LNP: El guión del genocidio

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El director de LNP, Vicente Massot, es el único imputado vivo.

(fiscales.gob.ar) “La Nueva Provincia (el grupo) hizo otra cosa que periodismo”. La premisa es parte del pedido de procesamiento del empresario periodístico y director del diario centenario de Bahía Blanca, Vicente Massot, que presentaron este jueves los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia ante el juez subrogante Álvaro Coleffi, que debe resolver la situación procesal del imputado tras haberlo indagado en dos oportunidades.

“La Nueva Provincia fue el guión del terrorismo de Estado y del genocidio perpetrado en Bahía Blanca y la región”, señalaron. La imputación dirigida contra Massot -entonces integrante de un grupo de cuatro personas que tomaban las decisiones más importantes de la empresa- es por su actuación como coautor de los secuestros, torturas y homicidios de 36 víctimas, a raíz de los “aportes esenciales” prestados a la acción psicológica, y coautor del delito de instigación al genocidio, en el marco de una asociación ilícita. El empresario también está acusado de ser el coautor del homicidio de los obreros gráficos del diario, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. “Por más que la etapa procesal no lo requiera, tenemos la certeza de la responsabilidad penal del multimedios y de la participación criminal del imputado”, señalaron Nebbia y Palazzani.

El rol del diario en las tareas militares de acción psicológica fue resaltado por los propios órganos de inteligencia, que “definían a la empresa de los Massot como el ‘único medio real de difusión’ de la región, ‘único objetivo de valor en Bahía Blanca’ y un ‘medio de difusión fundamental'”. Con esos elementos, los fiscales concluyeron que “la familia Massot era esencial y sus aportes infungibles –por su condición de multimedios monopólico- para esta tarea en la ciudad de Bahía Blanca y su zona de influencia”.

La presentación realizada ante Coleffi tiene casi 700 carillas y constituye un minucioso estudio de la prueba recabada en los últimos meses, especialmente las ediciones de La Nueva Provincia de la última dictadura cívico militar, con especial énfasis en el estudio del discurso de los primeros años. El escrito es un complemento del primer pedido de indagatoria.

La solicitud analiza las publicaciones del medio de comunicación a la luz de los reglamentos que fijaban las actuación de las Fuerzas Armadas en el plan criminal de exterminio y marca particularmente la compatibilidad de las ediciones con la denominadas “tareas de acción psicológica” dispuestas por los manuales castrenses para captar la simpatía y el acompañamiento de la sociedad en la tarea genocida.

“Esa comparación nos permite afirmar que, muy por el contrario de lo que sostuvo el imputado en su declaración indagatoria, el discurso de incitación al genocidio –en su afán legitimador, encubridor e instigador– no sólo fue abrumadoramente mayoritario, sino que adquirió niveles extremos de intensidad, tanto en la gravedad del mensaje (el aniquilamiento total y definitivo en todos los campos de la sociedad) como en su poder de inserción en el público (la altísima frecuencia, la agobiante repetición e insistencia, la ubicación en espacios centrales del ejemplar, etc.)”, indicaron en su presentación los fiscales. “No nos cansaremos de repetir la identidad que encontramos entre las directivas castrenses de la época, en cuanto a ‘objetivos’ y ‘blancos’, ‘oponentes’, etc., y los editoriales de La Nueva Provincia”, subrayaron.

En los dos primeros años, resaltó la Unidad Fiscal, en el 80 por ciento de los meses, el 80 por ciento de los editoriales hicieron eje en la “guerra sucia”, el “aniquilamiento”, “delincuente subversivo”, “no quedarse a medias tintas”, entre otras fórmulas repetidas, como “eliminación total”, “enemigo” y “aniquilar las causas y no sólo los efectos”. En un promedio de 23 de los 30 días de un mes, los editoriales se basan en esos tópicos. El análisis les permitió a los fiscales descartar “de plano” que el accionar del grupo empresario se hubiera encuadrado en el marco de “la libertad de expresión” y remarcaron que se constituyó en una serie de “conductas criminales”.

El estudio de las ediciones del diario fue realizado por la fiscalía desde la perspectiva de la filosofía del lenguaje ordinario, de John Langshaw Austin, y de los estudios sobre el discurso de la profesora de Harvard Susan Benesch. “También fue muy útil un trabajo del jurista Juan Pablo Bohoslavsky”, explicó Palazzani.

Para Palazzani y Nebbia, “la incitación o instigación a la eliminación, aniquilamiento y persecución de personas, realizada –hasta el hartazgo– desde sus propias páginas es, por sí misma, una conducta criminal”, pues “el hartazgo, la repetición y el continuo machaque, no eran actitudes espasmódicas editoriales, sino que respondían a un plan de acción psicológica prefijado y que era condición de posibilidad de la realización material –previa, concomitante o posterior– de los actos concretos sobre las personas (sobre los cuerpos y sobre las mentes)”.

