magistratura demostrando la «situación caótica» que dejaron Santiago Ulpiano Martínez y el secretario de Derechos Humanos Mario Fernández Moreno.

«En general se advierte una situación compleja, fundamentalmente en lo que hace a la Secretaría de Derechos Humanos y las dificultades que desde los diversos ámbitos confluyen para la correcta administración de justicia aparecen como evidentes y complejas, pues derivan de un proceso profundo y enmarañado, producto de dañosas relaciones interpersonales e institucionales a partir de las cuales se perdió el rumbo del juzgado», aseguró.

Propuso analizar si los sumarios y denuncias cruzadas “respondían a otros intereses”  y afirmó que “el modo en que se llevaron todas esas actuaciones sin duda pudieron haber afectado el normal funcionamiento de la justicia y la independencia, imparcialidad y serenidad que tiene que tener un magistrado a la hora de resolver expedientes de esta naturaleza».

Ramos Padilla reasumió su cargo el 9 de julio ante la Cámara de Apelaciones por orden de la Corte Suprema que, a pedido del ex espía de la dictadura Néstor Luis Montezanti, declaró nula la toma de posesión realizada ante funcionarios del Consejo de la Magistratura.

La causa contra Vicente Massot de La Nueva Provincia es una de las afectadas por la «situación caótica» del juzgado.

El principal inconveniente que encontró Alejo Ramos Padilla fue la Secretaría de Derechos Humanos, cuyo titular Mario Fernández Moreno es «el único secretario que no asistió y no asiste al juzgado desde que asumí», situación agravada por la centralización personal que hacía el funcionario sobre «los expedientes más sensibles, información que no compartía con ninguna de las personas que lo acompañaban en su oficina de trabajo».

Fernández Moreno se escabulló ante los funcionarios que participaban de la asunción del nuevo juez tras pedir una licencia médica que sorprendió al personal dado que «había estado hasta el día anterior instruyendo causas y tomando declaraciones en la causa contra (Álvaro) Coleffi».

Su ausencia «provocó que se tornara dificultoso el conocimiento del estado procesal actual de las causas por delitos de lesa humanidad, así como recabar información precisa sobre los asuntos urgentes y relevantes que permitieran iniciar la gestión en dichas causas para una más eficaz administración de justicia», manifestó el subrogante que debió suspender provisoriamente las audiencias previstas para ordenar el despacho.

La Secretaría de Derechos Humanos tramita las causas madre sobre crímenes de lesa humanidad denominadas V Cuerpo de Ejército y Comando de Operaciones Navales. La primera de ellas, cuenta con un centenar de imputados y 750 víctimas y acumula 172 cuerpos y más de 400 incidentes. En el caso de la Armada el trámite reúne 120 cuerpos y 250 incidentes. Aparte, se investigan las responsabilidades civiles del ex secretario Hugo Mario Sierra, el dueño de La Nueva Provincia Vicente Massot, el ex juez provincial Francisco Bentivegna y la de las bandas paraestatales popularmente conocidas como Triple A.

Si bien no existían registros actualizados, el magistrado informó que son 64 los imputados privados de la libertad por orden del juzgado, que está pendiente de resolución el estado procesal de otros 76 desde febrero de 2014 y que en el caso del represor Carlos Enrique Villanueva «se hallaría vencido el plazo de prisión preventiva».

Por otra parte, Ramos Padilla escribió que «la guardia permanente de la Policía Federal Argentina tenía llaves de acceso a la Secretaría y, de este modo, a todas las instalaciones, a los expedientes, documentación y demás efectos -incluso armas- que se hallaban dispersos en todos los despachos».

Por ello, dispuso el inmediato cambio de guardia y de cerraduras de las puertas de acceso a la Secretaría y la permanencia de la guardia nocturna fuera de sus instalaciones «para preservar el secreto de las investigaciones» pues se trata de causas «sensibles en la que se investiga a las fuerzas de seguridad y donde se encuentran datos de denunciantes, víctimas, testigos e imputados que son menester preservar».

Coleffi: prioridad absoluta

El secretario Álvaro Coleffi subrogó causas contra civiles y fue exonerado por el ex PCI Néstor Montezanti por «pérdida de confianza».

Fernández Moreno tramitaba «personalmente» por disposición de Santiago Martínez la causa por violación de secreto contra su par Álvaro Coleffi y el periodista German Sasso, originada por la difusión de escuchas del caso Suris. Esto llamó la atención del juez dado que no era una investigación vinculada con causas de lesa humanidad y, por lo tanto, correspondía a otra secretaría.

Este cruce entre el ladero de Martínez y Coleffi, quien estaba a cargo de las causas de lesa humanidad con imputados civiles como Sierra, Massot y el cura Vara, provocó la «paralización de la actividad de la secretaría durante los últimos meses». Según Ramos Padilla, «a partir de octubre y noviembre de 2014 el clima laboral interno era muy tenso, especialmente a partir de los conflictos existentes entre el dr. Fernández Moreno y el dr. Álvaro Coleffi y las repercusiones que acarreó en la labor cotidiana el procesamiento dictado contra este último».

Un/a  integrante del juzgado aseguró que «se nos solicitó que si manteníamos una conversación con el dr. Coleffi que pudiera ser de utilidad para la causa que se le seguía, que lo declaráramos. (…) Esa situación fue muy violenta porque con el dr. Coleffi se mantenía una muy buena relación, como compañeros. (…) Era intimidante que se planteara esa cuestión (…) Jamás se nos pidió tamaña colaboración en una causa de lesa humanidad, la causa contra Coleffi pasó a ser prioridad absoluta».