“El rol que cumplió el diario (y los demás medios del grupo) fue un rol determinado en el entramado del plan criminal desplegado desde el Estado”, indicó la fiscalía. Y, al respecto, remarcó que “no fue un diario que reprodujera sólo comunicados, describiera actos militares, o sólo propalara el mito de la ‘guerra sucia'”, sino que “sostenía la ficción de la ‘guerra sucia’ (incluso cuando la guerrilla estaba desarticulada) extendiendo el concepto de ‘subversivo’ –y por tanto susceptible de ser aniquilado– a todo aquél que no respondiera a su mirada de lo que –en su imaginario­­–­ debía ser el ‘ser nacional’, la ‘Nación histórica’ o cualquier otro concepto similar”.

Los fiscales indicaron que la actividad del grupo de medios de La Nueva Provincia, conformado por el diario, la radio LU2 y el canal 9 de televisión, consistió en “el silenciamiento cómplice y consciente de la realidad, y –en paralelo– la propaganda y el fortalecimiento de las figuras y discursos de los autores directos del aniquilamiento”.

El análisis de editoriales y notas de opinión a lo largo de toda la dictadura permitió a los representantes del Ministerio Público determinar que Vicente Massot, junto a su madre Diana Julio (entonces directora), su hermano Federico y el ex secretario de redacción y “corresponsal naval” del diario, Mario Hipólito Gabrielli (los tres, fallecidos), eran totalmente conscientes del rol que jugaban en el plan criminal. El 6 de abril de 1981 el diario se burló de los reclamos por la desaparición forzada de personas al especular con lo que ocurriría años más tarde: “…¿Cuántas ‘baladas del desaparecido’ se entonarán en la próxima década? ¿Cuántos rocks lentos que aludan a secuestros en la madrugada? ¿Cuántos libros titulados ‘Hablan las madres’ o ‘Hablan los hijos’ no proclamarán el genocidio y solicitarán un Nuremberg’…”.

En cuanto a la política de exterminio impulsada por el diario, los fiscales identificaron diferentes momentos: “hasta fines de 1976, el foco discursivo descansó, sobre todo, en la limpieza ideológica de las universidades, y particularmente de la Universidad Nacional del Sur”, precisaron. Y luego agregaron que luego “el discurso se fue especificando con un llamado a la represión en los restantes niveles educativos. Así, seguiría con la denuncia de subversión ideológica en los colegios secundarios, para llegar reclamar, hacia la segunda mitad de 1977, que la tarea de limpieza se extendiera a los jardines de infantes”.

Este último aspecto, por ejemplo, apareció en un editorial del 29 de agosto de 1977 que comienza con la manifestación del arzobispo de San Juan acerca de “las nuevas formas de agresión marxista”, que el diario toma para señalar que “es obvio que el arzobispo tiene conciencia del problema de la infiltración marxista en las universidades y en las escuelas, pero su denuncia toca un muy delicado nivel de la educación: la enseñanza en los jardines de infante. Un crimen así no debe tolerarse aunque se manifieste en un solo caso […] De hecho, tales circunstancias proyectan un interrogante insoslayable: ¿qué es lo que se está haciendo en este sentido?”, citaron los fiscales.

En el extenso dictamen, Nebbia y Palazzani encuadran la acción del grupo La Nueva Provincia en el informe del panel de expertos de la Comisión Internacional de Juristas sobre complicidad empresarial y crímenes internacionales. Ese organismo, creado en 1952 y con sede en Ginebra, Suiza, explicó en un informe los supuestos en los que una empresa podría incurrir en la “comisión de violaciones específicas y manifiestas a los derechos humanos” y, entre otras cuestiones, remarcó que ello ocurre en los casos en que “exacerba las violaciones específicas, es decir, que la empresa empeora la situación, incluido el caso en que sin la contribución de la empresa algunas de esas violaciones hubieran sido de menor gravedad o menos frecuentes” o “facilita las violaciones específicas, es decir, que la conducta de la empresa hace más fácil llevar a cabo las violaciones o cambia la forma en que se producen éstas, incluidos los métodos usados, el momento de la ocurrencia o el grado de eficacia”.

Con esos parámetros, los fiscales explicaron: “No podemos decir que sin La Nueva Provincia no se hubiera concretado el genocidio en Bahía Blanca y la región (también en el país, por el grado de influencia del grupo en la época), pero, sin lugar a dudas, la actuación (por acción u omisión) del grupo Massot, al menos, exacerbó y facilitó la concreción de las conductas materiales criminales de los perpetradores directos”.