El mismo testimonio da cuenta de una “cierta persecución» contra el secretario exonerado que incluyó «una requisa personal por parte de la policía en horario de trabajo en la propia Secretaría exponiéndolo frente a los propios empleados» y «un allanamiento de su domicilio cuando el expediente ya llevaba cuatro cuerpos».

Con el avance de las investigaciones contra civiles, cuyos expedientes eran escondidos por Fernández Moreno, éste activó una nueva maniobra dilatoria. Un día cualquiera, sin «ningún secretismo», Coleffi recibió a los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani. Cuentan en el tribunal que Fernández «reaccionó coléricamente preguntándonos hacía cuánto tiempo se hallaba reunido Coleffi con los fiscales porque él iba a realizar un informe al dr. Martínez. La reacción del secretario nos pareció desproporcionada a la situación, que a todos nos pareció totalmente normal». Sin embargo, sirvió de excusa para que la defensa de Massot pidiera el apartamiento del juez que indagó al empresario dos veces, allanó la sede del diario y tenía en sus manos la definición de su situación procesal.

Consecuencias del festival de subrogancias

El titular del Juzgado Federal de Dolores Alejo Ramos Padilla fue designado por el Consejo de la Magistratura.

El nuevo juez recordó que llegó a haber cuatro firmantes en causas de lesa humanidad, entre jueces subrogantes y conjueces abogados de la matrícula, «situación que dificultaba la toma de decisiones y demoraba el trámite de los expedientes».

Este sistema «fue absolutamente ineficaz para atender la jurisdicción», «conjugado con las denuncias penales y los sumarios administrativos que se hacían entre unos y otros» que se movían «al tiempo que avanzaban los expedientes que el juez debía resolver, y que terminaron al menos en el caso de uno de los involucrados -el secretario del juzgado que actuaba como juez subrogante- con una cesantía y posterior procesamiento, previo a transitar, citaciones, pedidos de explicaciones, requisas y allanamientos, son en definitiva una muestra de ello».

«Sin duda habrá que analizar -si es que ya no se hizo- si esas denuncias cruzadas, sumarios y expedientes penales respondían a otros intereses pero lo cierto es que el modo en que se llevaron todas esas actuaciones sin duda pudieron haber afectado el normal funcionamiento de la justicia, y la independencia, imparcialidad y serenidad que tiene que tener un magistrado a la hora de resolver expedientes de esta naturaleza», agregó.

Y cerró: «Si un magistrado subrogante, ocupa una vacante por incapacidad -ya sea por recusación o excusación del titular- para desempeñar esa función pero al mismo tiempo se encuentra condicionado por quien lo designó, entonces qué sentido tiene que se aparte el primero, si en definitiva el segundo no tiene la libertad necesaria para actuar con la tranquilidad de espíritu necesaria».

La situación del resto de las secretarías

El juez reportó que en el ámbito de la Secretaría Penal no existían registros sobre personas detenidas a disposición del tribunal ni control sobre armas y estupefacientes que se encuentran dispuestos en muebles sin llave en oficinas de otra secretaría.

«Se constató la existencia de más de 40 ‘panes’ de marihuana pertenecientes a una causa ya elevada a juicio oral en septiembre de 2014, habiéndose ordenado oportunamente su destrucción sin haber sido efectivizada», afirmó y destacó que «hacía mucho tiempo que no se realizaba una incineración de material estupefaciente» lo cual, además de violar la ley, implica «un gravísimo riesgo de sustracción y pérdida de elementos probatorios».

Los expedientes para despachar quedan apilados en las oficinas retasando «la mayoría de las causas» y el archivo es «desastroso».  Según el relevamiento, en la Secretaría de Ejecuciones Fiscales existen 1908 escritos sin proveer desde diciembre de 2014, en el área Civil y Previsional son cerca de 250 los expedientes con autos para sentencia y en Civil y Comercial la demora en la resolución de trámites se traduce en más de 200 casos con autos para despacho -31 de ellos amparos- y cerca de 50 listos para dictar sentencia, once de los cuales son amparos vinculados a temas de salud.

Cámara en celo

Mientras intentaba reunir la información sobre el estado del juzgado e impartía las primeras directivas, el juez fue permanentemente acosado por pedidos de informes de la Cámara Federal que integran Pablo Candisano Mera -amigo y compañero de copas del saliente Ulpiano Martínez- y el ex PCI Néstor Montezanti.

«Observo un celo para saber por vía de superintendencia quién se encuentra conmigo en el despacho, quién me acompaña, si dispuse un cambio de escritorio, etcétera, que no compadece con la situación de gravedad que motivara la resolución de ese Consejo de la Magistratura y que caracteriza esta ‘situación endémica’ de atrasos y deficiente prestación del servicio de justicia», dijo Ramos Padilla.

Asimismo, sostuvo que atendió demandas de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación por propuestas y designaciones de cargos realizadas por Martínez, posteriores a la no renovación de su subrogancia por parte del Consejo, que fueron aprobadas por la Cámara Federal provocando «una afectación al escalafón y las posibilidades de ascensos de aquellos empleados que vienen desarrollando carrera judicial».