En efecto, remarcaron Nebbia y Palazzani, el rol del diario en las tareas militares de acción psicológica fue resaltado por los propios órganos de inteligencia, que “definían a la empresa de los Massot como el ‘único medio real de difusión’ de la región, ‘único objetivo de valor en Bahía Blanca’ y un ‘medio de difusión fundamental'”. Con esos elementos, los fiscales concluyeron que “la familia Massot era esencial y sus aportes infungibles –por su condición de multimedios monopólico- para esta tarea en la ciudad de Bahía Blanca y su zona de influencia”.

En el pedido de procesamiento, los fiscales citaron una entrevista que Massot brindó en 2007, en la que se ubica como “correo” de los comandantes del Cuerpo I y V del Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason y René Azpitarte, en el marco de una disputa de poder entre los golpistas: “A mí no me lo contó nadie, yo lo viví a eso… En un momento me llama Suarez Mason y me dice ‘te pido Vicente que vayas a verlo al Vasco Azpitarte, en Aeroparque tenés el boleto de ida y vuelta. Andá y decile al Vasco que lo quieren rajar a fin de año, que la Junta de Calificaciones, o lo que está manejando Videla y Viola, lo quieren rajar, y tenemos que hacer algún tipo de plan para tratar de mantenernos. Decile que vas de parte mía y que el sabe como comunicarse’. Yo fui y se lo dije a Azpirtarte”, relató el director del diario, en una anécdota que reveló el nivel de consideración que tenía por entonces entre los altos jefes de la represión ilegal.

Los homicidios de los obreros gráficos

En un apartado de la presentación, Nebbia y Palazzani también recorrieron las pruebas que vinculan a Vicente Massot con el secuestro y homicidio de los obreros gráficos y delegados de los trabajadores, Miguel Ángel Loyola y Enrique Heinrich. Las víctimas fueron secuestradas el 30 de junio de 1976 y sus cuerpos aparecieron cuatro días después. Ambos habían tenido una destacada actividad gremial durante un conflicto laboral el año anterior.

El informe de la Oficina de Investigación y Análisis Financiero de la Procuración General sobre la documentación secuestrada en los allanamientos practicados en el archivo del diario y en sus oficinas comerciales el 8 de abril pasado permitieron dar con documentación que revela que a Vicente Massot le fue otorgado un “poder especial” para representar a la empresa ante los trabajadores durante aquél conflicto, lo cual también fue rubricado en actas societarias.

En forma paralela, el diario embestía públicamente contra los trabajadores. El 1° de septiembre de 1975, pronunció lo que para los fiscales fue interpretado como “la sentencia de muerte” de Heinrich y Loyola. En un editorial señaló que “la labor disociadora de algunos delegados obreros cuyos fueros parecieran hacerles creer temerariamente que constituyen en verdad una nueva raza ‘invulnerable de por vida”.

La prueba recabada también reveló que Massot continuó cumpliendo tareas para la empresa durante 1976 en Bahía Blanca, con domicilio en la misma sede del diario. “Vicente Massot, en uso de facultades exclusivas, ordenó labrar actas notariales de las reuniones, cara a cara, con Heinrich y Loyola. Esas actas fueron remitidas, junto con la denuncia de sabotaje, a las Fuerzas Armadas. Federico Massot profirió amenazas a ambos empleados, y utilizó los matones armados de la empresa para intimidarlos. Diana Julio pidió la cabeza de las víctimas a los generales (Adel) Vilas y Azpitarte, sin otra alternativa que ‘chuparlos por izquierda’. Allí reside la actuación concertada del núcleo criminal detrás del órgano periodístico, para la persecución, los secuestros, las torturas y los asesinatos de Miguel Ángel Loyola y Enrique Heinrich”, concluyeron los representantes del Ministerio Público al evaluar el archivo.

Entre otros documentos, Nebbia y Palazzani aludieron a un informe de inteligencia de la Prefectura Naval sobre el conflicto sindical, que presenta una nómina de “personal a ser raleado de un medio de difusión fundamental” (sic), encabezada por Heinrich y Loyola, con la indicación de sus domicilios y episodios que se les atribuían en el marco de la protesta.

Los fiscales también ponderaron el testimonio del abogado militar Mauricio Gutiérrez, defensor de otros imputados por crímenes de lesa humanidad, quien aseguró en la fiscalía que el ex subcomandante del V Cuerpo, Adel Vilas, le dijo en 1987 que presenció un diálogo entre su jefe directo, Osvaldo René Azpitarte, y la directora del diario y madre del imputado, Diana Julio, en el que esta última afirmó sobre Loyola y Heinrich: “No nos queda otro remedio Osvaldo, hay que chuparlos por izquierda”.

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